El Govern prepara un anteproyecto de ley para prohibir las pantallas, las redes sociales y la inteligencia artificial a los menores de 14 años en el ámbito escolar. La portavoz del Ejecutivo, Sílvia Paneque, fijó el calendario: la memoria estará lista en noviembre de 2026 y el anteproyecto llegará en marzo de 2027. La norma nace marcada por la salud pública, no solo por la pedagogía.
No es una ocurrencia de despacho. El estudio previo, elaborado por las consellerias de Salud y de Empresa y Trabajo, sostiene que los menores de 14 años no deberían usar pantallas en el entorno escolar y que el acceso a dispositivos e IA debería limitarse hasta los 15 y 16 años. Paneque lo resumió con una advertencia incómoda para el sistema educativo: el problema desborda la enseñanza y entra de lleno en la salud pública.
La futura ley tocará más palancas de las que parece. El texto regulará desde mínimos de lecturas obligatorias hasta la limitación de dispositivos, redes sociales e inteligencia artificial en el aula. No se trata solo de apagar una pantalla, sino de reordenar qué entra y qué no entra en la jornada escolar. Ahí es donde la norma se complica: cada palabra del redactado abre un frente nuevo con centros, familias y editoriales.
El calendario que maneja el Govern
El cronograma es exigente. Noviembre de 2026 para cerrar la memoria económica y jurídica. Marzo de 2027 para aprobar el anteproyecto en el Consell Executiu y activar la maquinaria parlamentaria. Entre medias, la norma tendrá que cruzar informes preceptivos y el dictamen de los servicios jurídicos de la Generalitat, un trámite que en materia educativa suele consumir semanas. Cabe recordar que un anteproyecto no es una ley: es el pistoletazo de salida.
Habrá que ver qué pasa con la financiación. La Generalitat no ha detallado todavía la partida presupuestaria para desplegar la norma. Sin dinero asignado, el anteproyecto llegará al Parlament con una pregunta evidente encima de la mesa: quién paga la formación docente, el software de control parental, y las alternativas pedagógicas a los dispositivos. Nadie en el Govern quiere responderla aún en público, según las fuentes consultadas.
El sector educativo mira de reojo. Los sindicatos docentes llevan años reclamando criterios claros sobre el uso del móvil en clase, pero también advierten de que una prohibición sin recursos acaba recayendo sobre el profesorado. La misma ley que ordena puede convertirse en un problema de gestión si no viene acompañada de plantilla y protocolos.
El Ejecutivo catalán ha decidido legislar donde hasta ahora solo había recomendaciones y buena voluntad de los centros.
El contexto político que empaña el anuncio
La cartelera política no ayuda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, tiene previsto comparecer en el Parlament para dar explicaciones sobre la exclusión de Catalunya de las pruebas PISA, un episodio que ha dejado tocada a la consellera de Educación, Esther Niubó. Defenderá la actuación del Govern ‘sin quitar ni un gramo de gravedad’, tal y como avanzó la propia Paneque.
Ese cruce explica por qué la ley de pantallas llega con doble lectura. Por un lado, es una medida de salud pública que sitúa a Catalunya en la vanguardia del debate europeo sobre menores y tecnología. Por otro, permite al Govern colocar una iniciativa con consenso social amplio en una semana parlamentaria incómoda para el Ejecutivo.
Qué revela esta ley del tablero catalán
Catalunya no parte de cero, pero tampoco tiene precedentes como este. Varias comunidades han ido aprobando instrucciones internas y protocolos de centro. Sin embargo, ninguna ha legislado con el alcance que plantea ahora el Govern. Aquí no se habla solo de móviles: se habla de inteligencia artificial, de lecturas mínimas y de un marco sancionador por definir.
La jugada tiene un riesgo político claro. Si la ley tarda más de lo previsto, ERC y los comuns tienen munición para reprochar al Govern que anuncia mucho y legisla poco. Si sale adelante en tiempo, Illa suma un tanto en materia educativa justo cuando el flanco PISA le aprieta. En paralelo, Junts observa: cualquier norma que toque la autonomía de los centros será leída con lupa, y el partido de Carles Puigdemont no está para regalarle titulares a la Generalitat.
Queda la letra pequeña europea. Bruselas trabaja desde hace meses en recomendaciones sobre protección de menores en entornos digitales. Una ley catalana pionera puede servir de banco de pruebas para el resto del Estado, pero también puede chocar con la normativa estatal si Moncloa decide mover ficha antes. Ahí hay un pulso competencial latente que nadie ha verbalizado todavía.
En esta redacción seguimos de cerca el pulso educativo catalán, y la lectura que hacemos es clara: el anuncio es sólido en el diagnóstico y frágil en el detalle. La memoria de noviembre es el primer hito real. Ahí se verá si el anteproyecto viene con dinero o llega vacío. El segundo, el Consell Executiu de marzo de 2027. Hasta entonces, todo es calendario y voluntad.
