El pacto entre el PP y Vox en Castilla y León fija la ‘prioridad nacional’ y la colaboración público-privada como ejes. El documento, presentado a comienzos de junio, suma 19 ejes y 324 medidas y replica las claves ya cerradas en Aragón y Extremadura.
Qué recoge el pacto y cómo lo defiende Vox
El acuerdo ocupa 62 páginas y distribuye el Consejo de Gobierno en dos vicepresidencias y diez consejerías: siete para el PP y tres para Vox. La sesión de investidura de Alfonso Fernández Mañueco se celebró el 9 de junio en las Cortes de Castilla y León, una vez despejado el calendario tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo.
Vox asume la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, con competencias en inmigración, juventud y cooperación al desarrollo; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, excluida la gestión de incendios; y Cultura, Turismo y Deporte. La estructura replica la de los gobiernos autonómicos de Aragón y Extremadura, un dato que la propia Junta de Castilla y León reconoció durante la presentación.
El eje de inmigración se abre con el rechazo frontal a la política migratoria del Gobierno central y la negativa a acoger más menores extranjeros no acompañados. Mañueco lo defendió con cifras: ‘Estamos por encima de nuestra capacidad, tenemos 130 plazas y tenemos 186 menores no acompañados en estos momentos’. El texto añade la verificación de la edad, la supresión de subvenciones a la ‘inmigración ilegal’ y la prohibición del burka y del niqab en espacios públicos.
En protección civil e incendios, el acuerdo introduce la ‘colaboración público-privada’ para la limpieza, el mantenimiento y la repoblación de los bosques. El objetivo declarado es la prevención y la extinción, pero el texto se aleja del operativo 100% público que reclamaban las asociaciones de bomberos forestales tras los incendios que arrasaron cerca de 172.000 hectáreas en la comunidad.
El pacto también destaca por lo que omite: no incluye referencias expresas al aborto, a la ley de violencia de género ni a los derechos LGTBIQ+. Esa ausencia reduce el tono identitario respecto al acuerdo de 2022 y desplaza el peso del documento hacia la gestión, la fiscalidad y los servicios públicos.
El pacto convierte a Castilla y León en laboratorio de la prioridad nacional y de la colaboración público-privada, con Vox dentro del Consejo de Gobierno.
Impacto parlamentario y reacciones sindicales
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado la construcción de un ‘falso problema’ en inmigración y ha criticado la reducción al 50 por ciento de las subvenciones sindicales. Su secretario general en la comunidad, Óscar Lobo, ha recordado que la Justicia ya obligó a la Junta de Castilla y León a revertir esa medida tras el acuerdo de 2022: ‘Si están dispuestos, nos volveremos a ver en los tribunales’.
Las organizaciones sociales también cargan contra una agenda que, a su juicio, escucha más a la dirección nacional del PP en Génova que a la ciudadanía autonómica. El acuerdo de gobierno, sin embargo, evita esta vez los elementos que más tensión generaron en la anterior legislatura y blinda la estabilidad mediante un reparto cerrado de competencias.
La composición del nuevo Ejecutivo confirma una presencia institucional real para Vox, con una vicepresidencia y tres consejerías. Ese reparto supone un salto cualitativo frente a su papel de apoyo externo en otros territorios.
La lectura estratégica: Castilla y León como referencia
La repetición de las fórmulas de Aragón y Extremadura confirma que Vox convierte sus pactos autonómicos en un modelo con cláusulas comunes. La prioridad nacional deja de ser un eslogan para transformarse en política de contratación y de ayudas, y la colaboración público-privada marca el camino en la gestión forestal y de emergencias.
El precedente de 2022 pesa: aquel gobierno con Vox se disolvió a los dos años precisamente por el pulso migratorio, y ahora el mismo punto vuelve al texto con más detalle. La dirección de Vox lee este acuerdo como una prueba de que su presencia corrige las políticas del PP sin necesidad de renunciar a sus principios.
El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ya ha señalado que ‘Andalucía no puede ser menos’, lo que sitúa a Castilla y León como el siguiente eslabón de una estrategia que mira a las próximas elecciones autonómicas. El acuerdo está cerrado; ahora falta comprobar su aplicación.
