EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas ha elevado a sumario el caso Valka, la investigación por un presunto fraude de 1,1 millones de euros al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
- ¿Quién está detrás? El juez Rafael Passaro investiga a la exconcejala socialista Inmaculada Medina y a otros implicados en la compra de agua para riego a precios presuntamente inflados entre 2015 y 2022.
- ¿Qué impacto tiene? Las penas podrían superar los 12 años de prisión por delitos de malversación agravada, falsedad, prevaricación, cohecho y blanqueo.
El juzgado de instrucción de la capital grancanaria ha dado un paso decisivo en la causa que investiga el sobrecoste millonario en el suministro de agua para parques y jardines. Este miércoles, el magistrado Rafael Passaro dictó un auto que eleva a sumario el denominado caso Valka ante la gravedad de los indicios y el perjuicio económico causado al erario municipal.
Según la resolución, el fraude supera ampliamente los 250.000 euros —umbral que marca la diferencia entre un procedimiento abreviado y uno ordinario— y se sitúa en torno a 1,1 millones de euros de sobrecoste. La pieza separada número 5 de la instrucción analiza concretamente la compra de agua para riego entre 2015 y 2022, un periodo en el que, según el juez, existe un “relevante desfase” entre el suministro realmente efectuado y el facturado a las arcas municipales.
La decisión del juez implica que los hechos que se imputan a los investigados —entre ellos Inmaculada Medina, la que fuera concejala socialista del área de Parques y Jardines— podrían ser constitutivos de un delito continuado de malversación de caudales públicos agravado, en concurso con falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la Administración, cohecho y blanqueo de capitales.
Un sobrecoste que trasciende el despacho judicial
El auto del juez Passaro —remitido por la oficina de comunicación del TSJ de Canarias (el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad)— subraya que las diligencias previas “ya no se acomodan a la naturaleza y gravedad de los hechos”. Las posibles penas superan los 12 años de prisión, por lo que el procedimiento abreviado resulta insuficiente. La fiscalía deberá ahora presentar un escrito de acusación en el marco del sumario ordinario.
El perjuicio económico concreto, 1,1 millones, equivale a más del 0,3% del presupuesto municipal de Las Palmas de Gran Canaria para 2026. No es una cifra abstracta: se traduce en menos recursos para alumbrado, limpieza o servicios sociales en una ciudad de 380.000 habitantes que arrastra, desde hace dos décadas, una sucesión de escándalos urbanísticos y de contratación pública.
El sobrecoste de 1,1 millones no es solo una cifra: es un golpe directo a las arcas de un municipio que lleva dos décadas bajo sospecha urbanística.
El Pulso Territorial
El caso Valka irrumpe en una Canarias gobernada por la coalición que encabeza Fernando Clavijo (Coalición Canaria) junto al PP, ASG y AHI, y con el PSOE en la oposición. Aunque la investigación apunta a una exedil socialista, la causa se remonta a mandatos anteriores y no tiene una lectura partidista inmediata: la sombra de la corrupción urbanística ha salpicado históricamente a todas las formaciones con responsabilidad de gobierno en el archipiélago.
El perjuicio económico estimado en Las Palmas no es un hecho aislado. En lo que va de legislatura, otras comunidades como Baleares o Murcia también han visto elevarse a sumario causas por malversación en contratos municipales, aunque los umbrales de defraudación rara vez superan el millón de euros. La decisión del juez Passaro coloca a la capital grancanaria ante un horizonte judicial de largo recorrido: el sumario puede prolongarse meses y, si hay acusación formal, el juicio oral no llegaría antes de 2028.
La ciudadanía, mientras tanto, exige explicaciones sobre un sistema de compra de agua que funcionó sin apenas controles durante siete años. La cuenta atrás judicial ha comenzado.
Ficha Autonómica
- El caso: El juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas investiga desde hace meses la presunta malversación en la compra de agua para riego por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El sobrecoste detectado asciende a 1,1 millones de euros.
- Datos importantes: La pieza separada 5 se centra en los contratos entre 2015 y 2022. Los investigados podrían enfrentarse a penas superiores a 12 años de prisión por malversación agravada, falsedad, prevaricación, fraude y cohecho.
- Resumen: El auto del juez eleva el procedimiento a sumario ordinario. A partir de ahora, la fiscalía debe presentar acusación formal y la causa se encamina hacia un juicio que, de celebrarse, no llegaría antes de 2028.
