La jueza del caso Azud sobresee por prescripción las acusaciones contra el extesorero del PSPV Pepe Cataluña y el empresario Enrique Gimeno.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La instructora del caso Azud ha decretado el sobreseimiento por prescripción de la causa para el extesorero del PSPV-PSOE, José María Cataluña (Pepe Cataluña), y el empresario Enrique Gimeno, por la presunta financiación ilegal de campañas entre 1999 y 2013.
- ¿Quién está detrás? La decisión la ha tomado la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, que investiga esta macrocausa de corrupción.
- ¿Qué impacto tiene? Reduce el número de acusados al aceptar la prescripción, pero la investigación sobre el resto de la trama continúa. La decisión alivia al PSPV, aunque el partido no ha hecho comentarios oficiales.
El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, acoge la petición de la fiscalía anticorrupción y da carpetazo a las imputaciones contra Cataluña, que fue tesorero de los socialistas valencianos durante más de una década. También queda exonerado el empresario Enrique Gimeno, señalado por su presunta participación en la canalización de fondos opacos hacia las campañas electorales del partido.
La prescripción como llave de cierre
La instructora del caso Azud considera que los hechos investigados —que se remontan a las elecciones autonómicas y locales de 1999, 2007 y 2013— han superado el plazo máximo de prescripción establecido en el Código Penal. La financiación ilegal de partidos políticos, como delito electoral, prescribe a los cinco años, y aunque la instrucción ha alargado el proceso, el TSJ (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) subraya que los plazos se contabilizan desde la fecha de los hechos, no desde su descubrimiento.
Pepe Cataluña, que durante años fue una figura clave en la trastienda del PSPV, siempre negó haber manejado dinero negro. Sin embargo los informes de la Agencia Tributaria apuntaban a supuestas donaciones opacas que luego habrían sido compensadas con contratos públicos otorgados por administraciones socialistas. Ahora, la justicia acepta que esos movimientos ya no pueden perseguirse.
El paso del tiempo ha cerrado la puerta penal a uno de los episodios más incómodos para los socialistas valencianos, pero el legado político del caso Azud seguirá pesando en la narrativa de la oposición.
Un goteo de archivos parciales
El sobreseimiento no se limita a los dos protagonistas principales. La jueza ha levantado también las imputaciones a otros trece investigados —funcionarios y empresarios— por falta de pruebas de participación. Entre ellos, José Francisco Ripoll Borja, directivo de una firma de consultoría, o Juan Hermosilla Tro, empresario vinculado al sector del metal.
Estas exclusiones reducen la lista de acusados, pero no detienen la macrocausa. La instrucción del caso Azud, que comenzó en 2019 a raíz de la denuncia de un constructor arrepentido, aún investiga decenas de contratos amañados en ayuntamientos gobernados por el PP y el PSPV durante el boom inmobiliario. Valencia, Alicante y Castellón siguen bajo la lupa judicial.
El Escenario Valenciano
La decisión judicial cae en un momento de relativa calma política en la Comunitat Valenciana. El president Juanfran Pérez Llorca (PP) mantiene el pulso de la gestión tras la dimisión de Mazón, y el pacto con Vox se sostiene sin grandes sobresaltos. Pero el caso Azud, aunque atañe al pasado del PSPV, alimenta el discurso de la oposición popular contra la corrupción socialista. Desde el PP valenciano, fuentes consultadas señalan que el archivo por prescripción «no borra la evidencia de que hubo financiación ilegal», y auguran que la marca quedará para las próximas citas electorales.
En clave nacional, el PSOE también intenta despegarse: el partido lleva meses recordando que Cataluña ya no tiene responsabilidades orgánicas, y que los hechos investigados ocurrieron hace más de una década, bajo otro liderazgo. Pero la sombra del caso Azud se proyecta sobre la imagen del partido en la agenda de regeneración, justo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez trata de consolidar su relato de transparencia. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, centra ahora sus esfuerzos en las piezas más recientes de la causa, donde la prescripción aún no es un factor.
El siguiente paso será la conclusión de la instrucción y la eventual apertura de juicio oral para los acusados que sigan imputados. Mientras tanto, la macrocausa del caso Azud —con sus más de cien investigados iniciales— seguirá su curso. La pregunta es cuántos de esos sumarios conseguirán llegar a juicio antes de que el reloj penal los entierre definitivamente.
Ficha del Caso
- El caso: El caso Azud investiga desde 2019 una presunta trama de financiación irregular de partidos y contratos amañados en la Comunitat Valenciana. El extesorero del PSPV Pepe Cataluña y el empresario Enrique Gimeno estaban acusados de canalizar donaciones ilegales a campañas socialistas entre 1999 y 2013.
- Datos importantes: La jueza ha aplicado el plazo de prescripción de cinco años para el delito electoral, según el Código Penal. También ha archivado las imputaciones de otros 13 investigados por falta de pruebas. La causa sigue abierta para otros acusados.
- Resumen: El archivo por prescripción alivia la presión judicial sobre el PSPV, pero la polémica política resurge. El PP valenciano aprovecha para cuestionar la limpieza del partido, y el caso Azud sigue siendo un arma arrojadiza en el tablero autonómico.
