La apertura del año judicial en el Tribunal Supremo sitúa al Consejo General de la Abogacía Española ante una agenda marcada por el turno de oficio, la asistencia jurídica gratuita y la negociación de las costas procesales. El presidente del CGAE, Salvador González, interviene hoy en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo como representante institucional de la abogacía.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha planteado el CGAE? El turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita como retos prioritarios del nuevo año judicial, con especial atención al colapso de expedientes en Ceuta.
- ¿Qué base normativa está en juego? La Ley de la Pasarela al RETA, la futura Ley de Justicia Gratuita y la aplicación del artículo 24 de la Constitución en materia de información de costas.
- ¿Qué impacto tiene? La abogacía institucional advierte de demoras superiores a doce meses en la tramitación y mantiene abierta la vía del recurso ante el Tribunal Supremo.
La apertura del año judicial y la agenda del CGAE
González ha situado el turno de oficio como elemento central del discurso institucional en la apertura del curso judicial. El presidente del CGAE ha descrito un año intenso, condicionado por elecciones generales, autonómicas y municipales, y por la acumulación de reformas normativas de calado procesal y corporativo.
En la agenda inmediata de la abogacía institucional figuran el desarrollo reglamentario de la Ley de la Pasarela al RETA, cuya materialización antes de finales de octubre resulta, a su juicio, difícil; la futura Ley de Justicia Gratuita, pendiente de anteproyecto; y la discrepancia con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre las costas judiciales.
La reforma del examen de acceso a la profesión también preocupa al presidente del CGAE, que la describe como un filtro debilitado. La institución prepara nuevas circulares deontológicas y apuesta por incorporar la inteligencia artificial a la formación continua de los profesionales del derecho.
El turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita en Ceuta
La visita reciente a Ceuta ha concentrado la preocupación institucional. Según el CGAE, la tramitación de expedientes de asistencia jurídica a migrantes avanza a un ritmo de 20 diarios, insuficiente para absorber miles de solicitudes pendientes.
El presidente ha señalado que los procedimientos no arrancan con la velocidad exigible y que los criterios de gestión no están unificados entre los distintos grupos de trabajo. La abogacía ceutí mantiene, en su descripción, una coordinación interna sólida, pero la falta de medios materiales y humanos lastra el inicio y la resolución de los expedientes.
El colapso del turno de oficio en Ceuta supera los doce meses de tramitación probable y convierte la asistencia jurídica gratuita en el reto inmediato del año judicial.
La institución ha reconocido que el Ministerio ha atendido las peticiones de refuerzo desde el primer momento, pero insiste en que la agilización exige unificar criterios y dotar de mayor capacidad de gestión al procedimiento.
La doctrina jurisprudencial
Sobre las costas procesales se enfrentan dos interpretaciones del artículo 24 de la Constitución. El Consejo General de la Abogacía Española sostiene que el derecho a la tutela judicial efectiva exige que el ciudadano conozca cuánto puede costarle un litigio, incluida la eventual condena en costas. La CNMC considera que esa información equivaldría a un baremo de honorarios prohibido.
La decisión del Colegio de la Abogacía de Valencia ha llevado el asunto ante el Tribunal Supremo. González ha admitido que la creación de jurisprudencia requeriría dos resoluciones y que la doctrina anterior del propio Tribunal Supremo fue contraria a la posición de la abogacía. Aun así, confía en que, con el cambio normativo, el pronunciamiento futuro pueda ser distinto.
Doctrinalmente, el fondo no reside en una sentencia concreta, sino en la relación entre la Ley del Derecho de Defensa y la defensa de la competencia. La abogacía institucional apuesta por una salida negociada, sin perjuicio de que el recurso judicial siga su curso. La posición del CGAE incide además en que la relación entre el profesional y el tribunal de instancia no puede quedar debilitada por la implantación de la Ley de Eficiencia.
FICHA DEL CASO
- El caso: Declaraciones institucionales del presidente del Consejo General de la Abogacía Española sobre los retos del nuevo año judicial, con atención al turno de oficio, la asistencia jurídica gratuita y las costas.
- Datos importantes: 20 expedientes diarios en Ceuta; demora estimada superior a doce meses; reglamento de la Ley de la Pasarela al RETA previsto antes de finales de octubre; recurso del Colegio de la Abogacía de Valencia ante el Tribunal Supremo.
- Fecha de los juicios: No aplica. La apertura del año judicial se celebra hoy, 10 de septiembre de 2026, en el Tribunal Supremo.
- Personas acusadas y por qué: N/A.
