La Xunta de Galicia impulsa 24 residencias privadas de mayores con 1.800 plazas, 22 de ellas en ayuntamientos del PP.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consello de la Xunta ha aprobado un plan para crear 1.800 plazas en 24 nuevas residencias de mayores mediante colaboración público-privada.
- ¿Quién está detrás? La Consellería de Política Social, con Alfonso Rueda al frente del Gobierno gallego y Fabiola García como conselleira.
- ¿Qué impacto tiene? Veintidós de los municipios elegidos están gobernados por el PP y dos por el PSOE; los concellos tienen un mes para adherirse.
El plan de 1.800 plazas: 24 centros en 12 lotes
La aprobación llegó tras la reunión semanal del Consello de la Xunta de Galicia, según recoge elDiario.es. Alfonso Rueda presentó el plan y vinculó la ampliación al incremento de plazas «sostenidas con fondos públicos» en los últimos años, con un agradecimiento expreso a la Fundación Amancio Ortega. Las instalaciones que paga el fundador de Inditex se integran en la red pública gallega, aunque la gestión se entrega a entidades de iniciativa privada.
La conselleira de Política Social, Fabiola García, confirmó que la fórmula será una colaboración público-privada cuyo detalle aún no se ha concretado. En la red gallega conviven tres formatos: centros privados, centros privados con plazas concertadas por la Xunta y centros públicos. Según Rueda, al menos el 60% de las 1.800 plazas tendrá «carácter público».
El plan divide los 24 equipamientos en 12 lotes. Cada lote contará con una residencia principal de más de 100 plazas y una residencia satélite de menor capacidad. Los municipios elegidos están próximos entre sí, tienen menos de 25.000 habitantes y, según la Consellería, carecen actualmente de plazas residenciales de este tipo.
La distribución recoge ocho centros en la provincia de A Coruña, dos lotes en Lugo, dos en Ourense, tres en Pontevedra y un lote interprovincial entre Arbo y Padrenda. Entre los concellos seleccionados figuran O Porriño, Baiona, Sanxenxo, Cambados o Ribadavia, acompañados de municipios más pequeños como Folgoso do Courel o Cariño.
Galicia vuelve a situar la colaboración público-privada en el centro de su política de cuidados, con un mapa municipal que es también un mapa de color político.
Adhesión en un mes, el mapa municipal y el precedente de Ribeira
Los ayuntamientos seleccionados tienen un mes para adherirse. A partir de ahí disponen de un año para hacer efectiva la cesión de la parcela donde se levantará cada centro. Si un concello rechaza la propuesta, la Xunta buscará una localización alternativa. El plan incluye además el precedente de Ribeira, desbloqueado cinco días después de la moción de censura que devolvió la Alcaldía al PP, según la información publicada.
El mapa municipal dibuja una coincidencia llamativa: 22 de los 24 ayuntamientos están gobernados por el PP y solo dos están en manos del PSOE. La Consellería enmarca la selección en criterios demográficos y de ausencia de oferta, no en afinidades partidistas, pero el reparto alimenta el debate sobre el sesgo territorial de las inversiones autonómicas.
En paralelo, la Fiscalía inspecciona las residencias de mayores gallegas para proteger los derechos de las personas ingresadas, según la información recogida por elDiario.es. La iniciativa se produce en un contexto de creciente demanda de cuidados y de debate nacional sobre la financiación del sistema de dependencia.
El Laboratorio Gallego
La política social gallega vuelve a funcionar como banco de pruebas para el debate nacional. El PPdeG gobierna con mayoría absoluta desde 2009 y ha hecho de la colaboración público-privada un rasgo del modelo sociosanitario que ahora defiende Alberto Núñez Feijóo desde Madrid. La fórmula gallega mezcla financiación pública, gestión privada, y participación de fundaciones como la de Amancio Ortega, y ya se utiliza en hospitales, escuelas infantiles y centros de día. El plan de residencias prolonga esa lógica hasta los municipios más pequeños.
La proyección inmediata es la adhesión municipal en el plazo de un mes y la cesión de parcelas dentro del año. A nivel nacional, esta ampliación servirá para medir el alcance de un modelo que el PP propone como alternativa a una gestión exclusivamente pública de los servicios sociales. La incógnita es si los dos ayuntamientos socialistas se sumarán al plan o abrirán un frente político en una comunidad donde el PSOE aún busca recuperar terreno tras las últimas elecciones autonómicas.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta aprueba un plan de colaboración público-privada para levantar 24 residencias de mayores y sumar 1.800 plazas en municipios pequeños sin oferta previa.
- Datos importantes: Doce lotes con residencia principal y satélite; 22 ayuntamientos del PP y 2 del PSOE; un mes para adherirse y un año para ceder parcelas; al menos el 60% de las plazas con «carácter público».
- Resumen: El modelo sociosanitario gallego refuerza su apuesta por la gestión privada con financiación pública, un esquema que el PP observa como referencia para el conjunto de España.
