Padrón falso Arganda: el Ayuntamiento investiga más de 50 casos en 12 viviendas

La red cobraba entre 300 y 500 euros a ciudadanos en situación irregular por facilitarles la tramitación. El Consistorio ha dado de baja los empadronamientos y se personará como acusación particular.

Un vecino destapó en Arganda del Rey más de 50 empadronamientos irregulares en 12 viviendas. Había acudido a pedir un volante de empadronamiento tras ser padre y descubrió que en su domicilio figuraban empadronadas otras cuatro personas de distintas nacionalidades a las que no conocía.

El hallazgo, publicado por La Razón, activó una inspección municipal que ha confirmado un fraude masivo: contratos de alquiler falsificados a nombre de propietarios legítimos para empadronar a extranjeros sin su consentimiento. Los domicilios funcionaban en la práctica como pisos patera, repartidos por el municipio de Arganda del Rey, con más de 60.000 habitantes. La inspección, además, constató que los doce inmuebles actuaban como altavoces de empadronamiento para personas que nunca residieron allí.

Cómo un volante de empadronamiento destapó la trama

El caso saltó hace unos dos meses por casualidad. El vecino que pidió su volante comprobó que compartía padrón con cuatro desconocidos y alertó a las dependencias municipales. No hay alarma social generalizada en las calles de Arganda, pero el malestar se ha instalado entre los dueños de los pisos afectados: ninguno de ellos había firmado contrato alguno con los supuestos inquilinos.

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El alcalde, Alberto Escribano, no esconde la inquietud. ‘Alarma a cualquiera. Si me pasa a mí en mi casa o a cualquier otra persona, te asusta porque no sabes qué puede conllevar eso’, ha explicado a La Razón, convencido de que el Ayuntamiento tiene responsabilidad en evitar el engaño aunque, admite, le resulte difícil detectarlo a priori.

El negocio de las mafias y el agujero del INE

Las redes organizadas cobran entre 300 y 500 euros a personas en situación irregular por facilitarles el empadronamiento, requisito indispensable para iniciar cualquier regularización. Los empleados públicos que atienden el trámite, no tienen forma de verificar si el contrato que les presentan es auténtico: a simple vista, aparentan ser documentos perfectamente hechos.

El regidor apunta al marco del INE: el procedimiento no exige que esté presente el titular de la vivienda, de modo que basta un contrato falsificado para colar el alta. ‘Como tampoco te exige que tenga que estar el titular de la vivienda… en cuanto te falsifican todo eso, el empleado público que atiende no tiene capacidad de ver si el contrato es verdadero o falso’, resume.

El padrón debería decir quién vive en cada casa; aquí decía quién pagaba por aparentarlo.

Otra sombra sin resolver es la procedencia de los datos. Escribano reconoce que los investigadores se preguntan de dónde obtienen las mafias el DNI o los datos personales de los propietarios legítimos. Mientras, algunos de los empadronados ni siquiera viven en Arganda: al contactar con uno de ellos, el alcalde comprobó que residía en Guadalajara.

Lo que el Ayuntamiento ha hecho y lo que no cierra aún

El Consistorio ha tramitado de oficio las bajas administrativas de los casos detectados y ha puesto la documentación a disposición de la Guardia Civil. Además, se personará como acusación particular en los procesos judiciales. ‘Entendemos que puede haber más casos y vamos a seguir depurando porque queremos limpiar esto’, insiste el alcalde.

En esta redacción entendemos que el caso de Arganda no es un problema aislado de este municipio. El padrón municipal es la llave de acceso a la tarjeta sanitaria, la escolarización o los servicios sociales; por eso cualquier debilidad del sistema INE para verificar domicilios se explota de forma organizada. Otros ayuntamientos madrileños comparten el mismo procedimiento marco, así que el margen de fraude es idéntico en toda la región.

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La decisión de personarse como acusación particular marca un cambio de registro: en lugar de limitarse a depurar el padrón, el Ayuntamiento intenta sentar un precedente penal. Falta por ver si la Guardia Civil logra identificar a los responsables de las falsificaciones y si el sistema del INE asume alguna revisión preventiva. Quedan meses. El siguiente termómetro, en todo caso, lo pondrá el propio padrón: si aparecen nuevas altas sospechosas en esas doce viviendas u otras similares, la trama sigue viva. Cosmética de padrón, pues, no bastará.