Que un madrileño necesite permiso para entrar en su propia calle es habitual en el centro, pero no existe un único cierre: cada barrio aplica su propia Área de Prioridad Residencial, con perímetros, cámaras y excepciones distintas. Esta lista recorre las zonas que exigen ese pase y las ordena por su historia, superficie y presión turística. El criterio no es el número de multas, sino la singularidad de cada caso: desde el APR pionero que nació a instancias de los vecinos hasta los controles en el corazón monumental.
La selección reúne barrios muy distintos: algunos se blindaron por iniciativa vecinal; otros, por la presión del turismo o el ruido del ocio. Todos comparten el control por matrícula, pero cada uno aplica sus reglas. El APR madrileño se ha construido por capas: primero para rescatar el centro del tráfico, después para cumplir con los límites de calidad del aire. Recorrer cada perímetro explica cómo afecta el pase al residente, al comerciante y al visitante, y por qué entrar en tu propia calle puede ser un laberinto burocrático.
3Justicia: el APR de la movida, entre Chueca y Malasaña
El barrio de Justicia condensa la gran contradicción del cierre del centro de Madrid: dentro de sus 74 hectáreas viven unos 16.000 empadronados que comparten calle con Chueca, el epicentro del ocio LGTBI, y con la frontera misma de Malasaña, la cuna de la movida. Todo ese perímetro quedó encerrado en la ZBEDEP Distrito Centro, heredera de Madrid Central, cuyo control por cámaras de lectura de matrículas funciona las 24 horas desde el 30 de noviembre de 2018. Aquí, llegar a tu propio portal no depende del padrón, sino de que tu matrícula figure dada de alta en el sistema de gestión de accesos: si el vecino no ha registrado su coche, la cámara lo sanciona igual que a un desconocido, con 200 euros de multa (100 en pronto pago). El pase especial no lo necesita el visitante que viene a la fiesta, sino el residente que vuelve a dormir a su calle.
La paradoja alcanza a la economía que alimenta la zona: el grueso de quien solicita autorización son trabajadores, proveedores y clientes de un ocio que, años atrás, fue el más reacio al blindaje. Cuando en 2010 se anunció la futura APR de Justicia, los empresarios de la noche temían que cerrar las calles ahuyentara al público, mientras las asociaciones vecinales la reclamaban como petición histórica. Aquella APR propia, prevista para 2015, acabó diluyéndose en el macroperímetro de Madrid Central, y su estreno resultó caótico justo en Justicia y Universidad: la plataforma de afectados, que agrupaba a unos 80 colectivos de hosteleros, comerciantes y autónomos, denunció que se pasó de una libertad total de acceso a la restricción absoluta sin que estuviera operativa la tramitación de permisos. Hoy, quien termina la noche en casa ajena de Chueca o Malasaña depende de que el residente le gestione una de sus veinte invitaciones mensuales: en el barrio de la movida, el pase especial es también la llave de la fiesta.
