EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Abogacía del Estado ha recurrido ante el Tribunal Supremo para levantar las cautelares que paralizan el voto y las nuevas inscripciones en el censo de los nacionalizados por la ley de nietos, salvo exilio acreditado.
- ¿Quién está detrás? Los servicios jurídicos actúan en nombre del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con el respaldo político de La Moncloa.
- ¿Qué impacto tiene? La suspensión alcanza a 168.896 nuevos electores del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), con especial peso en los consulados de La Habana, Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Ciudad de México y Caracas.
La Abogacía del Estado recurre ante el Tribunal Supremo la paralización cautelar del censo de los nacionalizados por la ley de nietos. El Gobierno sostiene que la medida no puede alterar el resultado electoral ‘por pura matemática’ y avisa de las dificultades de parte de los consulados para revisar los expedientes a tiempo.
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press y que también recoge elDiario.es, se dirige a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal. Los servicios jurídicos piden que se dejen sin efecto las cautelares adoptadas y actúan en nombre del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el departamento que pilota el área de Memoria Democrática.
Qué argumenta el Gobierno para levantar el veto al voto
El razonamiento central es de pura aritmética. La Abogacía sostiene que no existe ‘ningún riesgo derivado del crecimiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes’ y añade que, en el negado caso de que existiera, ‘sería tan ínfimo que no justificaría cercenar los derechos de voto de cientos de miles de personas, piedra angular de la democracia’.
El segundo argumento toca la naturaleza jurídica del censo. El auto recurrido, según esta tesis, olvida que la inscripción censal no es una inscripción registral sujeta a calificación previa: no hay margen de valoración ni potestad de denegar el alta a quien tiene la nacionalidad española, es mayor de edad y no ha sido privado del sufragio por sentencia penal firme.
De ahí se deriva el tercer eje: la distinción entre acto declarativo y acto constitutivo. La inscripción en el censo es declarativa; lo que atribuye la capacidad electoral es la concesión de la nacionalidad, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción civil. Suspender la inscripción equivale a cercenar ‘una parte esencial del derecho de sufragio’ sin tocar el acto que lo origina.
Suspender el censo de quien ya es español no protege ninguna elección: solo recorta un derecho que la ley ya había reconocido.
Los consulados que no llegan: el 84,5% del censo se concentra en 16 oficinas
El recurso despliega un mapa de carga de trabajo consulado a consulado difícil de rebatir. En 137 de las 172 oficinas consulares se han practicado menos de 500 inscripciones; con una media de 20 minutos por expediente, podrían cumplir el requerimiento de la Junta Electoral Central antes de que acabe el año. Otras 19 oficinas, con entre 500 y 1.500 inscripciones, necesitarían unos seis meses, plazo que se reduciría a la mitad con refuerzos.
El problema se concentra en las 16 oficinas restantes: aglutinan 142.739 de las 168.896 inscripciones totales, el 84,5%. La Habana, Rosario, Buenos Aires, Mendoza, Ciudad de México y Caracas encabezan la lista. El escrito alude a cortes de luz, falta de combustible, o efectos de desastres naturales que hacen inviable terminar el análisis a tiempo.
El calendario aprieta y no admite atajos. Las últimas elecciones autonómicas se celebraron el 28 de mayo de 2023, así que las próximas corresponden al cuarto domingo de mayo de 2027, y el censo se cierra el 1 de enero de 2027. Si a esa fecha no se ha certificado quién adquirió la nacionalidad por la vía de la ley de nietos, habrá españoles a los que se estará cercenando el sufragio sin tacha alguna de ilegalidad.
El Eje del Poder Socialista
El movimiento jurídico tiene lectura política y, sobre todo, territorial. La ley de nietos es una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite a los descendientes de exiliados acceder a la nacionalidad española, y su universo natural son las colectividades de Argentina, Cuba, México o Venezuela. Comunidades con peso en circunscripciones como Galicia, Asturias o Canarias, donde el voto exterior ha pesado históricamente en el reparto de escaños.
En Ferraz entienden que el caso conecta con una línea de fondo: la defensa de la extensión de derechos frente a lo que la dirección federal describe como una sospecha permanente sobre el votante de fuera. La derecha ha cuestionado históricamente la gestión del voto del CERA y ha convertido el censo exterior en terreno de disputa. La respuesta del Ejecutivo no pasa por recortar el censo, sino por reforzar los consulados que se han quedado sin margen.
El precedente ayuda a medir el envite. La Ley 20/2022 de Memoria Democrática amplió un mecanismo que ya había introducido la Ley 52/2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Cada ampliación de ese derecho ha venido acompañada de un litigio sobre el censo. La diferencia, ahora, es que el pleito se produce con el calendario electoral ya cerrado por delante.
El riesgo inmediato es procesal y de reloj. La Sala de lo Contencioso-Administrativo debe pronunciarse sobre el recurso antes de que el censo cierre, el 1 de enero de 2027, y antes de que arranque el ciclo autonómico. Si el Supremo mantiene las cautelares, el Gobierno llegará a la cita con un censo intervenido. Es el escenario que La Moncloa quiere evitar.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: La defensa del derecho de sufragio de los descendientes de exiliados como parte del blindaje de la memoria democrática.
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo antes del 1 de enero de 2027, fecha de cierre del censo.
