El Gobierno de Extremadura, sustentado en el pacto entre el Partido Popular y Vox, ha reducido drásticamente el presupuesto de cooperación internacional, lo que ha llevado al Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura a rechazar 78.216,23 euros en ayudas por considerar incompatibles los nuevos principios del Ejecutivo regional con su labor social. La decisión se enmarca en una remodelación de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), que ha pasado de gestionar casi 11 millones de euros a quedarse con una partida de entre 2 y 2,7 millones, según confirman fuentes de la Junta.
Recortes en cooperación: la apuesta por las necesidades locales
La reordenación presupuestaria responde a un compromiso de legislatura recogido en el acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox. El vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández, ha explicado que la AEXCID mantendrá únicamente el personal funcionario imprescindible y que su actividad ordinaria cesará. “Hay que priorizar la cobertura de las necesidades de la población extremeña”, ha defendido, subrayando que la cooperación internacional, en el actual contexto de ajuste, resulta prescindible.
Vox viene defendiendo desde su entrada en los ejecutivos autonómicos que el gasto en acciones de cooperación al desarrollo debe reducirse para redirigir esos fondos a servicios sociales directos, infraestructuras y ayudas a las familias que residen en la región. La formación que lidera Santiago Abascal considera que organismos como la AEXCID representaban un gasto estructural poco transparente y de escaso retorno para los extremeños. Esta línea de actuación es coherente con las exigencias que el partido ha planteado en otras comunidades donde comparte gobierno con el PP.
La reestructuración no ha estado exenta de polémica. La dimisión inmediata de la directora general de la agéncia, Isabel Belloso, y las movilizaciones de más de sesenta colectivos del tercer sector revelan la tensión que genera el nuevo modelo. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico mantiene su hoja de ruta y ya ha anunciado la extinción de la Dirección General que albergaba la AEXCID, integrándola en una estructura administrativa más reducida dentro de la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia.
La renuncia del colectivo de mujeres migrantes y las críticas del tercer sector
En este escenario, el Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura ha comunicado que devolverá las subvenciones concedidas, que suman 78.216,23 euros. Se trata de dos proyectos: “Mujeres migrantes y refugiadas constructoras de paz y ciudadanía global”, por 66.069,25 euros, y “Voces legítimas: experiencias de la niñez migrante y refugiada”, por 12.146,98 euros. La entidad, gestionada por mujeres migrantes, refugiadas y exiliadas, argumenta que aceptar esos fondos sería incompatible con su mandato ético y político, ya que considera que el nuevo marco institucional criminaliza su presencia y sus derechos.
La directiva del colectivo ha señalado que la decisión se tomó tras un proceso de deliberación interna. En un comunicado difundido el pasado 5 de junio, la organización subrayó que no es viable recibir financiación pública de un gobierno que, a su juicio, aplica políticas contrarias a la dignidad humana, la igualdad de trato y la no discriminación. El rechazo frontal a las ayudas autonómicas ha sido interpretado por los colectivos afines como un gesto de dignidad, mientras que desde la Junta se insiste en que la priorización del gasto es una decisión política legítima y necesaria.
La renuncia del Movimiento de Mujeres Migrantes evidencia el choque entre dos modelos de gestión, pero el Gobierno extremeño mantiene su determinación de reordenar las prioridades sin concesiones.
La estrategia de Vox: marcar perfil en la gestión autonómica
Para Vox, la operación de adelgazamiento de la AEXCID tiene un valor estratégico que va más allá de las cuentas públicas. Cada recorte en cooperación internacional supone una señal hacia su electorado: el partido cumple con su promesa de eliminar lo que define como “gasto ideológico superfluo” y demuestra que su presencia en los gobiernos autonómicos produce cambios concretos. En Extremadura, la coalición con el PP le permite exhibir un giro presupuestario que sitúa a la población local por delante de los proyectos de cooperación exterior, un mensaje que conecta con las prioridades de sus votantes.
La renuncia de la ONG, además, lejos de ser un contratiempo, es presentada por Vox como la prueba de que las entidades que no compartan los nuevos criterios pueden buscar otras fuentes de financiación, mientras las arcas autonómicas destinan sus limitados recursos a los extremeños. Aunque las protestas del tercer sector son un coste político visible, el partido asume ese desgaste como parte del peaje necesario para reorientar la acción de gobierno. La decisión de la Junta extremeña se alinea, así, con el pulso que Vox mantiene a nivel nacional por una política más austera, soberana y centrada en los intereses inmediatos de los españoles.
