Vox ha anunciado este domingo que promoverá la activación del artículo 102 de la Constitución para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea investigado por posibles delitos de traición en relación con la crisis migratoria de Ceuta. El líder del partido, Santiago Abascal, ha comunicado la decisión a través de sus redes sociales y ha calificado lo ocurrido como ‘una invasión consentida’.
La formación considera que existen indicios que justifican una investigación judicial por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado. ‘Hay indicios y evidencias más que suficientes. Entre otras el conocimiento previo que tenía el Gobierno de Sánchez respecto a la invasión de Ceuta’, ha asegurado Abascal.
La propuesta de Vox y su argumentario: guerra híbrida y desclasificación de documentos
El partido sostiene que la crisis de Ceuta ‘no constituye un fenómeno migratorio convencional, sino un episodio de guerra híbrida contra España, caracterizado por la utilización masiva de inmigrantes ilegales como instrumento de presión sobre la soberanía nacional’. En ese marco, Vox reclama la inmediata desclasificación y entrega al Congreso de toda la información relativa a las comunicaciones mantenidas entre el Gobierno de España y las autoridades marroquíes antes, durante y después de los acontecimientos de Ceuta, así como de los informes de los servicios de inteligencia y de los órganos de seguridad nacional.
El artículo 102 de la Constitución, recuerda Vox, atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia para exigir la responsabilidad criminal del presidente y de los miembros del Gobierno cuando la acusación se refiera a delitos de traición o contra la seguridad del Estado cometidos en el ejercicio de sus funciones. Para iniciar el proceso, la iniciativa debe ser presentada por al menos una cuarta parte de los miembros del Congreso —88 diputados— y ser aprobada por mayoría absoluta de la Cámara.
El partido ha puesto a sus 33 diputados ‘a disposición de cuantos grupos parlamentarios estén dispuestos a promover dicha iniciativa constitucional, haciendo un llamamiento expreso al resto de fuerzas políticas para que permitan la apertura del procedimiento’. La formación insiste en que sea el Tribunal Supremo quien determine, tras la correspondiente investigación, si existen responsabilidades penales.
Viabilidad parlamentaria y posición del PP: 88 escaños y mayoría absoluta
Con los únicos 33 escaños de Vox, la acusación está lejos de los 88 apoyos que exige el reglamento. Sin el concurso del Partido Popular, que dispone de 137 diputados, la iniciativa no puede salir adelante. Fuentes del GPVOX consultadas por este medio reconocen que, de momento, ningún otro grupo se ha sumado a la propuesta, pero confían en que la gravedad de los hechos obligue al PP a retratarse. ‘No se puede mirar para otro lado cuando está en juego la seguridad nacional’, señalan.
El procedimiento, además de la firma inicial, requeriría una votación en el Pleno con mayoría absoluta. Esto coloca al PP ante una disyuntiva incómoda: apoyar una ofensiva contra Sánchez impulsada por Vox —con el consiguiente riesgo de aparecer alineado con su principal rival por la derecha— o abstenerse y exponerse a las críticas de quienes le acusan de no querer llegar al fondo de la crisis de Ceuta.
Vox lanza una ofensiva constitucional que, sin los votos del PP, se queda en un gesto parlamentario, pero sitúa a Sánchez en el centro de una acusación de traición.
Lectura estratégica: Vox tensa la cuerda de la seguridad nacional
La activación del artículo 102 no es un movimiento rutinario. Responde a una estrategia de largo recorrido con la que Vox pretende erigirse en el único partido que utiliza todos los resortes constitucionales contra el Gobierno. Frente a un PP que, a juicio de la dirección de Vox, se muestra tibio en la defensa de la soberanía, la formación de Abascal quiere dejar claro que no hay líneas rojas cuando se trata de depurar responsabilidades por hechos que afectan a la integridad territorial.
En este contexto, la referencia a la ‘guerra híbrida’ no es casual: Vox busca arrastrar el debate desde el ámbito migratorio al de la seguridad nacional, un terreno en el que cree poder disputar con ventaja al PP. La petición de desclasificación de los contactos con Marruecos añade una capa de presión adicional sobre el Gobierno y obliga a los demás grupos a fijar posición en un tema sensible para el electorado de centroderecha.
La maniobra tiene también una lectura interna: el partido necesita demostrar músculo parlamentario en un momento en que su influencia se mide por su capacidad para marcar la agenda. Que la iniciativa prospere o no es, en cierto modo, secundario. Lo relevante es que el debate se instale en el Congreso y que la sombra de la traición sobrevuele al presidente del Gobierno.
