Donald Trump plantea una tasa de 103.265 dólares para cada nueva solicitud del visado H-1B, la puerta de entrada del talento extranjero a la gran tecnología. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó la propuesta y abre un periodo de comentarios públicos de 30 días que concluirá cerca del 23 de septiembre.
No es todavía una decisión cerrada. La administración tendrá que superar la revisión interna, las alegaciones y la posibilidad de otra batalla judicial. Aun así, el mensaje político es inequívoco: Washington quiere encarecer la contratación de perfiles extranjeros sujetos al cupo anual de 85.000 visados.
Un disuasorio financiero para el programa H-1B
La fórmula elegida por el DHS cambia el encuadre jurídico del primer intento. En septiembre de 2025, Donald Trump firmó una proclamación que imponía una tasa de 100.000 dólares a todas las solicitudes nuevas. Los tribunales la bloquearon porque interpretaron que el presidente intentaba crear un impuesto, una facultad reservada al Congreso. Ahora el departamento presenta la tasa como un mecanismo de recuperación de costes administrativos. No sustituye a las tasas actuales: se suma.
La nueva propuesta afecta únicamente a las peticiones sujetas al límite numérico anual. El programa permite 65.000 aprobaciones ordinarias y otras 20.000 para titulados con máster o doctorado. Las tecnológicas, las financieras y las ingenierías que compiten en la lotería anual de USCIS serían las más expuestas.
El objetivo declarado es doble: desalentar solicitudes especulativas y financiar la maquinaria administrativa del sistema migratorio. La lógica es simple. Si una empresa paga 103.265 dólares por cada petición, se lo pensará dos veces antes de patrocinar a un candidato débil. Y, de paso, aumentará el incentivo para contratar primero a trabajadores estadounidenses.
La pelea no es solo migratoria: es una disputa por quién fija el precio del talento en el mercado laboral estadounidense.
A quién golpea la tasa y quiénes quedan fuera
Universidades, organizaciones sin ánimo de lucro y centros de investigación gubernamentales quedarían exentos en un primer momento. Si un profesional pasa de una universidad al sector privado, la exención desaparece. El grueso de los 600.000 titulares de H-1B ya presentes en el en el país no compite cada año por el cupo y, por tanto, no quedaría alcanzado por la nueva tasa.
Para España, el impacto directo sobre las grandes empresas con presencia en Washington o en Silicon Valley es limitado. Inditex, Santander, Iberdrola o Ferrovial no dependen de forma estructural de la lotería del visado H-1B de USCIS. Sin embargo, la medida encarece el ecosistema tecnológico en el que compiten por talento y, sobre todo, estrecha la vía para los profesionales españoles que buscan trabajo en la gran tecnología estadounidense.
La Lógica de Washington
Desde la capital federal, la propuesta no se lee como una política migratoria clásica, sino como un ajuste de incentivos. El programa H-1B nació en 1990 con la ley de inmigración firmada por George H.W. Bush. Fue una apuesta por importar cerebros en un momento de expansión tecnológica. Tres décadas después, la coalición que rodea a Donald Trump sostiene que el programa se desvió: demasiada tercerización laboral, salarios a la baja y casos de fraude. La tasa pretende corregir ese desvío sin prohibir el instrumento.
Que la administración haya optado por una tasa administrativa y no por el fin del programa no es casualidad. Abolir el H-1B requeriría una ley del Congreso, y no hay mayorías claras para eso. Endurecerlo por vía reglamentaria, en cambio, está al alcance del Departamento de Seguridad Nacional. Esa es la mecánica que Washington pone a prueba.
Los demócratas y algunos sectores del capital tecnológico critican que el coste recaerá sobre las empresas que compiten por talento global. Según la Casa Blanca, la prioridad es defender a los trabajadores estadounidenses. El desenlace no está escrito. La ventana clave es el 23 de septiembre, cuando venza el periodo de comentarios. A partir de ahí, la agencia revisará las alegaciones y la decisión podría tardar meses. Para las empresas que preparan solicitudes, 2026 se convierte en el año de la recalculación.
Ficha del Caso
- El caso: El DHS propone una tasa de 103.265 dólares para nuevas peticiones del visado H-1B sujetas al cupo anual, después del intento bloqueado por los tribunales en 2025.
- Datos clave: 85.000 nuevas aprobaciones anuales; 65.000 generales y 20.000 para titulados superiores; periodo de comentarios hasta el 23 de septiembre; exención para universidades, ONG e investigación sin ánimo de lucro.
- Para España: El impacto directo en los grandes grupos españoles es contenido, pero el encarecimiento del talento tecnológico reduce oportunidades de movilidad laboral transatlántica.
