El Tribunal Supremo ha estimado la cautelar de Vox y suspende los efectos electorales de la ley de Nietos.
Qué ha conseguido Vox y con qué argumentos
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado la medida cautelar promovida por Iustitia Europa y Vox contra el acuerdo de la Junta Electoral Central del pasado 16 de julio. La resolución suspende la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las altas vinculadas a la aplicación de la conocida como ley de Nietos.
La formación de Santiago Abascal ha presentado la decisión como una victoria frente a la ‘alteración ilegal del censo’ que atribuye al PSOE. El eurodiputado Jorge Buxadé, responsable de la delegación de Vox en la Eurocámara, ha defendido que han parado esa alteración, pero ha advertido que ‘no es suficiente’. La portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que ‘unos se limitaron a avisarlo y otros hemos logrado detener el objetivo de Pedro Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales a través de la adulteración del censo’.
La medida cautelar no anula las nacionalidades ya concedidas. Quedarán suspendidos los efectos electorales de las altas en el CERA mientras el Tribunal Supremo resuelve el fondo del recurso. La resolución aclara que la suspensión no alcanza a las personas con certificación consular acreditativa de ser descendientes de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia u orientación sexual y que perdieron o renunciaron a la nacionalidad española.
La decisión afecta a las altas derivadas de la Ley de Memoria Democrática, la norma que abrió vías para que determinados descendientes de españoles accedieran a la nacionalidad. El tribunal ha precisado que las nuevas inscripciones quedarán suspendidas una vez concluyan sus trámites. Quienes ya figuren inscritos conservarán la nacionalidad, pero sus altas quedarán sin efectos electorales mientras esté vigente la cautelar.
La decisión cautelar deja en suspenso el valor electoral de las altas, sin revisar por ahora la validez de las nacionalidades.
El alcance de la decisión y las reacciones del Gobierno y del PP
El Gobierno ha mostrado su disconformidad. El ministro Félix Bolaños ha calificado la decisión de ‘enorme trascendencia’ porque, a su juicio, suspende el derecho de voto de miles de españoles. Ha pedido a la justicia que resuelva el fondo de la cuestión antes de los procesos electorales de 2027.
En el PP, Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado con un mensaje directo: ‘Teníamos razón’. Alma Ezcurra ha sostenido que la decisión confirma ‘un problema de garantías’ y ha acusado al Gobierno de intentar una ‘ingeniería electoral’.
La lectura de Vox va más allá de la celebración puntual. La formación destaca que su recurso, firmado junto a Iustitia Europa, ha conseguido frenar una modificación del censo que considera planificada para condicionar futuros procesos electorales. Jorge Buxadé ya ha advertido que la suspensión cautelar ‘no es suficiente’ y ha enmarcado la batalla en la defensa del voto exterior.
La estrategia de Vox: del recurso al fondo
En Moncloa.com observamos que Vox convierte la decisión del Tribunal Supremo en un activo de doble rendimiento. Ante el Gobierno, acredita que su denuncia sobre la ley de Nietos no era retórica: la vía judicial ha dado un primer resultado tangible al suspender las altas en el CERA. Ante el PP, la formación de Abascal se reserva la dureza argumental: frente al ‘avisar’ atribuido a los populares, Vox reclama la autoría de la paralización.
El precedente refuerza un patrón que la dirección de Vox ya ensayó en otros litigios contra normas del Gobierno. La apuesta por la jurisdicción contencioso-administrativa le permite marcar perfil sin depender de la aritmética del Congreso, donde el Grupo Parlamentario Vox sigue siendo la tercera fuerza con 33 diputados. La gran incógnita es el calendario: la cautelar no resuelve el fondo, y el propio Gobierno ha pedido una respuesta antes de los procesos electorales de 2027.
Si el Tribunal Supremo termina estimando el recurso, Vox habrá logrado una victoria judicial de primera magnitud en un terreno tan sensible como la composición del censo exterior. De momento, la cautelar ya obliga a revisar los términos del debate y sitúa a Vox en la posición que buscaba: la de una oposición que convierte sus denuncias en resoluciones judiciales.
