El pleno del Concello de Ourense (el Ayuntamiento de la capital ourensana) ha tumbado la macromodificación de crédito del gobierno local. La operación buscaba desbloquear 11,46 millones de euros para facturas pendientes y no sumó los apoyos de PP y BNG: el PSOE optó por la abstención.
La operación económica que no logró apoyos
La propuesta llegó al pleno dividida en dos mociones y con carácter de urgencia. En ambos casos, el resultado fue el rechazo. La portavoz popular, Ana Méndez, reprochó al regidor que el expediente no hubiera pasado por la comisión de pleno y que no estuviera aclarado “qué pasa con esos 3,7 millones correspondientes a un plan de pagos del año 2025”.
El BNG (Bloque Nacionalista Galego), a través de su portavoz municipal Luis Seara, elevó la presión: calculó que los retrasos pueden suponer más de 100.000 euros en intereses. “Son cartos que non van a sitios onde teñen que ir”, afirmó, antes de criticar que esos recursos deberían servir para “arranxar cousas, limpar cousas e mellorar cousas”. Además, consideró que el pleno alcanzaba “un nuevo nivel” al amenazar a la oposición por asuntos que son responsabilidad del gobierno local.
María Fernández, edil del PSOE, justificó la abstención socialista con otra lectura: el gobierno municipal no estaría en condiciones de exigir responsabilidades. En su intervención, advirtió de que la cuenta 413, la herramienta contable que recoge obligaciones pendientes de pago, “no va a hacer que nadie cobre”.
El alcalde Gonzalo Jácome no ocultó su malestar. “Hemos consultado a los servicios jurídicos. Esto se va a aprobar hoy, o en otro momento, pero serán ustedes responsables del daño causado a los proveedores”, advirtió. También anticipó una estrategia de desgaste: volverá a tratar el asunto en diez días y, si vuelve a ser rechazado, lo llevará “a cada uno de los plenos”. “Se van a cansar de votar que no”, añadió.
El resto del pleno: buses, carril bici y ruido nocturno
El choque económico no fue el único punto caliente de la sesión. La concejala Ana Fernández negó que el contrato del bus urbano vaya a reiniciarse: “Es cierto que hay que hacer una pequeña rectificación”, explicó, y calculó que la adjudicación se retrasará un par de semanas. El gobierno local adelantó además una nueva modificación de las líneas una vez se adjudique el nuevo contrato.
El pulso entre Jácome y la oposición no es solo contable: la falta de acuerdos deja al Concello sin margen para pagar a proveedores y condiciona la gestión de los servicios públicos.
En el turno de ruegos y preguntas, el regidor cargó contra los carriles bici. “No hay mayor aberración que los carriles bici en las ciudades”, afirmó, y acusó a la Xunta de Galicia, el gobierno autonómico gallego, de actuar con mediocridad por habilitar el eje ciclista del centro al pabellón. “En cuanto podamos lo quitamos”, añadió. Sobre el ruido nocturno en el parque de Santa Teresita, Jácome lo atribuyó “al colectivo gitano” y defendió no aplicar sanciones con el argumento de que muchos serían insolventes.
El Laboratorio Gallego
El rechazo de PP y BNG, con la abstención del PSOE, dibuja una oposición que no cierra filas con el ejecutivo municipal, pero que coincide en frenar la principal herramienta de liquidez del Concello. La situación es habitual en los ayuntamientos gallegos sin mayorías estables: las modificaciones de crédito deben aprobarse por el pleno y, sin acuerdos, el pago a proveedores se convierte en moneda de cambio político. Ourense lo ilustra ahora con 11,46 millones pendientes y con la cuenta 413 como telón de fondo.
La lectura nacional es inmediata: la estabilidad de los gobiernos locales importa tanto como la de los autonómicos. Mientras el PP nacional defiende la gestión económica de los ayuntamientos, lo que ocurre en Ourense recuerda que la fragmentación puede bloquear incluso la actividad administrativa más básica. La incógnita es si Jácome logrará sumar al PSOE o dividir a PP y BNG en las próximas votaciones; por ahora, el calendario vuelve a marcar una cita en diez días.
Ficha del Caso
- El caso: El pleno del Concello de Ourense rechazó la macromodificación de crédito con la que el gobierno local quería liberar 11,46 millones para facturas pendientes.
- Datos importantes: PP y BNG votaron en contra; PSOE se abstuvo. La oposición cifra en más de 100.000 euros los intereses por demoras y pide aclarar 3,7 millones de un plan de pagos de 2025.
- Resumen: Jácome advierte de que volverá a llevar la operación a cada pleno; sin mayoría, la gestión económica municipal queda bloqueada y la presión sobre proveedores aumenta.
