EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La jueza Lorena Quiles ha concretado la imputación contra 19 personas por el ‘cayuco de la muerte’, que llegó a Arguineguín el 24 de agosto de 2025 con 248 supervivientes de las 300 que embarcaron en Senegal.
- ¿Quién está detrás? La instrucción la dirige el Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana; la Fiscalía Provincial de Las Palmas ejerce la acusación a través de su delegada de Trata de Personas y Extranjería.
- ¿Qué impacto tiene? Seis asesinatos y 52 homicidios por imprudencia suman 58 víctimas mortales. Los 18 adultos investigados siguen en prisión provisional y podrían enfrentarse a prisión permanente revisable.
La imputación del ‘cayuco de la muerte’ ya tiene hechos concretos: seis asesinatos y 52 homicidios por imprudencia atribuidos a 19 personas.
La comparecencia que fija los hechos: 58 víctimas mortales
El viernes 6 de noviembre, la magistrada titular de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, Lorena Quiles Vallejo, celebró la comparecencia de concreción de la imputación: el trámite del procedimiento ante el Tribunal del Jurado en el que se ponen sobre la mesa los hechos y los delitos atribuidos a cada investigado.
La embarcación, un cayuco de 20 metros de eslora y un motor de 60 caballos, zarpó de Senegal el 12 de agosto de 2025 con unas 300 personas a bordo. Doce días después, Salvamento Marítimo la interceptó a la deriva y la Guardamar Urania atracó en el muelle de Arguineguín con 248 subsaharianos vivos. Los 19 investigados, uno de ellos menor, la patroneaban.
El relato de la Fiscalía describe un régimen de terror. Tras una avería en los motores, el marabú —el guía espiritual de la expedición, Abdou T., de 43 años— señaló a varios pasajeros como «brujos» y «brujas» culpables del percance. Los dos jefes, Babacar N. (30) e Ismael S. (36), ordenaron entonces las agresiones: desnudar, atar de pies y manos, golpear con palos y cinturones de cuero, cortar con cuchillos y, en algunos casos, rociar con gasolina. Sin agua ni comida durante días, hasta el último golpe.
El escrito de imputación abarca seis delitos de asesinato, 52 de homicidio por imprudencia, cinco de lesiones graves, y ocho de lesiones, además de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, otro de grupo criminal y otro de amenazas. Sumadas las dos calificaciones mortales, la causa contabiliza 58 víctimas mortales. Los 18 adultos están en prisión provisional desde septiembre de 2025 y, por la vía del grupo criminal, podrían enfrentarse a una petición de prisión permanente revisable.
En el ‘cayuco de la muerte’ no hubo solo una avería: hubo jerarquía, cuchillos y una ración de agua que unos pocos se guardaron para sí.
Qué viene ahora: de la instrucción a la Audiencia Provincial
Trece supervivientes declaran como testigos protegidos. Uno estuvo tres días atado por las muñecas a la espalda y recibió palos hasta fracturarle cuatro dientes; otro conserva cicatrices de gasoil en la nalga, el muslo y la muñeca. Falta todavía el informe de sanidad del Instituto de Medicina Legal.
La instrucción está prácticamente cerrada. Restan las ratificaciones pendientes y ese informe forense; después, la fiscal delegada autonómica de Trata de Personas y Extranjería, Teseida García, formulará su escrito de acusación y el procedimiento se remitirá a la Audiencia Provincial de Las Palmas. El horizonte es el 5 de septiembre de 2027: ese día los encausados cumplirían dos años en prisión preventiva y, sin juicio celebrado, quedarían en libertad.
El Pulso Territorial
Canarias ha soportado en los últimos años el mayor volumen de llegadas irregulares por vía marítima de España, y esta causa se ha convertido en el banco de pruebas judicial de esa presión. El procedimiento nace de la Operación Marabú, desarrollada por la Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas de Gran Canaria. El Gobierno de Canarias lleva tiempo reclamando medios estatales para atender la acogida y la instrucción de estos expedientes, mientras el Ejecutivo central sostiene que la cooperación con Senegal y el reparto de menores avanzan por otra vía.
La dimensión regional pesa. Canarias concentra hoy la mayor parte de las llegadas marítimas del país, por delante de las que registran Ceuta y Melilla, las otras dos autonomías cubiertas con presión migratoria directa. Y el calendario aprieta. Si la Audiencia Provincial no señala vista antes de septiembre de 2027, los 18 adultos investigados podrían salir de prisión antes de sentarse en el banquillo, un escenario que la propia Fiscalía quiere evitar. La causa se juega también contra el reloj.
Ficha Autonómica
- El caso: La jueza concreta la imputación contra 19 personas por torturas y muertes en el ‘cayuco de la muerte’, que llegó a Arguineguín en agosto de 2025 con 248 supervivientes.
- Datos importantes: 58 víctimas mortales (seis asesinatos y 52 homicidios por imprudencia), cinco delitos de lesiones graves y ocho de lesiones; 18 adultos en prisión provisional desde septiembre de 2025.
- Resumen: La instrucción está casi cerrada. Faltan ratificaciones y el informe forense; después llegará el escrito de acusación y el caso pasará a la Audiencia Provincial de Las Palmas antes del 5 de septiembre de 2027.
