La crisis migratoria en Ceuta se agrava: más de 12.000 inmigrantes permanecen en la ciudad, según los sindicatos policiales.
Dos enfermeras fueron agredidas en el Hospital de Ceuta por un inmigrante después de que el Ministerio de Defensa retirase las patrullas militares que vigilaban el centro sanitario. La retirada deja sin vigilancia un recinto que atiende a toda la población y que acumula semanas de tensión creciente.
La ciudad ha suspendido además una de sus celebraciones más arraigadas, el Día de la Mochila, que se celebra coincidiendo con la festividad de Todos los Santos. La decisión municipal responde a la presencia de asentamientos de inmigrantes en zonas forestales, precisamente los espacios donde las familias ceutíes se reúnen cada año.
Eduardo García, portavoz en Ceuta de la Confederación Española de Policía (CEP), sostiene que la delincuencia no ha bajado desde la entrada masiva. ‘No podemos dejar de reconocer que la delincuencia en Ceuta, desde la entrada masiva, no ha descendido’, ha advertido, y ha descrito asaltos a ciudadanos, peleas multitudinarias con navajas y machetes y delitos contra la propiedad.
El representante policial sitúa la cifra en más de 12.000 inmigrantes que siguen en la ciudad, muchos de ellos sin identificarse ante las fuerzas de seguridad. Comercios, colegios y otros establecimientos han contratado seguridad privada, y los parques infantiles, denuncia, han quedado ocupados por personas que permanecen en Ceuta, lo que complica su uso por los menores.
Qué defiende Vox para Ceuta: control fronterizo y fin de los asentamientos
Ese diagnóstico lo comparte Vox. La dirección nacional sostiene que la frontera sur exige presencia permanente de medios materiales y humanos y que cada retirada de efectivos en perímetros sensibles —hospitales, centros escolares, comisarías— transmite una señal de laxitud a las mafias que operan en el Estrecho.
Cada episodio de inseguridad en Ceuta reabre la misma grieta: el Gobierno retira medios y Vox convierte la factura en debate político.
Para el partido, el problema no se agota en el orden público. Su tesis, reiterada en cada debate migratorio en el Congreso de los Diputados, es que una política de acogida sin control refuerza el efecto llamada y termina por deteriorar los servicios públicos que sostienen a los vecinos de la ciudad autónoma.
No consta una comparecencia oficial de la cúpula sobre este episodio concreto. La tesis de fondo, en cambio, es conocida: Santiago Abascal ha reclamado en el Pleno el refuerzo de la vigilancia fronteriza, y el GPVOX ha convertido la dotación de efectivos en la frontera sur en uno de sus temas recurrentes de control al Ejecutivo.
Qué respuesta cabe esperar del Gobierno
Las preguntas son concretas. Si Defensa restablecerá la vigilancia militar del hospital, con qué medios cuenta la Policía Nacional para identificar a quienes evitan el control y qué piensa hacer el Ejecutivo con los asentamientos forestales. Ninguna de las tres tiene respuesta pública por ahora.
El margen de maniobra es estrecho. No consta que el Ministerio del Interior haya hecho pública una valoración de la cifra aportada por los sindicatos, y el Gobierno de la Ciudad afronta la factura cotidiana de una situación que desborda sus competencias. El PP, por su parte, se mueve en una contradicción difícil: exigir firmeza en la frontera y, al mismo tiempo, no romper con La Moncloa en un asunto que reclama decisiones de Estado.
La lectura estratégica: por qué Ceuta vuelve a la agenda
Ceuta ya estuvo en el centro del tablero. La entrada de cerca de 10.000 personas en menos de 48 horas en mayo de 2021 convirtió la ciudad en el símbolo de un pulso que Vox trasladó al conjunto de la política nacional. Tres años después, en julio de 2024, el partido rompió los gobiernos de coalición con el PP en varias comunidades autónomas precisamente por el reparto de menores migrantes.
La diferencia con aquel episodio es el escenario. Entonces fue una llegada masiva y repentina; ahora el debate no es la entrada, sino la permanencia. Más de 12.000 personas siguen en la ciudad, según el sindicato policial, y muchas evitan la identificación. Ese matiz complica la respuesta del Ejecutivo y refuerza la tesis de Vox sobre el efecto llamada.
El riesgo para el PP es de calendario. Cada semana que la situación se mantiene, la presión por la derecha crece y el margen para el matiz se reduce. Si el Ejecutivo no restablece la vigilancia del hospital ni aclara el destino de los asentamientos, la próxima cita parlamentaria sobre inmigración llegará con la factura ya escrita. Ceuta volverá al hemiciclo. La pregunta ya no es qué ocurre en la ciudad, sino cuánto tarda el PP en colocarse del lado de quienes exigen medios.
