El PPdeG (Partido Popular de Galicia) reclama al Gobierno central los 5,11 millones para vivienda tensionada en A Coruña y Santiago de Compostela.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Xunta de Galicia aún no ha recibido los fondos del Ministerio de Vivienda para las zonas declaradas tensionadas en A Coruña y Santiago.
- ¿Quién está detrás? El PPdeG pide al Gobierno central que transfiera; el BNG y el PSdeG exigen a la Xunta que los haga llegar a los concellos.
- ¿Qué impacto tiene? La disputa condiciona la aplicación de la Ley 12/2023 en dos de las principales ciudades gallegas.
Una transferencia pendiente de 5,11 millones
Según ha explicado el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) no ha recibido “ni un solo euro” de esa partida. La directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval, envió una carta al director xeral del Instituto Galego de Vivenda, Heriberto García, en la que subraya que la ayuda está “vinculada” a las zonas declaradas y que esa vinculación no es accesoria.
En esa comunicación, recogida por La Región, se recuerda que los recursos derivan de que ambos municipios han culminado el procedimiento previsto en la Ley 12/2023 y cuentan con planes específicos para corregir los desequilibrios en materia de vivienda. Alberto Pazos consideró “curioso” que la oposición responsabilice a la Xunta por no distribuir fondos que todavía no se han recibido.
El portavoz popular defendió que, cuando el Gobierno central transfiera el dinero, la Xunta cumplirá “al 100%” los requisitos. Además emplazó a las alcaldesas de A Coruña y Santiago, Inés Rey y Goretti Sanmartín, a tomar en serio el acceso a la vivienda con medidas efectivas y no efectistas.
La oposición acusa a la Xunta de torpedear las ayudas
Desde el BNG (o Bloque Nacionalista Galego, la primera fuerza de la oposición), la viceportavoz Olalla Rodil emplazó al PPdeG a dejar de “boicotear” a los consistorios de A Coruña y Santiago, que, según sostiene, están haciendo un esfuerzo para frenar el disparatado precio de los alquileres.
La portavoz del PSdeG (el Partido Socialista de Galicia, la federación gallega del PSOE), Lara Méndez, acusó al Gobierno gallego de “torpedear” la declaración de zonas tensionadas y pidió que rectifique y transfiera las partidas. Ambas formaciones coinciden en que los concellos deberían gestionar directamente esos fondos.
En el fondo de la discusión hay una cuestión de competencias: el Gobierno central fija las zonas, la Xunta gestiona los fondos y los concellos soportan la tensión del alquiler.
El Laboratorio Gallego
La disputa por las zonas de vivienda tensionada en Galicia reproduce un choque de fondo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas tras la entrada en vigor de la Ley 12/2023. Mientras el Ministerio de Vivienda sostiene que las ayudas están condicionadas a los municipios que han culminado el procedimiento, la Xunta defiende que aún no ha recibido la transferencia y que, una vez llegue, la ejecutará conforme a los criterios estatales. El dato que queda en el aire es si la gestión autonómica será suficiente para contener los precios en A Coruña y Santiago.
El PPdeG mantiene desde 2009 mayorías absolutas consecutivas en el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados), y gobierna la Xunta de Galicia desde Santiago de Compostela. El BNG es hoy la primera fuerza de la oposición y el PSdeG busca recuperar protagonismo urbano en los ayuntamientos donde la vivienda se ha convertido en una prioridad. Ninguno de los tres partidos discute la existencia del problema en las dos ciudades atlánticas, pero la batalla por la titularidad de los fondos retrasa cualquier medida efectiva. La pugna se reproduce en un contexto gallego en el que el PPdeG dispone de mayoría absoluta, pero el BNG y el PSdeG manejan el relato urbano en A Coruña y Santiago.
La lectura nacional es directa: lo que ocurre con estos 5,11 millones en Galicia resume la tensión territorial por la aplicación de la nueva ley de vivienda. Las comunidades gobernadas por el PP y los ayuntamientos gobernados por la izquierda intercambian responsabilidades mientras los alquileres siguen subiendo. La próxima transferencia del Ministerio de Vivienda y la eventual reacción del PSdeG y el BNG en el Parlamento galego marcarán el alcance de este ensayo interterritorial.
Ficha del Caso
- El caso: Galicia reclama al Gobierno central los 5,11 millones asignados a las zonas de vivienda tensionada en A Coruña y Santiago; la Xunta asegura que aún no ha recibido los fondos.
- Datos importantes: 5,11 millones de euros, Ley 12/2023, municipios de A Coruña y Santiago, carta de la directora general de Vivienda y Suelo al Instituto Galego de Vivenda.
- Resumen: La disputa por la transferencia condiciona la política de alquiler en dos de las principales ciudades gallegas y refleja la tensión entre administraciones en la aplicación de la ley de vivienda.
