El Consejo de Ministros aprobó ayer, martes 28 de julio, el anteproyecto de Ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, que incluye la creación de la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI) para centralizar la supervisión de la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo. La nueva autoridad se financiará con una tasa a las entidades financieras y a los operadores de juego.
Las razones de la unificación de competencias
El Gobierno busca con esta medida adaptarse a las exigencias de la normativa europea en materia de prevención del blanqueo, que obliga a los Estados miembros a contar con una autoridad nacional única de supervisión. Hasta ahora, las funciones estaban repartidas entre distintos departamentos ministeriales y organismos como el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), lo que dificultaba la coordinación y la agilidad en la respuesta. El anteproyecto concentrará en la ANIFI la recepción de comunicaciones de operaciones sospechosas, la coordinación con la Fiscalía, la imposición de sanciones y la representación internacional, tareas que hasta hoy ejecutaban varias manos.
La tasa que financiará el nuevo organismo
Una de las claves del anteproyecto es el mecanismo de financiación elegido para dotar de independencia a la ANIFI. El texto establece la creación de una tasa específica que recaerá sobre las entidades financieras (bancos, aseguradoras y sociedades de inversión) y sobre los operadores de juego. La cuantía y los detalles de la exacción se fijarán mediante un desarrollo reglamentario posterior, pero el Gobierno ya ha confirmado que el importe recaudado cubrirá íntegramente los gastos de funcionamiento del nuevo organismo. Esta fórmula de autofinanciación se alinea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La independencia financiera a través de una tasa propia es uno de los pilares del diseño institucional que España traslada al anteproyecto.
Un efecto colateral: BFA sale del paraguas del FROB
El anteproyecto de ley también incluye una medida de calado en el sector bancario público. Hasta ahora, BFA, la sociedad que gestiona la participación del Estado en CaixaBank resultante de la fusión con Bankia, era filial del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Con la nueva norma, BFA dejará de depender del FROB para pasar a estar bajo el control directo del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. De esta manera, el Ejecutivo gana capacidad de decisión sobre uno de los principales bancos del país, sin necesidad de pasar por el ente de resolución bancaria.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley que crea la ANIFI.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? El Gobierno, los ministerios de Economía y Justicia, el FROB y las entidades financieras y operadores de juego obligados.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El texto inicia su tramitación parlamentaria, previsiblemente en septiembre, y la autoridad podría estar operativa nueve meses después de la entrada en vigor de la ley.
