EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea presentará este miércoles la futura Ley de Vivienda Asequible con cobertura legal para limitar segundas residencias y alquileres turísticos en zonas tensionadas.
- ¿Quién está detrás? La vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera y el comisario Dan Jorgensen; el texto se inspira en la alianza de alcaldes Mayors for Housing.
- ¿Qué impacto tiene? Barcelona, Baleares y la costa mediterránea podrían activar restricciones si demuestran presión habitacional con datos de al menos tres años.
La Comisión Europea presenta este miércoles una propuesta legislativa que, por primera vez, daría cobertura legal a las ciudades para restringir la compra de segundas residencias y los alquileres turísticos en zonas de máxima tensión habitacional.
El borrador de la futura Ley de Vivienda Asequible, avanzado por La Vanguardia, no prohíbe las segundas residencias. Lo que hace es abrir la puerta a que ayuntamientos y gobiernos limiten la compra de viviendas para uso no habitual si demuestran que esa presión ha dañado la asequibilidad durante al menos tres años.
La presentación correrá a cargo de Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia y Competitiva, y Dan Jorgensen, comisario de Energía y Vivienda. El texto incorpora una idea central que los alcaldes llevan meses defendiendo: la definición de zonas de estrés de vivienda.
Si nada cambia en el borrador, la propuesta implicaría por primera vez un marco jurídico con límites a la compra de segunda residencia compatible con el derecho de la Unión Europea. Eso sí, el texto no afectaría a las viviendas ya adquiridas.
Qué permite el borrador y qué exige a los ayuntamientos
Los consistorios que quieran restringir la compra de segunda residencia tendrán que aportar pruebas objetivas. Deberán acreditar que no existen alternativas menos restrictivas antes de aplicar topes, con un umbral concreto: impacto negativo comprobado durante los tres años anteriores. El borrador pone como ejemplo la ciudad francesa de Biarritz, donde la mayoría de las casas ya son segundas residencias y los vecinos no pueden acceder a una vivienda habitual.
El reglamento distingue entre viviendas. La línea roja de Bruselas es clara: no se podrá limitar el alquiler turístico de la residencia principal, que la Comisión considera un apoyo financiero legítimo. En cambio, los inmuebles que no son vivienda habitual sí podrán someterse a esquemas de autorización, registros o límites cuantitativos. Aterrizado en España, este marco no obliga a nada, pero da aire a las ordenanzas de Barcelona o destinos de Baleares.
La propuesta europea no prohíbe el alquiler turístico: crea un carril legal para que los ayuntamientos justifiquen restricciones que hasta ahora se movían en terreno judicial incierto.
Barcelona, Baleares y la batalla política que viene
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, es uno de los miembros más activos de la alianza Mayors for Housing (Alcaldes para la Vivienda). Fuentes comunitarias consultadas por La Vanguardia aseguran que el marco está ‘muy inspirado’ en las propuestas de los alcaldes.
La propuesta todavía no es ley. Una vez aprobada por el Colegio de Comisarios, tendrá que negociarse en el Consejo de la UE, y en el Parlamento Europeo, donde el centro-derecha es mayoritario. El Partido Popular Europeo ya ha mostrado su rechazo a limitar los alquileres de corta duración y las segundas residencias, porque cree que perjudicarían a la economía local y destruirían empleo.
En España, la norma encontraría territorio abonado en la costa mediterránea, Canarias y las grandes capitales turísticas. También hay riesgo de fragmentación: si cada ayuntamiento utiliza el margen con criterios distintos, el mercado único del alquiler turístico podría convertirse en un mosaico regulatorio.
El Eje del Poder Europeo
Observamos una geometría peculiar. La propuesta nace de una Comisión presidida por Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo, que en el pasado ha defendido un enfoque de liberalización económica. El texto, sin embargo, otorga más poder a las administraciones locales y acota el espacio de las plataformas. Esa contradicción no es menor. Berlín, París y Madrid comparten interés en limitar la saturación turística en sus capitales, pero los gobiernos de los países con fuerte dependencia del sector servicios pueden verse tentados a frenar el texto en el Consejo para no dañar la recuperación del empleo turístico.
Los países frugales del norte, con mercados inmobiliarios más desregulados en lo fiscal, tampoco forman un bloque homogéneo. Ámsterdam y Viena presionan desde hace años por más instrumentos contra la turistificación, mientras que otras capitales centroeuropeas miran la propuesta con cautela. España, por su parte, llega con una baza doble: Ribera es la cara política del proyecto y las ciudades españolas más tensionadas necesitan urgentemente herramientas jurídicas.
A cinco o diez años vista, la norma puede cambiar el equilibrio entre el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda a escala comunitaria. Si el Tribunal de Justicia de la UE acaba validando restricciones locales, se abrirá una vía que obligará a Bruselas a definir con mayor precisión qué es vivienda habitual, qué es alquiler turístico y cuándo una medida deja de ser proporcional.
El primer examen llega pronto: la próxima negociación en el Consejo no solo medirá el respaldo de los Estados, sino la capacidad de los gobiernos del sur para superar la resistencia del centro-derecha europeo.
