El sindicato Jupol ha reclamado este lunes un refuerzo inmediato de agentes de la Policía Nacional en Ceuta para los trámites de triaje de migrantes y ha advertido de que plantear una solución rápida al procedimiento de expulsión “es engañar a la ciudadanía”, porque los plazos administrativos y judiciales no pueden ignorarse.
La reclamación de Jupol: más agentes de extranjería para un procedimiento garantista
El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha concretado la demanda antes de participar en unas jornadas sobre regularización de migrantes celebradas en el Congreso de los Diputados. En declaraciones a Europa Press, Rivero ha situado el refuerzo actual en unos cuarenta agentes dedicados a la tramitación de expedientes, frente a los cinco o seis efectivos que realizaban antes estos trámites.
El responsable sindical ha subrayado el trabajo de los policías de extranjería, que están “muy bregados” en estos procedimientos y trabajan mañana y tarde a pleno rendimiento. Sin embargo, ha advertido de que el tiempo de tramitación no depende solo de la voluntad policial: cada expediente de expulsión puede dilatarse por la posibilidad de interponer recursos y por la intervención de la jurisdicción y de la Delegación del Gobierno.
“No solo depende de la Policía, depende de la jurisdicción, depende también de la Delegación del Gobierno… y cada trámite administrativo puede conllevar un recurso administrativo que retrasa más los plazos”, ha señalado Rivero. Además, ha recordado que una entrevista de asilo puede prolongarse entre dos y tres horas por persona, lo que convierte la capacidad de citas y resolución en una cuestión de plantilla e instalaciones.
Rivero ha recordado que el procedimiento de expulsión no es un trámite policial aislado, sino un proceso administrativo que admite recursos y depende de distintos actores. “Hablar de un corto espacio de tiempo es como mínimo muy atrevido”, ha subrayado, tras criticar que varios políticos, de un signo y otro, presenten la resolución de estos expedientes como una cuestión rápida.
La respuesta del Ministerio del Interior: 40 agentes, 5.300 retornos y 300 expulsiones
Desde Mieres (Asturias), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió este lunes que el triaje de migrantes en Ceuta ha tomado “velocidad de crucero” gracias al refuerzo de personal. El Ministerio del Interior cifra en 5.300 los retornos voluntarios desde agosto y en 300 las expulsiones con respaldo judicial tras la comisión de distintos delitos.
El refuerzo en Ceuta ha elevado de cinco o seis a unos cuarenta los agentes dedicados al triaje de migrantes, según los datos del Ministerio del Interior.
La reclamación de Jupol no se dirige contra la labor de las unidades de extranjería, sino contra la idea de que el procedimiento puede resolverse en un corto espacio de tiempo. Rivero ha insistido en que “hablar de plazos breves es como mínimo muy atrevido”, porque la ley reconoce garantías procesales a las personas migrantes y el sistema admite recursos que alargan la resolución.
El refuerzo supone multiplicar la capacidad de tramitación directa, pero el propio sindicato admite que las instalaciones disponibles y el número de efectivos son limitados. Si se duplicara la plantilla, ha señalado Rivero, la capacidad de tramitación también se duplicaría. El número de policías es el que es, ha resumido.
La situación en Ceuta se enmarca en un dispositivo de gestión migratoria más amplio. Los agentes de extranjería de la Policía Nacional mantienen la tramitación en jornadas de mañana y tarde, según reconoce el propio sindicato, pero el volumen de plantilla y la capacidad de las instalaciones limitan la velocidad del procedimiento.
El contexto institucional
El cruce de posiciones entre Jupol y el Ministerio del Interior sitúa el foco en la dimensión estructural del sistema de asilo y expulsión. Los datos oficiales aportados por el departamento que dirige Grande-Marlaska reflejan una actividad sostenida: 5.300 retornos voluntarios desde agosto y 300 expulsiones con control judicial por hechos delictivos.
La Policía Nacional ha reforzado de forma efectiva la unidad de extranjería en Ceuta, pasando de cinco o seis agentes a unos cuarenta, lo que supone un salto operativo relevante. No obstante, la reclamación sindical advierte de que el procedimiento no puede duplicar su capacidad sin nuevas incorporaciones: la duración de las entrevistas de asilo y la complejidad administrativa exigen más personal, no solo instrucciones políticas de celeridad.
La presión administrativa en la ciudad autónoma no puede traducirse en atajos legales: los policías de extranjería actúan con procedimientos tasados y control judicial. Por eso, la demanda de más agentes se alinea con la defensa del sistema de garantías, no con su relajación.
El debate queda abierto en el plano presupuestario y de planificación de plantillas. Mientras el Gobierno defiende el refuerzo y las cifras de retorno, Jupol pide consolidar ese despliegue con una convocatoria de efectivos que permita absorber picos de demanda sin comprometer las garantías legales.
