Dos familias del pesquero Villa de Pitanxo han aceptado las primeras indemnizaciones de la aseguradora, cuatro años después del naufragio de Terranova. El pacto, cerrado con British Marine, llega antes de un juicio que todavía no tiene fecha y que la mayoría de los afectados sigue esperando sin haber cobrado nada.
La aseguradora entra en la causa y abre la primera vía de indemnización
El Villa de Pitanxo se hundió en febrero de 2022 frente a las costas de Terranova, en aguas del Atlántico Norte. A bordo viajaban 24 marineros. Solo tres sobrevivieron. Los otros 21 murieron, y sus familias llevan desde entonces atrapadas en un procedimiento que avanza más despacio que el duelo.
British Marine se personó en la causa el pasado 14 de septiembre. Lo hizo después de meses de dificultades: en el procedimiento figuraba un domicilio erróneo y las notificaciones no llegaban a su destino. La compañía compareció representada por el despacho Gómez de Liaño & Márquez de Prado Abogados y trasladó desde el primer momento su disposición a negociar con los familiares.
La instrucción corresponde a la Audiencia Nacional, el órgano judicial con sede en Madrid que asume en España las causas de especial gravedad. La negociación se ha prolongado durante casi dos años y se ha desarrollado al margen de la responsabilidad penal que pueda fijar el juicio. Las cantidades pactadas con las dos primeras familias siguen el baremo de compensaciones por accidentes de tráfico, el sistema de referencia que se aplica habitualmente en tragedias de este tipo. La aseguradora paga sin reconocer, por ahora, ningún tipo de responsabilidad.
Dos acuerdos y una mayoría de familias que todavía dice no
Por ahora el grueso de los familiares ha rechazado el acuerdo. Fuentes del despacho AMYA Abogados, que representa a los acusados, señalan que los primeros pactos son una muestra de la voluntad de las partes de avanzar por esta vía. Quien firma puede cobrar antes incluso de que se celebre la vista oral.
Cuatro años después del naufragio, el primer acuerdo de indemnización abre una vía que la mayoría de las familias del Villa de Pitanxo todavía rechaza.
El calendario no ayuda. La vista oral no está prevista hasta dentro de al menos año y medio. Quien acepta el pago cobra ya; quien espera al juicio se expone a un proceso largo e incierto.
El acuerdo tampoco anticipa nada sobre el fondo. Las responsabilidades penales se decidirán al margen de los pactos económicos, y la aseguradora lo ha repetido desde su entrada en la causa: su objetivo es satisfacer las eventuales responsabilidades civiles sin prejuzgar la existencia de responsabilidad y evitar que los pagos se sigan demorando. La cifra es la misma para todos los casos. La decisión de aceptarla, no.
El Laboratorio Gallego
La política gallega lleva cuatro años mirando este caso de reojo. La flota de altura sostiene buena parte del empleo del litoral, y la Xunta (el gobierno autonómico gallego, con sede en Santiago de Compostela) lo hace valer en cada negociación sobre cuotas, combustible, o seguridad. De eso se ocupa la Consellería do Mar, el departamento que gestiona la política pesquera gallega.
Cada naufragio de un buque con pabellón español abre, además, una pregunta incómoda en el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral gallega, con 75 deputados). El PPdeG (el Partido Popular de Galicia, la formación que gobierna con mayorías absolutas consecutivas desde 2009) defiende el peso económico del sector y su capacidad de generar empleo en el litoral.
El BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) reclama endurecer los protocolos de seguridad y las condiciones laborales a bordo. El PSdeG (la federación gallega del PSOE) pone el acento en las ayudas y en el acompañamiento jurídico a las familias. Nadie discute el drama. El desacuerdo está en quién debe evitarlo.
A eso se suma una dimensión que desborda Galicia. El Villa de Pitanxo faenaba bajo pabellón español en aguas reguladas por la NAFO, la organización que ordena la pesca del Atlántico noroeste, y su tripulación era gallega. La seguridad a bordo, la coordinación del rescate y el régimen de responsabilidad dependen de decisiones que se toman en Madrid y en Bruselas tanto como en Santiago. El precedente está en la memoria del litoral: las indemnizaciones del Prestige tardaron años en llegar y dejaron a miles de familias esperando en los juzgados.
La próxima cita es la vista oral, y no llegará antes de año y medio. Hasta entonces, la negociación seguirá abierta y cada acuerdo que se cierre restará presión al juicio. La incógnita es cuántas familias harán lo mismo antes de sentarse en la sala. En Vigo, donde el puerto pesquero pesa más que cualquier discurso, la pregunta se escucha desde hace cuatro años.
Ficha del Caso
- El caso: Dos familias de los 21 marineros fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo han aceptado las primeras indemnizaciones de la aseguradora del buque, cuatro años después del siniestro ocurrido frente a Terranova.
- Datos importantes: 24 tripulantes, 3 supervivientes y 21 fallecidos; naufragio en febrero de 2022; personación de British Marine el 14 de septiembre de 2026; juicio no antes de año y medio; cantidades calculadas según el baremo de accidentes de tráfico.
- Resumen: El primer acuerdo civil abre una vía que la mayoría de las familias rechaza por ahora y que no condiciona la responsabilidad penal que deberá fijar la Audiencia Nacional.
