EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Una evaluación clasificada de la inteligencia de Estados Unidos, entregada a los legisladores junto al acuerdo nuclear civil con Riad, concluye que Arabia Saudí no ha descartado desarrollar armas nucleares.
- ¿Quién está detrás? La administración Trump defiende el pacto firmado en julio; un grupo de senadores demócratas intenta tumbarlo dentro de la revisión de 90 días que arrancó el 24 de agosto.
- ¿Qué impacto tiene? El texto abre la vía al enriquecimiento doméstico saudí y erosiona el estándar de no proliferación que Washington dice defender.
El acuerdo nuclear civil con Arabia Saudí llega a su examen en el Congreso con una advertencia de la inteligencia estadounidense. Riad no ha descartado armarse.
Qué dice la evaluación clasificada y por qué incomoda a la Casa Blanca
Los documentos tienen carácter clasificado y se entregaron a los legisladores para que pudieran votar con criterio. Ahí está el detalle que incomoda: la comunidad de inteligencia no certifica que el programa saudí vaya a quedarse en el ámbito civil. Lo ha publicado The Washington Post a partir de funcionarios estadounidenses que han tenido acceso al expediente. El Departamento de Estado aportó, en paralelo, una segunda evaluación, más confiada en las garantías saudíes y en las salvaguardias incorporadas al texto.
Dos agencias, dos lecturas. Ninguna de las dos dice lo contrario: no existe una garantía por escrito de que Riad no vaya a cruzar la línea.
El acuerdo se firmó en julio y el Ejecutivo lo remitió formalmente al Capitolio el 24 de agosto. Eso puso en marcha el reloj de 90 días que marca la Sección 123 de la Ley de Energía Atómica, la norma que regula cualquier cooperación nuclear de Estados Unidos con un tercer país y que obliga al Congreso a pronunciarse antes de que el pacto pueda desplegarse. Traducido al calendario: el plazo legislativo expira a finales de noviembre.
En el plano comercial, el pacto allana el camino a contratos por decenas de miles de millones de dólares para la industria estadounidense en proyectos nucleares saudíes. Hasta ahí, la versión amable. El problema está en la letra pequeña.
El umbral del 20% y el agujero del Protocolo Adicional
El texto permite a Arabia Saudí enriquecer uranio en su propio territorio. El tope inicial queda por debajo del 5%, suficiente para fabricar combustible de reactor civil. Pero el acuerdo contempla que ese límite se eleve hasta el 20% mediante estudios adicionales y una aprobación por escrito de Washington y Riad.
Nadie ha certificado por escrito que Riad vaya a quedarse en lo civil, y el texto que ahora revisa el Congreso le deja la puerta entreabierta.
El 20% sigue por debajo del grado militar, que ronda el 90%. La distancia técnica, sin embargo, se acorta de forma drástica: escalar del 20% al 90% exige una fracción del esfuerzo industrial que requiere partir del uranio natural. Cualquier ingeniero nuclear lo sabe. Los senadores también.
El segundo flanco es el control. El acuerdo no obliga a Riad a adoptar el Protocolo Adicional del OIEA, la herramienta que da a los inspectores acceso ampliado y capacidad para detectar actividad no declarada. En su lugar, Washington y Riad han negociado un mecanismo bilateral de salvaguardias. Un traje a medida, en la práctica.
Un grupo de senadores demócratas, encabezado por Ed Markey y Jeff Merkley, escribió al secretario de Estado, Marco Rubio, para advertir de que el pacto puede acabar entregando a Riad ‘los medios para enriquecer uranio y posiblemente desarrollar armas nucleares’. Merkley ha insistido en que la obstinación saudí por conservar la opción del enriquecimiento doméstico pone en duda que sus ambiciones sean enteramente civiles. La aritmética, además, no acompaña a quien quiera tumbar el texto: bloquearlo exige superar un veto presidencial, y eso son dos tercios en ambas cámaras.
El contraste que más se repite en el Capitolio es el del acuerdo iraní de 2015, que congeló el enriquecimiento de Teherán en el 3,67% durante quince años y desplegó inspecciones intrusivas. Trump lo abandonó en su primer mandato por considerarlo blando. Ahora firma con Riad un texto que no exige el Protocolo Adicional y que admite hasta el 20%. La coherencia, en política exterior estadounidense, es un bien escaso.
La versión del Departamento de Estado es otra: Estados Unidos ‘no apoya ni apoyará un programa nuclear militar saudí’. El ministro de Energía saudí, Abdulaziz bin Salman, repite que su programa será ‘pacífico’ y que se desarrollará con ‘los más altos niveles de responsabilidad y transparencia’. El historial, en cambio, pesa: en 2018, el príncipe heredero Mohamed bin Salman declaró que si Irán lograba la bomba, Riad ‘haría lo mismo lo antes posible’.
Equilibrio de Poder
La lógica de Washington es transaccional y no la esconde: si el Congreso tumba el acuerdo, Riad tiene dos puertas abiertas, Rosatom y CNNC, las corporaciones nucleares de Rusia y China. La administración Trump lo ha argumentado sin pudor ante los legisladores. Moscú no necesita mover ficha: le basta con esperar sentado. Pekín tiene más músculo financiero y muchas menos pretensiones de no proliferación. Bruselas, mientras tanto, asiste como espectadora a una discusión que condiciona su propia seguridad energética y su flanco sur. La Unión no tiene un asiento en esta mesa y lo sabe.
Para España, esto no es un asunto lejano. Arabia Saudí es uno de los suministradores habituales de crudo del mercado mediterráneo, y una carrera nuclear abierta en el Golfo instala una prima de riesgo permanente sobre el barril que acaba pagando el consumidor español en cada llenado de depósito.
A eso se suma el frente industrial: Navantia ha entregado a la Real Armada saudí una serie de corbetas del programa Avante 2200, un contrato que vive de la estabilidad regional y que se resentiría con un Golfo en plena competición atómica. Y luego están Rota y Morón, las dos bases compartidas con Estados Unidos, cuya utilidad estratégica depende de que el Mediterráneo oriental y el mar Rojo sigan siendo navegables sin sobresaltos.
El precedente que más se cita es el de Emiratos Árabes Unidos, cuyo acuerdo de cooperación nuclear con Washington incluyó una renuncia explícita al enriquecimiento y al reprocesamiento en su propio territorio. Aquel texto se convirtió en el estándar de referencia. El que Riad negocia ahora lo rebaja. Y el efecto dominó no es una hipótesis de laboratorio: una Arabia Saudí con capacidad de enriquecimiento a escala industrial empuja a Turquía y a Egipto a replantearse sus propios programas, en un arco que va del Bósforo al Nilo y que sostiene buena parte del comercio marítimo europeo.
Lo que observamos, a cinco y diez años, es una no proliferación cada vez más elástica, moldeada por intereses comerciales y por la competencia entre Washington, Moscú, y Pekín por colocar reactores. El Tratado de No Proliferación no prohíbe enriquecer; solo lo vigila. La diferencia entre vigilar y contener es toda la distancia que separa una salvaguardia bilateral de una inspección real. La próxima cita es el cierre de la revisión legislativa, previsto para finales de noviembre. Si el Congreso no la bloquea, la primera centrífuga saudí dejará de ser una hipótesis de análisis y empezará a ser un calendario.
