1El alquiler de temporada que nunca se acaba: la fórmula legal para no aplicar la ley de vivienda
La paradoja es tan absurda como cotidiana: el alquiler que se vende como «de temporada» es, en la práctica, el que nunca termina. La fórmula consiste en encadenar contratos de once meses con el mismo inquilino, renovándolos año tras año y consignando una causa de temporalidad —un traslado laboral, unos estudios— que rara vez existe. Como la figura del arrendamiento por temporada es legal (artículo 3 de la LAU), pero está pensada para necesidades pasajeras, el casero esquiva las prórrogas obligatorias de cinco o siete años y, en zona tensionada, los topes de renta de la Ley de Vivienda. La ministra Isabel Rodríguez cifraba en 2026 este fraude en cerca del 75% de la oferta en las grandes ciudades, donde el alquiler temporal ya supera el 30% de los anuncios. La variante más burda es la «estafa de los diez meses»: contratos de septiembre a junio que liberan el piso en verano para explotarlo como alojamiento turístico, pasando de 800 euros mensuales a 150 por noche. Mientras tanto, el inquilino renueva cada curso su propia casa como si fuera un estudiante perpetuo, sin derecho a prórroga ni a estabilidad.
Los tribunales llevan años repitiendo que el nombre del contrato no manda: el artículo 2 de la LAU define el arrendamiento por el uso real, de modo que si el inquilino reside allí de forma permanente y está empadronado, el «temporada» se reclasifica como vivienda habitual. Hay victorias sonadas, como la inquilina de Barcelona que logró quedarse siete años o la familia de San Sebastián que convirtió dos contratos fraudulentos en uno legal de cinco. Pero el resultado es una lotería judicial: en Tarragona, una mujer que encadenó ocho contratos de once meses durante trece años acabó perdiendo la casa porque el último acuerdo, de tres años, era formalmente válido. Lo surrealista es esa inseguridad crónica: cada verano es un ultimátum disfrazado de trámite. Por eso, tras años de avisos, el Gobierno anunció en enero de 2026 un real decreto-ley que presume vivienda habitual a partir del tercer contrato consecutivo, exige acreditar la causa temporal y prevé registro y sanciones. La fórmula tiene los días contados, pero mientras se tramita, millones de inquilinos siguen viviendo en casa ajena con fecha de caducidad anual.
