La Confederación Hidrográfica del Júcar exige adecuar el urbanismo para evitar nuevos asentamientos en zonas inundables tras la DANA.
Aquella advertencia no salió de un despacho. Llegó desde la jornada que la Confederación Hidrográfica del Júcar y elDiario.es celebraron el pasado 24 de septiembre en La Rambleta, en València, bajo el título Inundaciones intensas y cambio climático en un contexto metropolitano. El organismo estatal de cuenca, encargado de gestionar el Túria, el Júcar y sus barrancos, reunió a especialistas y entidades vecinales para analizar el riesgo de un episodio similar al del 29-O.
El Poyo desbordó: 6.000 metros cúbicos por segundo frente a cauces diseñados para 700
El adjunto a la presidencia de la CHJ, Teodoro Estrela, situó el origen del desastre en la magnitud de la lluvia. «Fue un fenómeno que produjo una avenida extraordinaria», explicó, con precipitaciones de hasta 600 milímetros en las cuencas del Magro y del Poyo. A diferencia de las riadas de 1957, 1982 y 1989, esta vez las precipitaciones se concentraron en menos tiempo, y eso llevó los caudales hasta los 6.000 metros cúbicos por segundo, 4.000 de ellos en Torrent.
La clave estaba en la capacidad de evacuación. El Poyo puede desaguar 3.000 metros cúbicos por segundo en Torrent, 2.000 en Picanya, 1.100 en Paiporta, y apenas 700 en Catarroja. A medida que la pendiente se suaviza, los cauces pierden capacidad, el agua se sale de los márgenes y busca salida. La avenida chocó con la V-30 y acabó anegando pedanías del sur de València y localidades como Sedaví.
Cristina Sola, comisaria de aguas del organismo, puso el foco en el urbanismo. «Tenemos que adecuar los instrumentos de planeamiento para evitar asentamientos en zonas inundables», afirmó. Su receta tiene dos velocidades: impedir nuevas ocupaciones donde aún queda suelo sin urbanizar y reducir la vulnerabilidad con medidas de autoprotección donde ya está todo construido.
Cada nuevo polígono levantado en suelo inundable no es solo una decisión urbanística: es una hipoteca de riesgo que acaba pagando el conjunto de la sociedad.
De la obra de emergencia al plano: 220 millones después, la advertencia llega a los ayuntamientos
Sobre el terreno ya se han movido piezas. Las obras de emergencia en el barranco del Poyo buscaban «no solo restituir los daños y recuperar el cauce, sino mejorar el comportamiento frente a futuras avenidas», según Sola. Las actuaciones, con una inversión de 220 millones de euros, han ido desde la cabecera hasta la Albufera: en Chiva la capacidad pasó de 150 a 600 metros cúbicos por segundo, se reforzaron muros, se redirigió el agua, se levantó una mota en Riba-roja para proteger el polígono y las viviendas, y se reconstruyeron los encauzamientos en Paiporta, Catarroja y Massanassa.
Estrela descartó la solución única. «Buscar soluciones únicas, hacer una presa como se dice mucho, no es una solución por sí sola», advirtió, aunque reconoció que la presa de Montesa «es un proyecto que se está trabajando y es adecuada» para otras cuencas. En el Poyo, el problema es más complejo. Frente a los bulos, Sola recordó que los cauces son un ecosistema que hay que conservar: eliminar las cañas o alterar los barrancos, dijo, es un error recurrente.
El aviso tiene recorrido institucional más allá de València. La CHJ es un organismo del Estado, y sus técnicos trasladan a los ayuntamientos y a la Generalitat Valenciana que la reconstrucción física no basta si el planeamiento no cambia. En el conjunto de España, la manera de integrar el riesgo de inundación en el urbanismo sigue siendo uno de los debates abiertos del sistema nacional de protección civil.
El Escenario Valenciano
En la Comunitat, la pelota está en dos tejados. El planeamiento urbano depende de los ayuntamientos y, en última instancia, de la Generalitat, hoy gobernada por el Consell de Pérez Llorca, el ejecutivo autonómico que sostienen PP y Vox. La oposición de PSPV y Compromís reclama desde hace meses más inversión en prevención y una revisión de los planes que permitieron crecer en suelo de riesgo. El expresident Carlos Mazón, que dimitió en noviembre de 2025 por su gestión de la emergencia, sigue siendo figura central del proceso judicial de la DANA.
La lectura nacional también cuenta. El PP afronta el coste político de una catástrofe que dejó al descubierto los límites del sistema autonómico de emergencias, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene abierta la vía de los fondos estatales y europeos para la reconstrucción. El precedente de la riada de 1957, que reordenó el cauce del Túria y transformó València, recuerda que las decisiones de hoy marcan el mapa de riesgo de las próximas décadas.
Por delante quedan los planes generales que deben revisarse, los proyectos pendientes en la cuenca del Poyo y un calendario de reconstrucción que avanza más despacio de lo que muchos vecinos esperaban. Cada nuevo permiso en suelo inundable será, a partir de ahora, una decisión difícil de justificar ante quienes vivieron el 29 de octubre.
Ficha del Caso
- El caso: Expertos de la Confederación Hidrográfica del Júcar advierten de que la reconstrucción no basta si el planeamiento sigue permitiendo ocupar suelo inundable en el área metropolitana de València.
- Datos importantes: Caudales de hasta 6.000 metros cúbicos por segundo; el Poyo evacuaba 700 en Catarroja y 3.000 en Torrent. Las obras de emergencia suman 220 millones de euros y elevaron la capacidad en Chiva de 150 a 600 metros cúbicos por segundo.
- Resumen: La CHJ sitúa el urbanismo como herramienta clave de prevención mientras el Consell de Pérez Llorca y los ayuntamientos afrontan la revisión de los planes en zona de riesgo.
