La AIReF avala el crecimiento económico de Andalucía y pone el foco en el efecto de las rebajas fiscales sobre la recaudación.
El dictamen, conocido este mes de noviembre, evalúa el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027 y deja un balance de luces y sombras. El organismo independiente valida el cuadro macroeconómico y concentra sus advertencias en el gasto público y en la capacidad de recaudación, el terreno donde se librará el debate presupuestario en el Parlamento de Andalucía.
El aval técnico al cuadro macroeconómico
Ese aval técnico se refiere, en primer lugar, al escenario de crecimiento. La previsión del PIB que maneja la Junta para el cierre de 2026, un 2,7% en términos de volumen, se sitúa dentro de las bandas centrales del supervisor, que trabaja con un 2,5%. Lo mismo sucede con los ejercicios siguientes: la senda autonómica del 2,3% en 2027, el 2,1% en 2028 y el 2% en 2029 queda encuadrada en márgenes razonables y realistas, según el propio informe.
El respaldo tiene un peso político evidente. La AIReF es la institución que el Ejecutivo autonómico ha citado en otras ocasiones para defender sus tesis sobre la financiación autonómica, y ahora es ese mismo criterio técnico el que valida el escenario de crecimiento andaluz. La lectura institucional es clara: el cuadro macroeconómico supera el examen del árbitro fiscal.
Gasto, ingresos y la letra pequeña del superávit
Ningún aval es un cheque en blanco. El informe proyecta que el gasto computable crecerá un 4,2% en 2026 frente al límite individual del 3,5%, y un 5,9% en 2027 frente a la tasa de referencia del 4%. La Junta confía en cerrar 2027 en equilibrio presupuestario, y el dictamen recoge la inclusión de 2.496 millones en créditos retenidos a la espera de una habilitación legal que permita excluirlos del cómputo de la regla de gasto. El organismo advierte de que esa cobertura normativa no existe en la actualidad y de que, si se ejecutaran esos fondos sin respaldo legal, el crecimiento del gasto computable se dispararía por encima del 11%.
Andalucía encadena ejercicios creciendo por encima del 2% y afronta ahora la prueba de sostener ese ritmo sin perder el equilibrio de sus cuentas.
En el capítulo de ingresos, el supervisor calcula que las medidas fiscales ya aprobadas dejarán una caída del 4,5% de la recaudación tributaria en 2027. La erosión procede de las nuevas bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y de la bajada de tipos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD). El proyecto incorpora rebajas que restan unos 280 millones de euros a los ingresos públicos, 157 de ellos con impacto directo a partir de 2028, a los que se suman otros 200 millones anuales en IRPF e ITPAJD anunciados para los próximos tres años.
La Consejería de Hacienda sostiene una tesis distinta y la defiende con datos propios. Según el Gobierno andaluz, las rebajas aplicadas desde la llegada de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta no han reducido la recaudación global: han ampliado la base de contribuyentes con 1.250.000 nuevos declarantes incorporados al sistema. Ese aumento de declarantes y de actividad, argumenta el departamento, compensa el efecto de los tipos más bajos y sostiene el crecimiento de los ingresos públicos.
A medio plazo, el escenario a políticas constantes dibuja la desaparición paulatina del superávit autonómico a partir de 2028, por el impacto acumulado de las bajadas de impuestos y el crecimiento del gasto estructural. La ratio de deuda sobre el PIB seguirá bajando hasta situarse por debajo del 13% en 2031, impulsada por el PIB nominal y los saldos amortizadores, pero la posición fiscal global se debilitará. Las rigideces vienen de los compromisos del personal público y del envejecimiento demográfico, que presiona sanidad y educación.
La recomendación final del organismo insta a la Junta a evitar nuevas medidas con incremento estructural del gasto y a no encadenar reducciones sostenidas de impuestos sin partidas compensatorias. Las medidas de ahorro puestas en marcha, como la retirada de programas temporales de choque y la eficiencia en el gasto sanitario, resultan insuficientes para contrarrestar las subidas de costes derivadas de los pactos salariales, según el dictamen.
El informe llega antes de que el presupuesto de 2027 complete su tramitación en el Parlamento de Andalucía, la cámara de 109 escaños con sede en Sevilla, y marca el calendario del próximo debate fiscal: cada rebaja que se anuncie en los próximos tres años tendrá que medirse contra este cuadro.
La Lectura Andaluza
Andalucía afronta el tramo final de 2026 con una economía que crece por encima del 2% y con la mirada puesta en un presupuesto que debe sostener sanidad, educación y dependencia para los 8,5 millones de habitantes de la comunidad más poblada de España. Ese es el marco real del dictamen: ocho provincias que no crecen al mismo ritmo y una administración que necesita convertir el aval técnico en inversión y empleo sobre el terreno, desde el Puerto de Algeciras hasta los regadíos de Almería.
Para el ciudadano, las rebajas fiscales tienen nombres concretos. Quien hereda una vivienda en Jaén o Córdoba paga menos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones; quien compra una casa en Málaga o Cádiz nota los tipos del ITPAJD en la factura final. En el otro platillo de la balanza, la regla de gasto marca cuánto margen queda para contratar sanitarios, profesores o profesionales de la dependencia. Ahí es donde el debate fiscal deja de ser un asunto de despachos.
El calendario manda. El presupuesto de 2027 tiene que completar su recorrido parlamentario y el siguiente informe del supervisor medirá si las medidas de ahorro bastan. Andalucía ha demostrado que sabe crecer; el examen pendiente es hacerlo con unas cuentas que aguanten el tipo los próximos cinco años.
