Vox ha rechazado la reforma de la ley de extranjería aprobada por el Gobierno tras la crisis de Ceuta. El Consejo de Ministros aprobó en su primer encuentro tras el parón estival dos anteproyectos, pero la formación de Santiago Abascal advierte de que no frena la inmigración irregular.
La posición de Vox: rechazo frontal y exigencias sobre el terreno
La formación que preside Santiago Abascal ha recibido la propuesta del Gobierno como una adaptación burocrática del Pacto Europeo de Migración y Asilo que no ataca la raíz del problema. Según fuentes del partido consultadas por Moncloa.com, la dirección sostiene que la crisis de Ceuta exige medidas de urgencia: despliegue efectivo de los Cuerpos de Seguridad del Estado, cierre de los pasos no regularizados y retorno inmediato de quienes acceden sin autorización.
El Grupo Parlamentario VOX ya ha trasladado en anteriores sesiones del Congreso de los Diputados que la inmigración irregular funciona como un factor de desestabilización. La reforma que ha presentado el Ejecutivo incorpora un triaje de 72 horas y un procedimiento de retorno de 12 semanas, pero para Vox es insuficiente. El partido reclama plazos más cortos, detención en frontera y eliminación de cualquier vía que, a su juicio, consolide el efecto llamada.
Qué plantea el Gobierno y qué recorrido tiene el texto
Los anteproyectos de una nueva Ley reguladora de la Protección Internacional y de la reforma parcial de la Ley de Extranjería fueron aprobados en primera vuelta. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presentó ambas iniciativas como un intento de conciliar una gestión ‘ágil, eficaz y ordenada’ con las garantías de los migrantes. El triaje fronterizo y el procedimiento de retorno son los ejes centrales de la reforma.
La norma mantiene un plazo máximo de 72 horas para el procedimiento previo a la entrada, frente a los siete días que permite el Pacto Europeo. El procedimiento de retorno podrá prolongarse hasta 12 semanas, durante las cuales las personas que hayan solicitado protección internacional deberán permanecer a disposición de las autoridades. El texto también distingue entre procedimiento ordinario y acelerado, este último con resolución máxima de tres meses.
Los dos anteproyectos todavía deben superar los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y de la Agencia Española de Protección de Datos. Después tendrá que producirse una segunda vuelta antes de su remisión al Congreso. Grande-Marlaska confía en convertirlos pronto en proyectos de ley y buscar el mayor consenso posible.
La reforma nace de una lógica de gestión, no de control efectivo: Vox va a explotar esa brecha en el Congreso y en la calle.
La lectura estratégica: el pulso migratorio también aprieta al PP
El rechazo de Vox no es un gesto aislado. La inmigración se ha convertido en el principal conflicto estratégico de la legislatura y la crisis de Ceuta vuelve a situar al partido en su terreno. Cabe recordar que Vox rompió en julio de 2024 sus pactos autonómicos con el PP por la acogida de menores extranjeros no acompañados. Aquel precedente dejó marcado el perímetro de la relación entre ambos partidos.
Ahora la dirección de Vox ve una oportunidad de presionar al PP antes de que los anteproyectos lleguen a las Cortes. Si los populares se suman al consenso que busca Grande-Marlaska, Vox podrá presentarse como la única oposición real en materia migratoria. Si el PP se desmarca, el partido de Abascal reforzará su tesis de que solo su discurso se atreve a señalar el problema. La web oficial de Vox recoge en estos días su campaña contra la inmigración irregular.
En paralelo, el Gobierno mantiene un frente abierto contra la extrema derecha. Marlaska ha anunciado trabajo con la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio. La dirección de Vox responde que la verdadera emergencia está en la frontera, no en los discursos. El próximo debate en el Congreso será el escenario donde se mida el alcance real de este pulso.
