Santiago de Compostela se convierte en la segunda ciudad gallega declarada zona tensionada de vivienda. La orden ministerial, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entrará en vigor mañana, viernes 31 de julio, y estará vigente durante tres años. Con esta declaración, los nuevos contratos de alquiler deberán referenciar el precio del contrato anterior y el índice de referencia de precios de alquiler, limitando las subidas.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Santiago de Compostela ha sido declarada zona tensionada de alquiler, la segunda en Galicia tras A Coruña, mediante una orden del Ministerio de Vivienda publicada en el BOE.
- ¿Quién está detrás? El Gobierno de España, a petición del Ayuntamiento de Santiago, gobernado por el PSdeG.
- ¿Qué impacto tiene? A partir del viernes 31, los nuevos contratos de alquiler estarán limitados al precio anterior o al índice de referencia; los propietarios podrán acceder a bonificaciones fiscales.
Qué implica ser zona tensionada en la práctica
La figura de zona tensionada, creada por la Ley de Vivienda estatal, permite a los ayuntamientos solicitar al Gobierno central la aplicación de medidas de contención de precios. En el caso de Santiago, la declaración afecta a todo el término municipal, y limitará las subidas de los nuevos contratos al precio del contrato anterior o, si es inferior, al índice de referencia de alquiler de viviendas. Además, la orden activa un plan de medidas correctoras elaborado por el Ayuntamiento, que incluye incentivos fiscales para los propietarios que reduzcan sus rentas y para los inquilinos con dificultades económicas.
La orden del BOE especifica que desde mañana todos los nuevos contratos deberán incluir una cláusula que fije la renta con referencia al contrato anterior o al índice. Los propietarios que no cumplan podrán enfrentarse a sanciones económicas y a la nulidad de las cláusulas abusivas, según fuentes del sector jurídico consultadas. La Xunta de Galicia, sin embargo, no se ha pronunciado oficialmente sobre la declaración, aunque el conselleiro de Vivenda ha calificado en el pasado estos controles de «cortoplacistas».
Las primeras reacciones y la experiencia de A Coruña
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha valorado la medida como un paso «necesario para garantizar el acceso a la vivienda en una ciudad tan tensionada como Santiago, donde los estudiantes y los trabajadores turísticos compiten por un parque escaso». Blanco ha recordado que en A Coruña, declarada zona tensionada en julio de 2025, los precios de los alquileres «han bajado de forma significativa en los barrios de Matogrande y A Gaiteira, mientras que en el resto de la ciudad se ha estabilizado la escalada».
La experiencia coruñesa, aún con datos provisionales, muestra que los alquileres dejaron de subir en las zonas más caras, aunque la oferta disponible se redujo un 8 % según estimaciones municipales. La Xunta de Galicia ha evitado pronunciarse sobre la declaración de Santiago, aunque en los últimos meses el conselleiro de Vivenda defendió la liberalización del suelo como única solución a largo plazo.
La extensión de las zonas tensionadas en Galicia refleja una tensión política entre la estrategia estatal de vivienda y el modelo autonómico defendido por la Xunta, que se resiste a intervenir los precios y apuesta por la construcción de vivienda protegida.
El Laboratorio Gallego
La declaración de Santiago como zona tensionada añade un nuevo capítulo a la relación entre las políticas de vivienda del Gobierno central y la Xunta de Galicia. Mientras el Ayuntamiento compostelano, gobernado por el PSdeG, solicitó activamente la declaración, la administración autonómica, en manos del PPdeG, observa con recelo cualquier intervención en el mercado del alquiler. Esta discrepancia no es nueva: en A Coruña, la declaración de 2025 también se tramitó a petición del consistorio herculino, y la Xunta se limitó a manifestar «respeto institucional» sin apoyar expresamente la medida.
A nivel nacional, el PP de Feijóo ha anunciado su intención de derogar la Ley de Vivienda si alcanza la Moncloa, pero mientras tanto, dos de las principales ciudades gallegas ya cuentan con precios del alquiler intervenidos gracias a una norma que el partido combate. Esta paradoja deja al PPdeG en una posición incómoda: su propio territorio se convierte en laboratorio de una política que el líder popular considera un «parche» y que cree ahuyentará a los pequeños propietarios. Los datos de A Coruña, todavía preliminares, muestran que la oferta no se ha desplomado, lo que podría reforzar los argumentos del Gobierno.
El Ayuntamiento de Santiago ha solicitado al Ministerio que cofinancie parte de las ayudas directas previstas para compensar a los propietarios que ajusten sus rentas, pero la Xunta no ha comprometido fondos autonómicos. De mantenerse esta situación, la capital gallega se financiará exclusivamente con recursos estatales y locales, un esquema que otros ayuntamientos podrían replicar si la medida tiene éxito. El horizonte de tres años servirá de termómetro para el debate nacional sobre la intervención de los alquileres, y Santiago se postula como un caso de estudio que observarán tanto Moncloa como Génova.
Ficha del Caso
- El caso: Santiago de Compostela, segunda ciudad gallega en ser declarada zona tensionada de vivienda, a petición de su Ayuntamiento y con entrada en vigor mañana 31 de julio de 2026.
- Datos importantes: Vigencia de tres años; límite de alquiler referenciado al contrato anterior o al índice estatal; bonificaciones fiscales; precedente de A Coruña en julio de 2025; más de 300 municipios tensionados en España.
- Resumen: La medida consolida la aplicación de la Ley de Vivienda en Galicia y profundiza la brecha entre el modelo intervencionista del Gobierno central y la apuesta liberalizadora de la Xunta, justo cuando Feijóo prepara su alternativa de vivienda para España.
