La decisión del Gobierno andaluz de ceder las competencias de atención a la violencia de género a la Consejería de Justicia, en manos de Vox, ha reabierto el frente feminista de la coalición. El Ministerio de Igualdad ha denunciado que “no se puede ceder la atención a las víctimas a aquellos que la niegan sistemáticamente y a un partido que precisamente pedía depurar ese servicio por sesgo ideológico”. Desde Sumar, la respuesta ha llegado a través de su confluencia andaluza, que ha alzado la voz contra lo que consideran una cesión inaceptable.
El choque político se produce en una comunidad que acumula 290 mujeres asesinadas desde 2003. En lo que va de 2026 han muerto nueve mujeres por violencia de género, tras las 15 de 2025. Las declaraciones del portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, asegurando a finales de julio que “la ley contra la Violencia de Género y el sistema Viogen no funciona”, han agravado el enfado del movimiento feminista.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha emplazado directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que “explique cómo encaja esta decisión del presidente de Andalucía con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado el pasado año”. El Pacto, sellado con el voto de todas las fuerzas salvo Vox, se convierte así en un termómetro de la tensión territorial entre el Ejecutivo central y la Junta.
La denuncia de Igualdad y un balance trágico
El ministerio ha recordado que las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género dependen ahora de la consejería que ocupa el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira. Fuentes de Igualdad subrayan que “no es la primera vez que Vox influye en las políticas de género de la Junta”. En 2020, el gobierno de Moreno Bonilla dejó sin subvención a 241 entidades que atendían a víctimas, y en su primer mandato ya sustituyó “violencia de género” por “violencia intrafamiliar” en varios espacios institucionales, creando un teléfono paralelo que en más del 80 % de los casos derivaba al servicio ya existente de atención a la mujer. Ahora, con Vox al frente de Justicia, el temor a un retroceso cualitativo es evidente.
En el pacto de gobierno entre PP y Vox no hay mención alguna a la lucha contra los feminicidios. La única referencia a las mujeres es la puesta en marcha de un Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada, lo que para los colectivos feministas supone una reconceptualización que diluye el marco de la violencia machista.
Sumar alza la voz: Por Andalucía marca la línea
El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha sido el primero en responder desde el espacio de Sumar: “Moreno Bonilla vuelve a pagar el apoyo de Vox con los derechos de las mujeres”. La confluencia andaluza, que integra a Izquierda Unida, Podemos y Más País —socios de Sumar—, ha anunciado una vigilancia extrema sobre la gestión de las competencias transferidas. Maíllo ha calificado de “insulto” que las víctimas queden bajo la órbita de un partido que niega la violencia de género.
La violencia de género se convierte en un campo de batalla para la coalición en una comunidad que acumula 290 feminicidios desde 2003, y con Vox gestionando la atención a las víctimas.
La dirección de Sumar, con Yolanda Díaz aún sin pronunciarse públicamente, asume como propia la denuncia de Igualdad. En los grupos de la coalición se da por hecho el respaldo total a la ministra, pero algunas voces internas —sobre todo desde IU— reclaman un posicionamiento más contundente del Gobierno central. “La presencia de la extrema derecha en la gestión de las ayudas exige una reacción inmediata”, afirman fuentes del Movimiento Sumar.
La Dinámica de Coalición
El episodio reaviva la tensión latente en el frente feminista del Ejecutivo de coalición. Mientras el PSOE ostenta el Ministerio de Igualdad, Sumar aspira a marcar un perfil más combativo, consciente de que sus confluentes —Izquierda Unida, Más Madrid, Compromís— presionan para que el Gobierno no ceda ni un ápice ante las fuerzas reaccionarias. La cesión de competencias a Vox coloca a la coalición en una posición incómoda: defender el Pacto de Estado sin inmiscuirse en las competencias autonómicas, algo que el PP andaluz explota como injerencia.
La dinámica parlamentaria apunta a que la polémica se trasladará al Congreso cuando se debatan las medidas de desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en 2025. Sumar prevé presionar para que se incluya un mecanismo de supervisión estatal que evite derivas como la andaluza. Con 31 escaños en el Grupo Parlamentario Sumar, sus votos serán indispensables para cualquier reforma, lo que le da margen para endurecer el discurso. La próxima reunión de la Comisión de Igualdad podría ser el escenario donde la coalición trace una estrategia común, aunque las diferencias de tono entre los socios ya son perceptibles.
Ficha del Caso
- El caso: La Junta de Andalucía ha cedido a Vox, su socio de Gobierno, las competencias de atención a la violencia de género en una comunidad con 290 asesinadas desde 2003.
- Datos importantes: El Ministerio de Igualdad denuncia el “negacionismo” de Vox. Andalucía registró 9 feminicidios en 2026 y 15 en 2025. La confluencia de Sumar, Por Andalucía, exige rectificar.
- Resumen: El choque reaviva el frente feminista de la coalición PSOE-Sumar, que se verá presionada a reforzar la supervisión estatal de las políticas autonómicas de igualdad.
