Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, ha puesto este lunes una nueva condición al Gobierno: la exclusión de Catalunya del reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de la entrada masiva registrada en Ceuta el pasado 30 de julio. La formación independentista considera que el sistema de acogida catalán está ‘al límite’ y condiciona sus siete votos en Madrid a que la comunidad quede exenta de cualquier cupo adicional.
Catalunya, con 4.000 menores acogidos y solo 2.800 plazas
Según los datos que ha expuesto Nogueras en una entrevista en TV3, la Generalitat tiene actualmente bajo tutela a 4.000 menores, una cifra que supera en un 43% las 2.800 plazas estructurales del sistema. La prórroga de las estancias una vez cumplidos los 18 años, ha recordado, agrava la presión sobre unos servicios que ya estaban tensionados antes de la crisis de Ceuta.
El contexto inmediato es el intento de entrada irregular de unas 70.000 personas del 30 de julio, la mayor avalancha migratoria en la frontera sur en los últimos cinco años. Aunque el Gobierno central procedió al retorno de la mayoría, aún se contabilizan cientos de menores no acompañados que deben ser distribuidos entre comunidades autónomas bajo el amparo del Real Decreto de 2025 que el Ejecutivo pactó con Junts.
Nogueras ha subrayado que no es necesario negociar un nuevo reparto: el decreto, que ya dejó a Catalunya fuera del reparto de menores procedentes de Canarias en marzo de 2025, establece el criterio del esfuerzo previo. ‘El trabajo ya está hecho. Ahora el Gobierno debe decidir si exime a Catalunya o si la sigue tensionando’, ha afirmado.
La crítica a Illa y la advertencia al Gobierno
La portavoz de Junts también ha cargado contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, a quien ha acusado de anteponer los intereses de Pedro Sánchez a los de Catalunya al ponerse a disposición para acoger a los menores. ‘Es una irresponsabilidad que Illa no defienda los servicios públicos catalanes. Están al límite y llegan pocos recursos’, ha señalado.
Su formación ya ha anticipado que, si el Gobierno central decide repartir cupos y no exime a Catalunya, Junts retirará su apoyo legislativo. En la práctica, eso paraliza cualquier votación clave en un Congreso donde el Ejecutivo necesita de todos sus socios. Nogueras lo ha dejado claro: ‘Si el Gobierno no lo resuelve, perderá nuestros siete votos’.
El sistema de acogida catalán está saturado y, ante la negativa del Estado a dotar de más recursos, Junts utiliza su poder en el Congreso para forzar una exclusión que ya logró en 2025.
La sombra de Aliança Catalana y la estrategia de Junts
El endurecimiento del discurso migratorio de Junts no es casual. La formación de Carles Puigdemont observa con preocupación el auge de Aliança Catalana, que en las últimas autonómicas arañó un 9% del voto en las comarcas más independentistas y le disputa electores con un mensaje antiinmigración mucho más frontal. Nogueras lo ha verbalizado: ‘Hablar de inmigración no es ser racista. Si se solucionan los problemas, a los extremos se les acaba el relato y los votos’.
El cálculo es de manual: neutralizar el discurso de Aliança Catalana pasa por demostrar que Junts sí obtiene resultados en Madrid. La exclusión de Cataluña del reparto de menores sería la victoria simbólica que el partido necesita para frenar la hemorragia de votos hacia la extrema derecha soberanista. Y en ese marco, la presión a Moncloa se convierte en una inversión electoral.
Mientras, ERC —socio prioritario del Govern de Illa— mantiene un perfil más templado en inmigración. Nogueras ha dedicado unos minutos a reprochar a Gabriel Rufián que critique a Junts mientras ‘se dedica a las izquierdas españolas’, sin ofrecer soluciones. La brecha entre las dos principales formaciones independentistas, lejos de cerrarse, se ahonda en un tema tan sensible como este.
El desafío de Junts añade una capa más de inestabilidad al frágil equilibrio del Govern de Illa. El president necesita los votos de Junts para los presupuestos de 2027 y sabe que el bloqueo en inmigración puede derivar en una crisis más amplia. De momento, en La Moncloa se limitan a recordar que el Real Decreto permite modular los cupos, pero evitan pronunciarse sobre si Catalunya quedará exenta. La pelota está en el tejado de Sánchez, y el balcón del Palau de la Generalitat mira con expectación.
