El Tribunal Supremo ya estudia la compensación a Dehesa de Jandía, del Grupo Lopesan, por la playa del Matorral.
Una playa con dueño histórico y un ayuntamiento explotando los servicios desde 1985
La playa del Matorral se extiende en el municipio de Pájara, al sur de Fuerteventura. En 2014, una sentencia reconoció que Dehesa de Jandía había sido la propietaria histórica de ese tramo de litoral hasta la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. La norma estatal convirtió las playas en dominio público marítimo-terrestre y estableció una compensación para los antiguos dueños: una concesión de uso de hasta 60 años, prorrogable en dos tramos de treinta, para mantener los usos y aprovechamientos existentes.
El conflicto está en quién explotaba la playa. Los usos en cuestión —hamacas, venta ambulante de bebidas y comida y actividades náuticas— los gestionaba el Ayuntamiento de Pájara a través de terceros desde 1985, no Dehesa de Jandía. Cuando la compañía reclamó la concesión en 2015, el Ministerio para la Transición Ecológica la denegó al considerar que se trataba de servicios de temporada municipales.
El Supremo revisa una doctrina de 2004 y un fallo de la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional avaló esa negativa en una sentencia de 2025. El tribunal consideró que los servicios de temporada no eran usos o aprovechamientos que beneficiaran a la compañía y que el Ayuntamiento de Pájara actuaba en ejercicio de sus competencias. No obstante, reconoció a Dehesa de Jandía un derecho de preferencia para optar a concesiones de nuevas actividades en ese tramo hasta 2048.
El auto del Tribunal Supremo fechado el 7 de julio de 2026 admite el recurso de casación. La Sala de lo Contencioso ve interés casacional en determinar si los usos explotados por terceros en terrenos que pasaron a dominio público deben compensarse con la concesión prevista en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas. La empresa invocó una sentencia del propio Supremo de 2004 que no exigía que el propietario explotara directamente los aprovechamientos.
La playa del Matorral no es solo arena: es un test jurídico sobre quién merece compensación cuando el Estado transforma la propiedad en dominio público.
El Pulso Territorial
El Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, sigue con atención un pleito que mezcla propiedad histórica, ordenación del litoral y actividad turística. La comunidad autónoma no es parte directa en el litigio, pero el resultado puede influir en decenas de concesiones en zonas costeras del archipiélago.
No es un caso aislado. En Fuerteventura, los hoteles de RIU en las Dunas de Corralejo arrastran expedientes de caducidad y una orden de demolición desde 2023 y 2024 por obras que excedieron sus concesiones. La tensión entre explotación turística y dominio público marítimo-terrestre atraviesa a otras comunidades costeras como Murcia o Baleares, donde la aplicación de la misma disposición transitoria genera litigios recurrentes.
Lo que viene ahora es una sentencia del Tribunal Supremo que fijará doctrina sin calendario cerrado. Las concesiones en juego pueden alcanzar hasta 60 años y condicionan inversiones hoteleras o de servicios en primera línea de playa. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Pájara mantiene la explotación de los servicios de temporada y Dehesa de Jandía espera que el Alto Tribunal restituya, por la vía de la compensación, el valor de una propiedad que la justicia ya reconoció en 2014.
Ficha Autonómica
- El caso: El Supremo ha admitido un recurso de Dehesa de Jandía, del Grupo Lopesan, para decidir si el Estado debe compensarla por la playa del Matorral, reconocida como de su propiedad histórica en 2014 pero gestionada por el Ayuntamiento de Pájara desde 1985.
- Datos importantes: Ley de Costas de 1988, concesión de uso de hasta 60 años, sentencia de la Audiencia Nacional de 2025, auto del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2026 y derecho de preferencia reconocido hasta 2048.
- Resumen: El Alto Tribunal revisará una doctrina de 2004 sobre si los usos explotados por terceros deben compensarse. La decisión puede reordenar el mapa de concesiones costeras en Canarias y fijar criterio para el sector turístico.
