La Comunidad de Madrid ha anunciado este 29 de julio la creación de 60 nuevas aulas de educación especial en centros concertados de la región, que se suman a las 156 ya existentes, lo que reaviva el debate sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha cambiado? La Comunidad de Madrid ha anunciado 60 nuevas aulas de educación especial en centros concertados.
- ¿Quién lo ha decidido? La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, liderada por Mercedes Zarzalejo.
- ¿A quién afecta? A los alumnos con discapacidad que requieren educación especial y a las familias que demandan plazas en centros concertados, en un contexto de polémica sobre el cumplimiento del mandato de inclusión de la LOMLOE.
La ampliación de las aulas y el argumentario de la Consejería
Según la nota de prensa difundida por la Consejería de Educación, las nuevas unidades responden al objetivo de “garantizar la libertad de elección de las familias” y atender las necesidades de cada alumno en el entorno más cercano posible. La medida se enmarca en una política de ampliación de la educación especial que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha convertido en uno de los ejes de su acción de gobierno, con la construcción de tres nuevos centros en Móstoles, El Escorial y Villaverde, además de la ampliación de otros tres existentes.
Durante la visita a las obras de ampliación del Centro de Educación Especial Peñalara, en Collado Villalba, la consejera Mercedes Zarzalejo afirmó: “Vamos a seguir apostando, por supuesto, y con carácter prioritario, en la educación especial”, según recoge El Diario de la Educación. Las nuevas plazas se incorporarán al sistema concertado, lo que ha sido interpretado por los defensores de la inclusión como un movimiento contrario al espíritu de la legislación vigente.
La inclusión educativa, en el centro de la polémica
La LOMLOE, aprobada en 2020, establece en su artículo 74 que la escolarización en centros de educación especial solo podrá producirse cuando no sea posible en los ordinarios, fijando un plazo de ocho años para alcanzar la plena inclusión. No obstante, las comunidades autónomas tienen la competencia para desarrollar la norma. Madrid ha optado por reforzar la red de centros especiales, tanto públicos como concertados, y defiende que la libertad de elección de las familias debe primar.
Organizaciones de personas con discapacidad y expertos en inclusión recuerdan que España fue objeto de un informe del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en 2014 constató violaciones sistemáticas del artículo 24 (derecho a la educación inclusiva). Más recientemente, en 2025, el Tribunal Supremo de Castilla y León condenó al Estado a indemnizar con 25.000 euros a Rubén Calleja, un alumno con síndrome de Down a quien se había obligado a abandonar un centro ordinario. La sentencia, según el abogado Juan Rodríguez Zapatero, “deja claro que el Estado español está obligado a cumplir la Convención”.
El informe de la ONU de 2014 concluyó que España incumple sistemáticamente el derecho a la educacion inclusiva y mantiene cerca del 20% de los alumnos con discapacidad en centros de educación especial.
La plataforma ‘Educación Inclusiva Sí, Especial También’ y otros colectivos han criticado la ampliación de las aulas específicas en centros ordinarios y concertados, al considerarla un paso más hacia la segregación. Por su parte, el Partido Popular defiende el modelo madrileño y ha anunciado su intención de reformar en el Senado el artículo 74 de la LOMLOE para que la educación especial no tenga carácter residual. Desde el Ministerio de Educación se ha recordado que la ley orgánica sigue vigente y que el objetivo es avanzar hacia la inclusión, aunque no se ha pronunciado expresamente sobre el anuncio de la Comunidad de Madrid.
El Marco Educativo
El marco normativo se sustenta en la LOMLOE y en el Real Decreto Legislativo 2/2013, que amparan la escolarización en centros de educación especial como opción excepcional. La Convención de la ONU de 2006, ratificada por España, exige a los Estados parte que garanticen un sistema de educación inclusivo. Sin embargo, el reparto competencial permite a las autonomías gestionar la oferta educativa, lo que ha generado tensiones entre el Gobierno central y comunidades como Madrid.
El Ministerio de Educación ha transferido fondos para acompañar la inclusión, pero estas partidas, según fuentes del sector, a menudo se destinan a otros fines por parte de algunas comunidades. Mientras, la Universidad de Málaga está elaborando un Marco de Educación Inclusiva que podría convertirse en un plan estratégico estatal. La proyección inmediata es la tramitación parlamentaria de la enmienda del PP al artículo 74, que, de salir adelante, consolidaría un modelo paralelo de educación especial. El debate, lejos de cerrarse, se intensifica.
En la práctica, España mantiene a casi el 20% de los alumnos con discapacidad en centros de educación especial o aulas específicas, según el Comité de la ONU, una cifra muy superior a la de otros países europeos. La experiencia de Portugal, que eliminó los centros segregados de inmediato tras su reforma, contrasta con el ritmo desigual de la aplicación de la LOMLOE en España.
Claves de la Noticia
- Qué importa: La Comunidad de Madrid crea 60 nuevas aulas de educación especial en centros concertados, reforzando un modelo que los defensores de la inclusión consideran segregador.
- Por qué importa: La decisión se produce en un momento de incumplimiento del mandato de la LOMLOE y de la Convención de la ONU, y aviva la batalla política sobre la educación especial.
- A quién le importa: A los alumnos con discapacidad y sus familias, a los centros concertados que recibirán nuevas aulas, y a los actores políticos que debaten la reforma del artículo 74 de la ley educativa.
