El Gobierno Vasco ha concedido el tercer grado penitenciario a la etarra Idoia Mendizabal Múgica, condenada por atentados contra cargos del PSOE. La medida le permite salir a diario de prisión y, en las próximas semanas, podría dejar de regresar a la cárcel de Zubieta para cumplir el resto de su pena en su domicilio.
La concesión se enmarca en la política de progresiones de grado que gestiona el Departamento de Justicia del Ejecutivo autonómico, que dirige la consejera socialista María Jesús San José. La competencia sobre los centros penitenciarios vascos corresponde al Gobierno Vasco desde octubre de 2021, cuando se cerró el traspaso pactado con la Administración central. Mendizabal ya salía a diario del centro, y la nueva resolución abre la puerta a que la pernocta en prisión quede suspendida de forma definitiva.
Qué implica la concesión del tercer grado
El tercer grado es el régimen penitenciario que permite al interno salir a diario del centro para trabajar o participar en actividades y regresar solo a pernoctar, siempre que se acredite arraigo y una evolución favorable en el tratamiento. Es el paso previo a la libertad condicional, y su concesión corresponde a las juntas de tratamiento de cada prisión. En Euskadi, esos órganos dependen administrativamente del Gobierno Vasco desde el traspaso de 2021. Existe además la modalidad del artículo 100.2, que flexibiliza el régimen ordinario y se traduce en semilibertad.
Mendizabal acumula más de 400 años de prisión por su participación en atentados contra Eduardo Madina, el empresario Enrique Ybarra y la periodista de Antena 3 Marisa Guerrero. Fue detenida en Francia en 2005 y desde 2010 cumple condena en cárceles españolas.
En noviembre de 2011, durante el juicio por el atentado contra la teniente de alcalde socialista de Portugalete Esther Cabezudo, respondió en euskera al tribunal presidido por el juez Gómez Bermúdez que se sentía ‘orgullosa de su militancia’ en ETA. Según la información publicada por El Mundo, ahora habría asumido su responsabilidad en los hechos para acceder a la progresión de grado, un requisito habitual en este tipo de resoluciones.
En febrero de 2002, Mendizabal formaba parte del comando Olaia junto a Garikoitz Aspiazu Rubina, ‘Txeroki’, y Asier Arzalluz cuando se planificó el atentado contra Cabezudo. La acción la ejecutaron finalmente integrantes del comando Jata, que colocaron un artefacto en una zona de paso próxima al domicilio de la edil. La entonces teniente de alcalde salvó la vida porque el escolta que la acompañaba cambió su rutina y caminó por la acera contraria.
El tercer grado permite a la reclusa salir a diario de prisión y abre la vía a que el resto de la condena se cumpla en su domicilio.
Los precedentes del mes de septiembre y el cómputo de progresiones
El caso de Mendizabal se suma al del histórico dirigente Henri Parot, que también ha recibido el tercer grado, y al de Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, a quien se ha concedido la semilibertad prevista en el artículo 100.2. La Fiscalía ha recurrido la medida adoptada a favor de Iparraguirre, autorizada en los últimos cinco meses para abandonar la prisión a diario.
Según los datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, solo 32 presos de ETA permanecen en régimen ordinario de segundo grado. La organización contabiliza 125 progresiones a tercer grado, 28 semilibertades con el artículo 100.2 y otras 62 libertades condicionales.
El encaje institucional de la competencia vasca
La política penitenciaria corresponde al Gobierno Vasco desde octubre de 2021. El traspaso, acordado con la Administración central, incluyó la gestión de los tres centros penitenciarios de Euskadi —Zubieta, Araba y Bizkaia— y de las juntas de tratamiento que resuelven las progresiones de grado, según el reparto competencial detallado en el portal institucional del Ejecutivo autonómico. En el resto de España, la gestión de las prisiones depende del Ministerio del Interior a través de Instituciones Penitenciarias; Cataluña cuenta con una competencia equiparable a la vasca.
Las resoluciones de progresión pueden ser revisadas por los tribunales a instancia de la Fiscalía, como ocurre con la semilibertad de Iparraguirre. El Ministerio Público se perfila así como la principal vía de revisión judicial de las últimas decisiones, que podrían resolverse en las próximas semanas. El asunto mantiene además recorrido en el Parlamento Vasco, donde la política penitenciaria es objeto de seguimiento periódico por parte de los grupos de la Cámara.
