EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? CHA ha exigido al Gobierno de Aragón una planificación integral antes de autorizar nuevos centros de datos y ha llamado a movilizarse en Huesca y Zaragoza.
- ¿Quién está detrás? La Chunta Aragonesista, con su presidente, Jorge Pueyo, al frente, y el Ejecutivo autonómico del PP como destinatario de las demandas.
- ¿Qué impacto tiene? La formación cifra entre 50 y 60 millones de euros la pérdida de ingresos municipales por las exenciones fiscales aparejadas a estas instalaciones.
CHA exige planificar los centros de datos en Aragón y llama a movilizarse en Huesca y Zaragoza.
La formación aragonesista no discute la llegada de inversión tecnológica. Discute el precio. Su presidente, Jorge Pueyo, ha advertido de que nadie sabe cuánta electricidad ni cuánta agua van a necesitar estas instalaciones, cuánto territorio van a ocupar ni qué consecuencias tendrá el conjunto para la comunidad. «No sabemos cuánta electricidad y agua van a necesitar», ha señalado.
El interrogante tiene recorrido. Pueyo reclama evaluar la disponibilidad real de recursos, los vertidos y los escenarios de sequía antes de seguir firmando autorizaciones. Sus preguntas son dos: «¿Qué ocurrirá cuando falte agua o electricidad? ¿A quién se le aplicarán las restricciones?». Nadie ha respondido aún a ese reparto de sacrificios.
El otro frente es fiscal. CHA denuncia que la tramitación como proyecto de interés general de Aragón (la vía administrativa que permite al Ejecutivo autonómico declarar una inversión estratégica, acelerar su aprobación y aplicar bonificaciones) ofrece ventajas sin garantizar retorno económico ni social. Pueyo recogió las advertencias del alcalde de Villamayor de Gállego, José Luis Montero, y cifró la posible pérdida de ingresos municipales por esas exenciones entre 50 y 60 millones de euros.
«Vienen también por las ventajas que les ofrece un modelo que socializa los costes y reduce sus obligaciones fiscales», ha criticado. A eso se suma el riesgo de una burbuja especulativa que deje instalaciones obsoletas o sin uso, y la opacidad de unos procedimientos blindados por acuerdos de confidencialidad que dejan a los ayuntamientos sin margen para saber qué se instala en su término.
Aragón no discute la energía ni el agua que tiene: discute a quién se las cede y a cambio de qué.
Lo que cede un territorio cuando firma una exención fiscal
La lectura de CHA es que el modelo invierte la ecuación. La comunidad pone suelo, red eléctrica y agua; la multinacional se lleva el margen. «No podemos hipotecar nuestros recursos naturales y nuestra capacidad energética para ponerlos al servicio de grandes multinacionales», ha defendido Pueyo, que pide que la producción energética aragonesa sirva primero para reforzar la industria propia y generar empleo en el medio rural.
La formación añade una propuesta que no estaba sobre la mesa: una soberanía digital pública bajo control del Gobierno de Aragón que proteja los datos institucionales, tributarios y sanitarios. «Aragón necesita decidir qué modelo digital quiere, qué recursos está dispuesto a comprometer y qué beneficios obtiene a cambio», ha resumido.
Huesca, Zaragoza y la pregunta de fondo sobre el modelo
El pulso se traslada a la calle. CHA anima a acudir a las protestas convocadas en Huesca —viernes, 18.00 horas— y en el Paraninfo de Zaragoza —sábado, 12.00 horas—, dos citas que llegan con el debate abierto en los ayuntamientos afectados. «Defender el agua, la energía, el territorio y el futuro de nuestros pueblos es una responsabilidad compartida», ha concluido el dirigente.
El PP, que gobierna la comunidad, ha hecho de la atracción de inversión tecnológica uno de los ejes de su relato económico. La Chunta le pide ahora que ese relato venga con números: cuánta potencia, cuánta agua y cuánto suelo por cada proyecto autorizado. Las cifras no mienten.
El Pulso Territorial
Aragón lleva dos años siendo territorio codiciado por los grandes operadores de datos, y ese es el marco en el que se entiende el órdago de CHA. El Gobierno de Jorge Azcón afronta el tramo final de la legislatura, con los próximos comicios autonómicos fijados para la primavera de 2027, y con un debate que cruza de lleno su política económica: atraer inversión o ponerle condiciones. En las Cortes de Aragón, con 67 escaños, la Chunta no tiene fuerza para imponer una moratoria, pero sí para instalar el asunto en cada comparecencia parlamentaria.
No es un caso aislado. Otras comunidades con suelo disponible y potencia renovable —Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura— libran la misma tensión entre captar inversión tecnológica y proteger acuíferos y redes eléctricas. La diferencia aragonesa está en la memoria: la movilización contra el trasvase del Ebro que llenó las calles de Zaragoza en 2001 dejó una lección política que ningún partido de esta tierra ha olvidado. El agua como bandera sigue funcionando.
Lo que viene es concreto. El Ejecutivo autonómico tiene sobre la mesa nuevas declaraciones de interés general y los ayuntamientos afectados esperan respuesta sobre el reparto de la fiscalidad. Si el Gobierno de Aragón no publica un plan de recursos —agua, red, suelo— antes de resolver las próximas tramitaciones, el conflicto crecerá. Aquí no llega el AVE de la planificación.
Ficha Autonómica
- El caso: CHA reclama al Gobierno de Aragón una planificación integral antes de autorizar nuevos centros de datos y llama a movilizarse en Huesca y Zaragoza.
- Datos importantes: Tramitación vía proyecto de interés general de Aragón, con bonificaciones fiscales; pérdida estimada de ingresos municipales de entre 50 y 60 millones de euros, según CHA.
- Resumen: La formación pide evaluar agua, electricidad, vertidos y sequía antes de nuevas autorizaciones. El Ejecutivo del PP no ha detallado su plan de recursos y el calendario electoral de 2027 aprieta.
