Vox cerró con el PP un pacto de coalición en Castilla y León con la prioridad nacional y la privatización como ejes. El acuerdo, presentado a comienzos de junio, replica los de Aragón y Extremadura y blinda para Vox tres consejerías.
El documento, rubricado tras casi noventa días de diálogo y presentado a comienzos de junio, consta de 19 ejes y 324 medidas repartidas en 62 páginas. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, lo definió como un criterio inspirador y admitió que reproduce lo pactado en Aragón y Extremadura. Vox asume una vicepresidencia y tres consejerías: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, sin la gestión de incendios; y Cultura, Turismo y Deporte, con Carlos Pollán como vicepresidente.
La propuesta de Vox: prioridad nacional y desregulación
La prioridad nacional es la medida que Vox ha logrado insertar como principio rector de los servicios sociales. Según el texto del acuerdo, la Junta priorizará a los ciudadanos de la comunidad en el acceso a ayudas, rentas y plazas residenciales, un criterio que la formación defiende como garantía de equidad para los castellanos y leoneses frente a la presión asistencial de la inmigración irregular. Para Vox, este es el verdadero blindaje social: que los recursos públicos atiendan primero a quienes residen legalmente en la comunidad.
El acuerdo dedica un bloque específico a la inmigración. La primera medida es taxativa: ‘No más menores extranjeros no acompañados (MENAS). Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central. También se recogen la verificación de la edad de los inmigrantes en situación irregular, la supresión de subvenciones que puedan atraer inmigración ilegal y la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos.
Vox asume además la nueva Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, encargada de simplificar trámites y de aplicar la prioridad nacional. El pacto otorga a la formación las carteras de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental —sin la gestión de incendios— y de Cultura, Turismo y Deporte, cuyo vicepresidente será Carlos Pollán.
La apuesta por la desregulación y la prioridad nacional tiene una lectura económica: Vox quiere convertir Castilla y León en un contrapeso a las políticas del Gobierno central en materia migratoria y social. Así lo defiende el partido dentro del nuevo Ejecutivo autonómico.
El acuerdo convierte la prioridad nacional en el eje de los servicios sociales: la Junta asume por escrito que los recursos públicos deben atender primero a la población local.
Impacto y reacciones: sindicatos, legalidad y privatización
Las organizaciones sindicales han reaccionado con dureza. El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, denunció que Vox genera un ‘falso problema’ con la inmigración en una de las comunidades más despobladas de la Unión Europea. También criticó la reducción del 50 % de subvenciones a los sindicatos, medida que la Justicia ya obligó a revertir tras el pacto de 2022. ‘Si están dispuestos, nos volveremos a ver en los tribunales’, advirtió.
El capítulo de incendios también despierta dudas. El acuerdo establece que ‘se incrementará de forma efectiva la colaboración público-privada‘ para la limpieza y repoblación de bosques, una fórmula que se aleja del operativo de prevención y extinción 100 % público que reclamaron los bomberos forestales tras el incendio que arrasó cerca de 172.000 hectáreas. La gestión de incendios queda en manos del PP, mientras Vox asume la política ambiental, de carga más ideológica.
El documento no incluye referencias al aborto, a la ley de violencia de género ni a los derechos LGTBIQ+. Se trata de un cambio respecto al acuerdo de 2022, que incluía medidas antiabortistas y una ley de violencia intrafamiliar. El nuevo pacto se limita a recoger bonificaciones y ayudas para víctimas de violencia contra la mujer, sin concretar la normativa de protección LGTBIQ+.
La estrategia de Vox: consolidar el patrón territorial
El pacto consolida el patrón territorial que Vox ya estrenó en Aragón y Extremadura. La ruptura del anterior gobierno PP-Vox en 2024 por la política migratoria no ha impedido que el partido vuelva a condicionar la agenda del PP. En esta ocasión, la prioridad nacional aparece como criterio inspirador, no como confrontación directa con Génova. La dirección de Vox lee el acuerdo como una victoria de su modelo: el PP necesita sus votos y asume parte de su discurso. El líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ya ha advertido que ‘Andalucía no puede ser menos’. La referencia a próximas citas electorales es evidente: el PP tiene un nuevo documento base en el que inspirarse, y Vox, una palanca para presionar en otras autonomías.
