El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado continuar por procedimiento abreviado la pieza del caso ERE sobre las ayudas a SOS Cuétara. El auto, fechado el 3 de noviembre y notificado a las partes personadas, mantiene en la causa a un ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, a dos directivos de la mediadora Vitalia y a una ‘intrusa’, y deja a la Fiscalía Anticorrupción a un paso de poder formular acusación.
Qué ha decidido el juez: de diligencias previas a procedimiento abreviado
El auto (la resolución judicial que adopta una decisión dentro del proceso sin ponerle fin) transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado. Esa es la fase intermedia del proceso penal: en ella se determina si existen indicios suficientes para celebrar juicio y se fija quién se sienta finalmente en el banquillo.
El magistrado adopta la decisión, según el texto notificado, «por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos» de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental. El juzgado ha dado traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral con escrito de acusación, pidan el sobreseimiento o reclamen diligencias complementarias. El contenido íntegro se difunde a través de la página oficial del Poder Judicial.
Quiénes siguen investigados y quiénes salen de la causa
En el listado de investigados se mantienen cuatro personas. La principal es Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo de la Junta y de Seguridad Social. Junto a él continúan dos directivos de la consultora Vitalia, la mediadora que tramitó las pólizas de rentas, y una ‘intrusa’ que era suegra de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta y ya fallecido.
El juez acuerda en cambio el sobreseimiento provisional para otros dos investigados: un representante de la empresa y un dirigente del sindicato CCOO. El auto sostiene que «no hay motivos suficientes para atribuirles participación» y que no concurren en la causa «indicios sólidos» de carácter penal.
El magistrado admite que ambos estuvieron en reuniones con Guerrero, pero no puede acreditar cuánto pesaron en la decisión de financiar las pólizas.
El instructor reconoce que los dos sobreseídos «habrían intervenido en reuniones» con el ex director general de Trabajo, aunque a la vista de las testificales practicadas no es posible establecer «con la solvencia necesaria» en qué medida pudieron influir en los responsables de la Consejería de Empleo. Tampoco aprecia no hay indicios sólidos de participación penal en la inclusión de la suegra de Guerrero como beneficiaria. La pieza forma parte de la macrocausa de los ERE, cuyo alcance está documentado en decenas de ramificaciones judiciales.
Las ayudas de 4,2 millones: del ERE de 34 trabajadores a las pólizas de la suegra de Guerrero
El objeto de esta pieza separada es la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales excepcionales concedidas y abonadas entre 2004 y 2010 por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo, vinculadas a la reestructuración de SOS Cuétara. las ayudas ascienden a 4.277.701,62 euros, según el auto, que las describe como «subvenciones graciosamente concedidas por la Junta».
El dinero cubrió, por un lado, el pago de indemnizaciones por despido de 34 trabajadores afectados por el ERE 5/2003. Por otro, financió dos pólizas de seguro de rentas a favor de la suegra de Guerrero. El juez describe cómo la investigada, «aprovechando la absoluta carencia de control y fiscalización» de la ayuda anterior, fue introducida en en el coste del estudio de rentas de los trabajadores en connivencia con los responsables de Vitalia.
«No fue sino la falta absoluta de control y de fiscalización lo que posibilitó que se pudieran suscribir» esas dos pólizas cuya prima iba a ser financiada íntegramente por la Junta, concluye el auto. El magistrado subraya que las subvenciones se gestaron mediante negociaciones verbales, «al margen de cualquier atisbo de publicidad» y de espaldas al procedimiento legalmente establecido.
Los próximos pasos: veinte días para acusar o pedir el sobreseimiento
El calendario procesal queda ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones personadas. El margen es de veinte días hábiles desde la notificación, un plazo común para todas las partes. En ese intervalo deben decidir si formulan escrito de acusación, si piden el sobreseimiento o si reclaman diligencias complementarias «indispensables para formular la acusación», en palabras del instructor.
Si el ministerio público presenta acusación, el siguiente hito será la apertura del juicio oral y la posterior vista ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Si opta por el sobreseimiento, la causa se archiva de forma provisional y podría reabrirse si aparecen nuevos indicios. La resolución no cierra el caso ni fija todavía una fecha de juicio.
⚖️ Datos del caso
- Órgano judicial: Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, integrado en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla.
- Fase procesal: Procedimiento abreviado acordado por auto de 3 de noviembre de 2026, notificado a las partes.
- Implicados: Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta (investigado); dos directivos de Vitalia (investigados); la suegra de Francisco Javier Guerrero (investigada). Sobreseídos provisionalmente un representante de la empresa y un dirigente de CCOO.
- Delitos investigados: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
- Próximos pasos: veinte días para que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones formulen acusación, pidan el sobreseimiento o soliciten diligencias complementarias.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? El juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla convierte en procedimiento abreviado la pieza del caso ERE sobre las ayudas a SOS Cuétara.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? Siguen investigados Daniel Alberto Rivera, dos directivos de Vitalia y la suegra de Francisco Javier Guerrero; otros dos quedan sobreseídos.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones tienen veinte días para presentar escrito de acusación o pedir el sobreseimiento.
