La Audiencia Nacional ha citado este miércoles 29 de julio como investigado al exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, por su presunta implicación en las presiones a la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco del caso Leire Díez. La decisión del magistrado Santiago Pedraz responde a un escrito de la Acusación Popular Unificada y se basa en las recientes declaraciones de mandos del Cuerpo.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? El juez Pedraz cita como investigado a Leonardo Marcos, exdirector general de la Guardia Civil, por presuntas presiones a la UCO.
- ¿Cuándo y dónde? La citación judicial está fechada hoy, 29 de julio de 2026; Marcos comparecerá el 10 de septiembre a las 10:00 horas en el Tribunal Central de Instancia.
- ¿Por qué ahora? El cambio de criterio del instructor se debe a las declaraciones del general DAO Manuel Llamas y del excoronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, que apuntaron a injerencias en investigaciones sensibles.
Hace apenas un mes, el instructor había rechazado imputar al exdirector. El giro se sustenta en los indicios aparecidos durante los interrogatorios de julio. El pasado día 16, el DAO Manuel Llamas negó haber presionado a los mandos, pero su comparecencia se produjo después de que el excoronel Rafael Yuste —jefe de la UCO entre 2023 y 2025— hubiera revelado ante sus subordinados que tanto Marcos como Llamas le instaron a que los agentes «se pusieran de perfil» en las pesquisas sobre el entorno del presidente Sánchez.
Un mapa de investigados que se amplía tras el verano
La providencia notificada hoy no solo alcanza a Leonardo Marcos. Pedraz ha citado también como testigo al fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, para ese mismo 10 de septiembre a las 10:30 horas. Además, ha ordenado librar oficio a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Badajoz para que remitan la totalidad del expediente sobre la denuncia presentada contra Leire Díez: desde el escrito original hasta minutas, correos corporativos y registros de llamadas de los fiscales involucrados. La instrucción busca reconstruir el circuito interno que siguió aquella denuncia.
La resolución encaja en una causa que ya suma entre los investigados a la propia Leire Díez, a los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, y a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes —estos dos últimos citados para el 9 de septiembre—. Las acusaciones populares, unificadas en torno al Partido Popular, impulsaron la imputación de Marcos tras insistir en el escrito registrado con el número 46166/2026.
La investigación profundiza en las presuntas interferencias que habrían podido afectar a la independencia de la UCO, una unidad de élite que en los últimos años ha desmantelado más de 200 redes criminales en España.
Las diligencias documentales y el foco en la UCO
El requerimiento a las fiscalías es inusualmente amplio e incluye cualquier borrador, informe o comunicación mantenida por funcionarios que intervinieran en la tramitación. Esta exhaustividad sugiere que Pedraz quiere verificar si existió algún intento de ralentizar o desviar la investigación que afecta al entorno del Ejecutivo. Paralelamente, el instructor admite las personaciones del abogado Francisco Javier López Buciega y del Abogado del Estado, asentando la presencia de todas las partes.
El núcleo de las pesquisas sigue siendo la actuación de la UCO, que bajo el mando de Rafael Yuste habría recibido presiones para no profundizar en la causa vinculada a David Sánchez. Las declaraciones ahora incorporadas al sumario han llevado a Pedraz a revertir su criterio y a citar a quien fuera máximo responsable del instituto armado. La imputación de Marcos es la primera que llega hasta la cúspide de la dirección de la Guardia Civil en este procedimiento.
El contexto institucional: profesionalidad y control judicial
La investigación judicial sobre presuntas presiones a la UCO se produce mientras el cuerpo mantiene sus estándares operativos. Según datos del Ministerio del Interior, durante 2025 la Guardia Civil detuvo a más de 10.200 personas en operaciones contra el crimen organizado y la corrupción, con una tasa de eficacia resolutiva cercana al 92%. La UCO en particular participó en la desarticulación de 38 tramas delictivas de alto perfil, incluidas redes de narcotráfico y fraude fiscal de alcance transnacional.
El episodio que ahora se instruye, lejos de empañar la labor del instituto armado, activa los mecanismos de control previstos en el Estado de derecho. Las imputaciones no equivalen a condena: se basan en indicios que el juez debe contrastar. La cúpula de la Guardia Civil ha reiterado su respeto a la labor judicial y ha subrayado que los procedimientos en curso no afectan al trabajo diario de las unidades. La propia UCO continúa operando con normalidad en el marco de sus competencias, y las diligencias de la Audiencia Nacional se orientan a depurar responsabilidades individuales sin poner en cuestión la estructura ni el compromiso del cuerpo con la ley.
Con esta nueva tanda de comparecencias fijada para septiembre, la instrucción seguirá avanzando mientras la Guardia Civil mantiene su hoja de ruta operativa. Los datos del Ministerio confirman que el instituto armado resolvió el año pasado seis de cada diez investigaciones complejas en menos de seis meses, un indicador que refuerza la capacidad técnica de sus unidades a pesar de las turbulencias institucionales.
