La guerra contra Irán dispara la factura energética de España en 8.800 millones entre marzo y agosto, según CREA.
El último informe del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) pone cifras al golpe que la crisis del Golfo Pérsico ha asestado a las economías europeas. De los 170 países analizados, 134 pagaron más por el diésel de lo que los mercados proyectaban antes de la contienda. España figura entre los diez más castigados del mundo.
El desglose es demoledor: Italia asume 12.700 millones de euros en costes extraordinarios, Países Bajos 11.500, Francia 10.800 y España 8.800 millones de euros. En conjunto, estas cuatro economías de la UE han absorbido más de 40.000 millones de euros sin importar volúmenes adicionales de energía. Es el precio de la guerra, no de un mayor consumo.
Los 8.800 millones de España y el efecto dominó sobre el transporte
La factura se ensaña con el diésel. Europa depende de este combustible para mover camiones, maquinaria agrícola y buena parte de la industria; cada subida de precio se traslada a las cadenas de suministro y, al final, a la cesta de la compra.
El gas natural licuado (GNL) tampoco da tregua: su precio subió un 60% en la cuenca atlántica y un 75% en la del Pacífico. La gasolina y el diésel acumulan un encarecimiento del 59% desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la ofensiva contra Irán el 28 de febrero. Para compensar la pérdida de suministros de Oriente Medio, Washington y Oslo se convirtieron en los principales proveedores de crudo y GNL a la UE durante el primer trimestre.
La factura renovable: 36.000 millones ahorrados que no compensan el golpe
La paradoja es que la transición energética ya estaba amortiguando el golpe. La capacidad limpia instalada desde 2020 permitió ahorrar 36.000 millones de euros en importaciones fósiles durante los cinco primeros meses de la crisis. Luke Wickenden, analista de CREA, lo resume sin rodeos: ‘la mejor manera de protegerse de los altos precios del petróleo es dejar el oro negro lo antes posible’.
España ahorra miles de millones gracias a las renovables, pero cada ciudadano carga con un sobrecoste bruto de 181 euros por la dependencia fósil del transporte y la industria.
La lectura estratégica es otra. Isaac Levi, del equipo de análisis de políticas y energía de CREA, lo explicó a Euronews: ‘las renovables ahorraron a España miles de millones, pero el transporte, la aviación y la industria dependientes del petróleo hicieron que cada persona cargara con un coste bruto adicional de importación de combustibles fósiles de 181 euros’. La conclusión es que la electricidad limpia debe ir acompañada de una electrificación más rápida del conjunto de la economía.
Esa es exactamente la presión que ahora llega a Bruselas. Más de cien organizaciones europeas e internacionales han firmado una carta que pide a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que presente un plan de salida de los combustibles fósiles en su discurso sobre el estado de la Unión, previsto para el 16 de septiembre.
La misiva, encabezada por Climate Action Network Europe, insta a encargar un informe independiente similar al informe Draghi, con un objetivo explícito: que esta crisis de los combustibles fósiles sea la última de Europa. Los firmantes proponen situar las renovables, la eficiencia, las redes y la flexibilidad limpia como motores de la estrategia, y reclaman que el gasto comunitario se desvíe de las inversiones que prolongan la dependencia fósil.
El precedente es claro. El plan REPowerEU de 2022 aceleró la desconexión del gas ruso y financió infraestructuras de GNL y renovables. Ahora, con la guerra contra Irán como telón de fondo, la pregunta es si Bruselas repetirá el gesto para desengancharse del crudo y del gas importado de otra zona de tensión geopolítica.
El Eje del Poder Europeo
La crisis energética no se reparte por igual en la UE. Los países del sur, con España e Italia a la cabeza, están pagando un sobrecoste desproporcionado por su dependencia del diésel y del petróleo. Países Bajos y Francia, en el corazón del eje atlántico, acusan el golpe por su exposición al comercio marítimo y a la refinación. Los nórdicos y bálticos, con mayor penetración renovable, observan con menos angustia el encarecimiento del crudo. Es una geometría variable que tensa al Consejo Europeo.
Para España, el impacto se suma a una posición negociadora ya debilitada por la regla fiscal. 8.800 millones de euros de sobrecoste equivalen a más de un tercio del objetivo anual de reducción de déficit que Bruselas exige a Madrid. La partida energética amenaza con desactivar los márgenes que el Gobierno necesita para los Presupuestos y reabre el debate sobre la fiscalidad verde y las ayudas a transportistas y agricultores.
La lectura a cinco y diez años es incómoda. Los firmantes de la carta a Von der Leyen piden un informe similar al Draghi, y eso apunta a un posible viraje comunitario: si Bruselas acelera la salida de los combustibles fósiles, España tendrá que electrificar transporte e industria mucho más rápido de lo previsto. Si no lo hace, seguirá expuesta a cada choque geopolítico. El 16 de septiembre marcará el primer test. La próxima cumbre del Consejo Europeo de otoño podría convertir este agujero de precios en un eje central de la agenda.
