El régimen de sanciones de la UE contra Rusia expira esta medianoche sin acuerdo y depende de un solo nombre: Alisher Usmanov. Los embajadores de los Veintisiete vuelven a reunirse hoy en Bruselas con una propuesta irlandesa sobre la mesa y con Letonia plantada en el no.
Lo que está en juego no es el patrimonio de un empresario. Es la arquitectura entera de el régimen sancionador que la UE mantiene desde 2022: miles de entradas entre personas físicas y jurídicas, congelación de activos, prohibiciones de viaje y restricciones sectoriales que se renuevan cada seis meses y por unanimidad. Si hoy no hay acuerdo, todo cae de golpe.
La propuesta la firma la presidencia de turno irlandesa, que ha intentado tapar el agujero con un trueque: sacar de la lista a Usmanov y a Mijaíl Fridman, sí, pero a cambio de estirar la renovación de seis a 36 meses. Menos votaciones, menos vetos y menos ocasiones para que un solo Estado miembro vuelva a poner el régimen contra las cuerdas.
El nudo: Francia y Eslovaquia se juegan algo distinto
París empuja la salida de Usmanov por una razón que no aparece en ningún considerando jurídico. Según el relato que medios que citan a Euronews atribuyen al Elíseo, el desbloqueo estaría ligado a la liberación de dos ciudadanos franceses detenidos en Azerbaiyán, presuntamente vinculados a tareas de inteligencia. Eslovaquia arrastra desde hace meses un discurso propio sobre el coste energético y el daño colateral de las sanciones.
Luxemburgo añadió su propia pieza al puzle con el nombre de Fridman. Ucrania, que no se sienta en la mesa de embajadores pero condiciona cualquier lectura política del expediente, calificó las dos salidas de inaceptables y reclamó más presión sobre Moscú.
Bruselas ha convertido la unanimidad en su propia trampa: un solo Estado miembro puede sostener el régimen o hacerlo saltar por los aires.
Letonia es el muro. El primer ministro Andris Kulbergs, con poco más de cien días en el cargo y elecciones legislativas en octubre, rechazó en redes sociales permitir la salida de ‘uno de los oligarcas de Putin’ y exigió que la presión europea aumente en lugar de rebajarse. En Riga, el cálculo electoral y el cálculo estratégico apuntan hoy al mismo lado.
Lo que se rompe si el régimen cae esta noche
La primera consecuencia es jurídica. Un régimen que expira sin renovación no se suspende: se desvanece. Los activos congelados vuelven a ser movibles, las prohibiciones de entrada decaen y los operadores europeos que cumplieron la norma se quedan, de la noche a la mañana, sin base legal para seguir bloqueando fondos.
Más grave aún es el mensaje que llega a Moscú. El Kremlin no ha tenido que mover un dedo: su portavoz, Dmitri Peskov, ya ha declarado que Rusia considera ilegales todas las sanciones occidentales y ha exigido su retirada para Usmanov, para Fridman y para el resto de empresarios y ciudadanos rusos. La fractura europea le sirve en bandeja.
La tercera es la credibilidad de la unanimidad como método. El caso Usmanov no es un accidente, sino el resultado previsible de un sistema que renueva su instrumento más potente cada seis meses y en el que cualquier capital puede convertir una sanción en moneda de cambio. La defensa del empresario lleva años explotando esa rendija: según sus cartas al Consejo Europeo, más de 3.200 artículos periodísticos han tenido que ser corregidos desde 2022 y otros 1.300 han sido eliminados, mientras al menos 18 documentos han desaparecido del propio expediente probatorio europeo. Usmanov sostiene además que ha ganado litigios en Europa contra cabeceras como el Frankfurter Allgemeine Zeitung y la radiotelevisión pública ARD.
Equilibrio de Poder
Bruselas, Washington y Moscú leen esta crisis de tres maneras distintas y ninguna coincide. Para el Kremlin es una oportunidad gratuita: no necesita negociar nada, solo esperar a que la UE se fracture sola. En Washington, la lectura que se impone es que el instrumento sancionador europeo es más frágil de lo que se vende en público y que cualquier negociación sobre Ucrania se resolverá en otros formatos. Y en la Comisión Europea el miedo real es de precedente: si dos nombres tumban el paquete, el próximo veto puede llegar por un banco, por un sector o por los rendimientos de los activos inmovilizados en Euroclear.
España tiene aquí un interés directo, y no solo diplomático. Un régimen sin renovar afectaría a la seguridad jurídica de las empresas españolas con exposición a Rusia, a los operadores energéticos que han trabajado bajo el paraguas sancionador, y a la posición del Gobierno en el Consejo, donde Moncloa ha defendido hasta ahora la renovación sin fisuras. A eso se suma el flanco sur: la presión europea sobre las redes financieras que sostienen a los actores rusos en el Sahel se apoya, en buena parte, en la misma caja de herramientas que hoy está a punto de vaciarse.
La lectura a cinco años es incómoda. Si el régimen se salva con una fórmula de emergencia, la UE habrá reconocido por escrito que el consenso semestral ya no aguanta. Si no se salva, entrará en terreno inédito desde 2022: la presión sobre Moscú retrocedería por decisión propia, no porque el sancionado haya cambiado de conducta. El precedente de 2024, cuando el Tribunal General de la Unión anuló inclusiones de otros empresarios rusos por insuficiencia probatoria, ya avisó de que la vía judicial era la amenaza seria. Los embajadores tienen hasta la medianoche. Después, no quedará nada que negociar.
