El informe número 4 de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) distribuido la noche del 29 de octubre de 2024 afirmaba que «no hay información de que la hidrología esté dando problemas», cuando el barranco del Poyo ya se había desbordado y las inundaciones comenzaban a cobrarse las primeras víctimas en la provincia de Valencia.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El informe de la AVSRE de las 21:35 del 29 de octubre de 2024 omitió cualquier alerta sobre el barranco del Poyo y afirmó que no había constancia de problemas hidrológicos.
- ¿Quién está detrás? La AVSRE, organismo dependiente de la Generalitat Valenciana. El documento ha sido aportado a la causa judicial que instruye un juzgado de Catarroja.
- ¿Qué impacto tiene? La jueza investiga quién redactó el informe y por qué no reflejó información hidrológica que ya estaba disponible en organismos estatales como la CHJ y AEMET.
Un informe de 19 páginas sin mención al barranco del Poyo
El documento, elaborado por la AVSRE y remitido a la lista de distribución de emergencias a las 21:35 horas, recoge en 19 páginas decenas de incidencias registradas a lo largo de la jornada. Cortes de carreteras, la suspensión de la circulación ferroviaria entre Valencia y Utiel, rescates en la comarca de Requena-Utiel, la movilización de helicópteros y el cierre de los puertos de Valencia y Sagunto. El informe detalla incluso el derrumbe de un puente en Requena y el hundimiento de otro puente con coches en la A-7 en Riba-roja a las 20:44 horas.
Sin embargo, en ningún momento se menciona la situación del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó la devastación de municipios como Paiporta, Picanya o Sedaví. La afirmación que cierra el análisis hidrológico es tajante: «De momento no hay información de que la hidrología esté dando problemas». Una frase que, según las acusaciones, ignoraba los avisos previos que ya obraban en poder de otras administraciones.
De hecho, a las 16:55 horas de aquel mismo día, el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), dependiente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), había informado del vertido inminente del embalse de Forata, en el río Magro, con caudales que podían alcanzar los 1.000 metros cúbicos por segundo. El propio informe de la AVSRE incluye este dato, pero lo hace sin conectarlo con la alerta hidrológica que cinco horas después seguía sin figurar como amenaza real.
Dos informes número 4 y una jueza que busca al autor
La instructora del juzgado de Catarroja ha pedido identificar al técnico que redactó el informe número 4, después de que se detectara la existencia de dos versiones distintas del mismo documento. Una, con carátula fechada a las 17:00 horas, fue aportada por la propia AVSRE e incluida en la lista de difusión a las 21:27 horas. La otra, con referencia horaria de las 21:30 horas, fue remitida a las 21:35 horas y es la que obra en poder de la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.
La AVSRE ha explicado al juzgado que la versión de las 17:00 horas estaba en elaboración y nunca fue distribuida. El documento que efectivamente se envió fue el de las 21:30 horas. Sin embargo, la duplicidad ha sembrado dudas sobre el proceso de elaboración de los informes durante las horas más críticas de la emergencia.
El documento oficial del gobierno valenciano afirmó que no había problemas hidrológicos cuando el agua ya arrasaba municipios enteros.
En paralelo, la Audiencia de Valencia ha confirmado la decisión de la jueza de no citar a declarar como testigos a los consellers de Educación y Agricultura, tal y como solicitaban algunas acusaciones. Los magistrados argumentan que «la investigación penal no es una investigación general sobre un hecho» y que deben existir indicios de un hecho punible atribuible a una persona concreta. Sin esa conexión, añaden, la diligencia resulta «prospectiva y no debe admitirse».
La defensa de Salomé Pradas ha solicitado, por otra parte, que se aporten a la causa los mensajes de WhatsApp relacionados con la gestión de la emergencia tanto de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como del presidente de la CHJ, Emilio Polo. La exconsellera sostiene que ambos fueron actores institucionales directamente implicados en la gestión de la emergencia y que sus comunicaciones resultan esenciales para esclarecer la cadena de decisiones de aquella noche.
El Escenario Valenciano
El contenido del informe de la AVSRE añade una pieza más al complejo puzle de la causa judicial de la DANA. La investigación avanza con lentitud pero sin pausa, y cada documento que sale a la luz refuerza la percepción de que la cadena de mando falló en varios eslabones. La oposición, con PSPV y Compromís al frente, ha señalado reiteradamente la falta de transparencia del Consell de Juanfran Pérez Llorca en todo lo relativo a la gestión de la catástrofe. El president, por su parte, ha insistido en que su gobierno colabora plenamente con la justicia.
La dimensión nacional del caso es ineludible. La CHJ y AEMET son organismos estatales que sí emitieron alertas durante la jornada del 29 de octubre. Que el informe autonómico de las 21:35 horas afirmara desconocer problemas hidrológicos plantea interrogantes sobre la coordinación entre administraciones que trascienden el ámbito valenciano. En el Congreso de los Diputados, el Gobierno de Pedro Sánchez ha defendido la actuación de los organismos dependientes del Estado, mientras que el PP ha centrado sus críticas en la gestión autonómica. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad de un gobierno regional: es el funcionamiento del sistema nacional de protección civil en su conjunto.
Los próximos pasos de la instrucción pasan por identificar al autor del informe número 4 de la AVSRE y determinar si la omisión de la alerta del barranco del Poyo respondió a un fallo de comunicación, a una negligencia o a algo más. Mientras tanto, los municipios afectados siguen contando los días desde aquella noche en la que el agua lo cambió todo. Y las familias, las víctimas y sus representantes legales esperan respuestas.
Ficha del Caso
- El caso: El informe número 4 de la AVSRE, distribuido a las 21:35 horas del 29 de octubre de 2024, omitió la alerta del barranco del Poyo a pesar de que ya existían avisos hidrológicos previos emitidos por la CHJ. El documento ha sido aportado a la causa judicial de la DANA.
- Datos importantes: Dos versiones del informe número 4 (17:00 y 21:30 horas). La jueza investiga la autoría. La Audiencia de Valencia ha rechazado citar a los consellers de Educación y Agricultura. La defensa de Salomé Pradas reclama los wasaps de Pilar Bernabé y Emilio Polo.
- Resumen: El informe oficial del gobierno valenciano negó problemas hidrológicos en el momento más crítico de la DANA, un hecho que la justicia investiga mientras se acumulan las pruebas sobre los fallos en la cadena de mando y en la coordinación entre administraciones.
