El alquiler en València es hasta 570 euros más caro al mes por no declarar la ciudad zona tensionada en 2023.
La cifra no sale de una proyección. Sale de comparar lo que hoy se paga por un piso en la capital valenciana con lo que se pagaría si el Ayuntamiento hubiera activado el mecanismo que la Ley Estatal de Vivienda puso en manos de los municipios hace tres años. El sobrecoste lo pagan cada mes los inquilinos, no las administraciones que lo dejaron pasar.
La diferencia entre lo que se paga y lo que se habría pagado
La norma —la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda— entró en vigor en mayo de 2023 y abrió una puerta que antes no existía: los ayuntamientos pueden pedir a su comunidad autónoma que declare un municipio zona de mercado residencial tensionado. Las consecuencias son concretas. Las renovaciones de los contratos ya vigentes solo se actualizan con el IPC, y los nuevos alquileres de viviendas que llevan más de dos años fuera del mercado o que pertenecen a empresas y fondos de inversión deben ajustarse a los precios de referencia del Gobierno.
València no cruzó esa puerta. Y el resultado aparece en los portales inmobiliarios. El precio del alquiler ha subido un 82% en la ciudad desde 2020, uno de los incrementos más altos de España. Entre mayo de 2023 y agosto de este año, la escalada acumulada llega hasta el 43% según Idealista, Engel & Völkers y Fotocasa.
En euros, el salto mensual que recogen esas mismas series es de 420 para un piso de cien metros en el primer portal (de 1.210 a 1.630), de 270 en el segundo (de 970 a 1.240) y de 571 en el tercero (de 1.323 a 1.894), con un precio por metro cuadrado de 16,3, 12,4 y 18,94 euros, respectivamente.
El debate no es abstracto. El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada de su vivienda en Madrid después de que su contrato de renta antigua pasara de 500 a 2.650 euros, ha reabierto en toda España la discusión sobre cómo se regulan los precios. En la Comunitat Valenciana, los lanzamientos por impago del alquiler ya son el grueso de los que se ejecutan: 2.158 en 2025 frente a 637 hipotecarios, según el Consejo General del Poder Judicial.
La paradoja tiene nombres y fechas. La declaración estaba en la hoja de ruta del anterior ejecutivo municipal, presidido por Joan Ribó, y del Consell del Botànic que dirigía Ximo Puig. No llegó a tramitarse porque la norma estatal entró en vigor casi al mismo tiempo que las elecciones del 28 de mayo de 2023. Semanas después de ganar los comicios, la nueva alcaldesa, María José Catalá, respondió con un no y apostó por incentivar la construcción para aumentar la oferta, una vía que actúa a medio y largo plazo.
Declarar zona tensionada no es un experimento: es una palanca que ya ha movido precios en cuatro comunidades y que València dejó sin tocar.
Desde la Generalitat Valenciana el criterio es el mismo. Hasta julio de este año, 13 municipios habían solicitado ser declarados zona tensionada y ninguno lo ha conseguido. Tres están gobernados por el PP —Bunyol, Alginet y Almàssera—; el resto tienen alcaldías de izquierdas.
Donde el mecanismo se aplicó, los precios bajaron
Hoy hay 310 municipios declarados zona tensionada repartidos entre Galicia, Euskadi, Navarra y Catalunya. El caso catalán ofrece la serie más fiable, porque fue el primero en aplicar el instrumento, en 2024, después de 33 meses consecutivos de subidas. Desde entonces, los precios han caído un 4,7% en Barcelona y un 1,3% en el conjunto de las zonas declaradas, mientras en las áreas sin declarar subían un 9,5%.
El patrón se repite en el norte. En los 14 municipios tensionados de Gipuzkoa, los nuevos alquileres bajaron un 3,5% y el número de contratos activos creció un 3,2%. En Navarra, el primer año de aplicación —del segundo trimestre de 2025 al segundo de 2026— se cerró con un descenso del 5,3% y un ritmo de firmas estable.
Galicia, gobernada por el PP, también se acogió al mecanismo. Sus datos son más opacos: la comunidad solo publica fianzas depositadas, sin seguimiento de precios. En mayo de 2026 se registraron 1.696 en A Coruña, un 14,4% menos que un año antes, y 2.586 en el conjunto de Galicia, un 3,6% más.
El Escenario Valenciano
La política valenciana vive esta carpeta con el freno de mano echado. El Consell de Pérez Llorca, el ejecutivo autonómico de PP y Vox, mantiene la posición de su antecesor: no tocar la limitación de precios. El PSPV y Compromís han reclamado en las Corts Valencianes que la Generalitat deje de bloquear las peticiones municipales, y su mejor argumento es incómodo para el partido que gobierna: tres de los 13 solicitantes tienen alcaldes populares.
La dimensión nacional pesa cada vez más. La ley estatal es idéntica para las 17 comunidades, pero su aplicación depende de la voluntad de cada gobierno autonómico y de cada ayuntamiento: Galicia, con un Ejecutivo del PP, está entre las cuatro regiones que la han activado. En València, en cambio, los expedientes municipales siguen sin resolverse y los desahucios por impago marcan el paso de un mercado que no se enfría. La pelota está en el tejado de la Generalitat, que es quien debe dar el visto bueno a cada solicitud.
Ficha del Caso
- El caso: València no se declaró zona de mercado residencial tensionado en 2023, pese a que la medida estaba prevista por el anterior gobierno municipal y por el Consell del Botànic.
- Datos importantes: El alquiler cuesta hasta 570 euros más al mes, con una subida del 43% desde mayo de 2023 y del 82% desde 2020. Barcelona registra bajadas del 4,7% en las zonas declaradas y hay 310 municipios tensionados en cuatro comunidades.
- Resumen: La Generalitat mantiene su negativa a limitar precios aunque 13 municipios lo han pedido, tres de ellos gobernados por el PP, mientras los desahucios por impago del alquiler ya superan a los hipotecarios en la Comunitat.
