Tras décadas pagando alquiler, 10.000 familias canarias exigen al Gobierno de Canarias la propiedad de sus viviendas protegidas.
La plataforma Viviendas Sociales en Lucha agrupa a hogares que han abonado mensualmente sus cuotas durante cerca de treinta años. Sus contratos, aseguran, incluían una cláusula de acceso a la propiedad que nunca se materializó. Lo que está en juego no es solo una vivienda: es la seguridad jurídica y la promesa incumplida a miles de canarios.
El conflicto ha llevado a los afectados a manifestarse frente a las sedes del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) en Las Palmas de Gran Canaria. Araceli Refoyo, presidenta de la asociación, denuncia que el actual Ejecutivo de Fernando Clavijo (CC–PP–ASG) pretende sustituir el modelo de compra por un régimen de alquiler que dispara las mensualidades.
En el centro de la controversia están dos normas. El Decreto 1/2023, aprobado por el anterior Gobierno que presidía Ángel Víctor Torres (PSOE), regula el procedimiento para que los inquilinos de viviendas protegidas accedan a la propiedad. La nueva administración autonómica, sin embargo, impulsó el Decreto 23/2026, de 9 de marzo, que moderniza el sistema de adjudicación de vivienda pública y, a juicio de los demandantes, desactiva los derechos adquiridos. El actual Ejecutivo defiende que la vivienda pública debe mantenerse siempre en manos de la comunidad.
El consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, ha sido claro: «Hemos hecho justo el camino contrario, declarar que la vivienda pública siempre sea pública». El Decreto-ley 1/2024, de 19 de febrero, estableció esa condición de permanencia, alineándose con la estrategia estatal de blindar el parque público. Canarias cuenta con apenas 20.000 viviendas de titularidad autonómica para una población que supera los 2,2 millones de habitantes.
Rodríguez admite que quienes tengan el derecho a la propiedad por escrito y con anterioridad a los nuevos decretos podrán ejercerlo, pero insiste en que no se pueden seguir perdiendo activos públicos en plena emergencia habitacional. La plataforma, en cambio, teme que las nuevas condiciones supongan un salto en las rentas de alquiler: de los 20 euros mensuales que abonan ahora a más de 400 euros en los nuevos contratos.
En Canarias, la vivienda protegida está atrapada entre la urgencia de un parque público permanente y el derecho histórico de quienes ya creían tener garantizada la propiedad.
El PSOE se ha alineado con los afectados. Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento canario, acusa a Clavijo de «guardar en un cajón» un decreto que sigue vigente y que no ha sido derogado. La tensión política amenaza con enquistarse en la Cámara autonómica.
El origen de un limbo jurídico que dura ya tres décadas
El desencuentro actual no es nuevo. Desde que se entregaron las primeras promociones acogidas al III Plan Canario de Vivienda, miles de adjudicatarios han vivido con la expectativa de que, al cabo de un plazo, el alquiler se convertiría en título de propiedad. El Decreto 1/2023 vino a actualizar ese procedimiento y a recoger las reclamaciones de las familias, pero la llegada del Ejecutivo de coalición en 2023 cambió las prioridades. Lo que para unos es un derecho consolidado, para el actual Gobierno es una vía que vacía el parque público.
El Ejecutivo insiste: «La vivienda pública siempre será pública»
La postura del consejero Pablo Rodríguez y de Fernando Clavijo pivota sobre una idea: en una situación de emergencia habitacional, desprenderse de las pocas viviendas públicas que existen sería un error histórico. El Decreto-ley 1/2024, que consagró el carácter permanente del parque, y el reciente Decreto 23/2026 tratan de ordenar un sistema de adjudicación que, según el Gobierno, no puede permitirse perder más inmuebles. No obstante, para los 10.000 hogares que aseguran tener el derecho por escrito, la fórmula de «buscaremos la manera» se traduce en un limbo que ya suma más de treinta años.
El mapa del poder en Canarias
El Gobierno de CC–PP–ASG tiene mayoría suficiente para sacar adelante los decretos, pero el bloqueo del procedimiento de compra pone a prueba su capacidad de gestionar el descontento social sin fracturar la coalición. La tensión no es exclusiva de las islas: en Baleares también se ha congelado la venta de vivienda pública para preservar el parque. Sin embargo, la peculiaridad canaria reside en los compromisos escritos que avalan a las familias, un hecho que el anterior Ejecutivo de Ángel Víctor Torres convirtió en derecho reforzado. Con las elecciones autonómicas previstas para 2027, el conflicto puede escalar a los tribunales si el Gobierno regional no concreta la vía para que esos 10.000 hogares ejerzan su opción de compra sin desmantelar el parque público. Mientras, la plataforma Viviendas Sociales en Lucha anuncia nuevas movilizaciones.
Ficha Autonómica
- El caso: 10.000 familias canarias reclaman la propiedad de sus viviendas protegidas tras varias décadas de alquiler, contando con contratos que recogían ese derecho. El actual Gobierno autonómico defiende la permanencia del parque público.
- Datos importantes: Parque público de 20.000 viviendas. Decreto 1/2023 (anterior gobierno) y Decreto-ley 1/2024 que declara la vivienda pública permanente. Los afectados denuncian subidas de alquiler de 20 a 400 euros mensuales.
- Resumen: El Ejecutivo de Clavijo estudia vías para quienes tengan el derecho por escrito, mientras los afectados exigen la aplicación inmediata del Decreto 1/2023. El choque político se intensifica con el PSOE exigiendo su cumplimiento.
