EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Israel admite por primera vez que sus tropas mataron a Hind Rajab, una niña palestina de cinco años, y abre una investigación penal. En paralelo, no investigará la muerte de siete cooperantes de World Central Kitchen en Gaza.
- ¿Quién está detrás? Las Fuerzas de Defensa de Israel reconocieron los disparos contra el coche y la ambulancia; Australia ha convocado al embajador israelí Hillel Newman por el caso de la cooperante Zomi Frankcom.
- ¿Qué impacto tiene? La doble decisión aviva la presión internacional sobre la justicia militar israelí y tensa las relaciones con Canberra en plena ofensiva diplomática por Gaza.
Israel admite haber matado a Hind Rajab, de cinco años; no indagará la muerte de siete cooperantes de WCK. La admisión, hecha pública esta semana por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), abre una investigación penal para el primer caso y cierra la puerta al segundo.
Ambos incidentes ocurrieron en 2024 y convirtieron a la niña y a los trabajadores humanitarios en los rostros más reconocibles de la ofensiva israelí sobre Gaza. La diferencia de trato entre los dos expedientes ha vuelto a encender la controversia, sobre todo por la nacionalidad australiana de una de las víctimas del convoy.
Una niña bajo fuego, una ambulancia coordinada y después alcanzada
Hind Rajab, de cinco años, huía del barrio de Tel al-Hawa, en la ciudad de Gaza, con varios familiares cuando el coche en el que viajaban recibió fuego intenso de las tropas israelíes en enero de 2024. Investigaciones independientes contabilizaron cientos de impactos de bala y estimaron que un tanque israelí se encontraba a pocos metros del vehículo y podía identificar sin margen de error que se trataba de civiles.
La niña sobrevivió al ataque inicial y permaneció varias horas atrapada junto a los cadáveres de sus familiares. Durante ese tiempo, pidió auxilio por teléfono a los operadores de la Media Luna Roja Palestina. Una ambulancia enviada al lugar, después de coordinar su recorrido con el ejército israelí, fue alcanzada por un proyectil; los dos paramédicos que iban a bordo murieron.
Los cuerpos de Hind, de sus parientes y de los equipos de emergencia no pudieron recuperarse hasta doce días después, cuando las tropas israelíes se retiraron de la zona.
Israel admite un error grave con una niña de cinco años, pero blinda penalmente a los mandos que ordenaron disparar contra cooperantes.
Doble decisión: investigación penal para un caso, carpetazo para el otro
Hasta esta semana, las FDI habían negado siquiera que sus unidades estuvieran en Tel al-Hawa el día del ataque. Ahora reconocen que dispararon contra el automóvil de Hind Rajab y que, posteriormente, un proyectil impactó contra la ambulancia. La propia fuerza militar admite que los hallazgos y los aparentes fallos de coordinación justifican una investigación penal.
En el expediente de World Central Kitchen, la lectura es otra. El mando israelí habla de ‘fallos graves’, pero no ve indicios de conducta delictiva. Según la versión castrense, los soldados creyeron que un combatiente de Hamás, viajaba en el convoy y que los vehículos se habían desviado de la ruta acordada. Por eso, no se abrirá causa penal contra ningún responsable.
La respuesta diplomática no se ha hecho esperar. Canberra convocó al embajador israelí Hillel Newman y la ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, calificó la decisión de ‘muy por debajo de la rendición de cuentas que esperamos’. Wong cuestionó que, si el primer impacto fue un ‘error catastrófico’, se lanzaran nuevos misiles minutos después. Australia también exige a Israel que entregue el audio del dron que siguió al convoy.
La familia de Zomi Frankcom, la cooperante australiana asesinada, se declaró ‘profundamente decepcionada’ y reclamó una investigación independiente. La propia organización World Central Kitchen ha rechazado la versión israelí y recuerda que la FDI sabía que sus trabajadores estaban desarmados y tenía ‘plena claridad visual’ de los vehículos marcados. Su conclusión es directa: ‘el ejército israelí no puede investigar con credibilidad su propia conducta’.
El embajador israelí en Canberra ha defendido la decisión de su Gobierno. Sostiene que ‘no hubo intención criminal’ de matar a civiles inocentes y, por tanto, no existe responsabilidad penal. También se negó a pedir disculpas porque, según su razonamiento, hacerlo podría acarrear ‘ramificaciones legales’. Y añadió que ‘hay muchos que odian a Israel en Australia’.
Equilibrio de Poder
La admisión sobre Hind Rajab no se produce en un vacío jurídico ni político. El expediente llega en un momento en que Washington, bajo la administración de Donald Trump, mantiene su respaldo militar y diplomático a Israel, mientras socios como Australia se desmarcan y elevan el tono. Moscú, a través de RT, amplifica la noticia para denunciar el doble rasero occidental; el mismo gesto que el Kremlin utiliza para restar legitimidad al orden internacional y desviar la atención de sus propias operaciones en Ucrania.
Para España, el caso refuerza la línea de una parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que reconoció el Estado palestino en 2024 y ha criticado la respuesta militar israelí en Gaza. La negativa a investigar la muerte de los cooperantes da munición a las voces del sur de Europa que exigen más contundencia contra el Gobierno de Netanyahu. No obstante, Moncloa debe moverse con cautela: Israel es un socio relevante en materia de defensa y tecnología, y un choque frontal con Washington no entraría en los cálculos.
El riesgo a corto plazo es que la doble decisión alimente la narrativa de impunidad y sirva de argumento para nuevas iniciativas ante la Corte Penal Internacional. El caso recuerda al de la periodista Shireen Abu Akleh, muerta por disparos israelíes en 2022, donde la admisión tardía no se tradujo en procesamientos. Ahora, activistas y juristas miran al expediente de Hind Rajab como un intento de romper ese patrón. Lo que está en juego es si la presión internacional logrará cambiar una dinámica que, hasta la fecha, raras veces ha terminado en condenas. La próxima ventana crítica será la respuesta formal de Canberra y el eco del expediente en la Asamblea General de la ONU.
