La Xunta de Galicia gestionará los 5,1 millones estatales para la vivienda en las zonas tensionadas de A Coruña y Santiago de Compostela.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Ministerio de Vivienda asigna 5.112.304 euros a Galicia por las dos únicas zonas tensionadas declaradas en una comunidad del PP, y la Xunta los gestionará sin transferirlos a los ayuntamientos.
- ¿Quién está detrás? Alfonso Rueda y la Consellería de Vivenda, frente a las alcaldesas de A Coruña y Santiago.
- ¿Qué impacto tiene? Son 5,1 de los 90 millones reservados a los territorios con tope al alquiler, el único caso en una autonomía popular.
Los 5,1 millones que el Estado ata a dos ciudades gallegas
En España hay 317 zonas de mercado residencial tensionado. Solo dos están en una comunidad gobernada por el PP, y las dos son gallegas: A Coruña y Santiago de Compostela. La Xunta de Galicia, el gobierno autonómico con sede en Santiago, las aprobó a regañadientes con un argumento: lo hacía «en cumplimiento de la ley».
A Coruña recibió la luz verde en mayo de 2025 y la declaración se consumó en julio. Santiago tardó casi un año más: los técnicos autonómicos tumbaron su primera propuesta y hubo que volver a la casilla de salida. El final fue llamativo. Primero lo dejó entrever el portavoz local del PP, Borja Verea; después lo publicó la prensa; y solo entonces la alcaldesa, Goretti Sanmartín, recibió la llamada de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue.
Con las dos zonas en vigor llegó el dinero. El Ministerio de Vivienda repartió 90 millones entre los territorios con tope de precios y a Galicia le corresponden 5.112.304 euros. La directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval, lo dejó por escrito: la subvención «está específicamente vinculada» a A Coruña y Santiago.
El pulso entre la Xunta y las alcaldesas de A Coruña y Santiago
El choque estaba cantado. Las regidoras Inés Rey (PSdeG) y Goretti Sanmartín (BNG) reclamaron gestionar los fondos en sus ciudades. Alfonso Rueda respondió que no: será la Xunta quien decida en qué se invierte el dinero en cada urbe. Antes, la conselleira había sugerido que el reparto no tendría por qué limitarse a las dos ciudades declaradas. El presidente salió a corregirla.
Rueda sostiene que el tope ha secado la oferta. En una sesión de control en el Parlamento de Galicia —la cámara unicameral gallega, con 75 deputados— cifró la caída de contratos de alquiler en A Coruña en un 52% de julio a julio, de 734 a 349. La líder del BNG, Ana Pontón, respondió con otra pregunta: «¿Por qué en Vigo, Pontevedra, Ourense y Lugo también ha bajado la oferta si no hay zonas tensionadas?».
Galicia es la única comunidad del PP donde existe el tope al alquiler, y la única donde la Xunta se niega a que lo gestionen los ayuntamientos que lo pidieron.
Los datos que Rueda no citó apuntan en otra dirección. El alquiler coruñés subió un 2,6% en 2025, frente al 16,29% de 2024 y el 13,65% de 2023. Según el Observatorio Galego da Vivenda, el precio medio pasó de 771 euros en junio de 2025 —justo antes de la declaración— a situarse por debajo de 704, para remontar después hasta los 735.
Las dos alcaldesas se reunieron en Santiago para fijar un frente común. Han pedido al Ministerio que el real decreto detalle con rigor la transferencia y controle su entrega inmediata. «El papel de la Xunta es facilísimo: recibir los fondos y, al día siguiente, transferir el porcentaje a los ayuntamientos», resumía Rey. Sanmartín llegó a amenazar con acciones legales.
El fondo del asunto es en qué se gasta. Rueda hizo bandera de la vivienda pública en la primavera de 2023: anunció 2.000 pisos de alquiler social, cifra que hoy triplica con horizonte en 2030. La hemeroteca incomoda: desde 2009 la Xunta ha entregado unos 2.500 pisos, la mayoría heredados de las promociones del bipartito (2005-2009). Después, el desplome: una vivienda en 2018, ninguna en 2019, once en 2020, ninguna en 2021 y tres en 2023. De las 1.800 comprometidas para 2026 se han entregado 98.
El Laboratorio Gallego
Galicia lleva desde 2009 gobernada con mayorías absolutas del PPdeG (el Partido Popular de Galicia) y, desde 2023, con Alfonso Rueda al frente tras la marcha de Alberto Núñez Feijóo a Madrid. En el Parlamento autonómico, el BNG de Ana Pontón es la primera fuerza de la oposición y el PSdeG conserva la alcaldía de A Coruña. Las municipales de mayo de 2027 están en el horizonte, con Borja Verea y Miguel Lorenzo como candidatos del PP a las dos alcaldías en liza.
Lo que ocurre en Galicia tiene lectura nacional. Es la única comunidad del PP que permitió aplicar la Ley de Vivienda estatal: la Xunta la recurrió sin éxito ante el Tribunal Constitucional, al igual que otras autonomías populares. El diagnóstico que Rueda repite en Santiago es el mismo que el partido sostiene en Madrid: que el tope seca la oferta. La diferencia es que aquí la medida ya está en vigor y hay 5,1 millones en juego. En Catalunya, Euskadi, Navarra, y Asturias suman 315 ayuntamientos con zonas tensionadas. En Galicia, dos.
La proyección es doble. En Madrid, el real decreto debe fijar cómo se transfieren los fondos y con qué controles. En Galicia, la incógnita es si Rueda mantiene el pulso hasta las urnas o pacta un reparto que le permita presentar como propio el dinero estatal.
Ficha del Caso
- El caso: Galicia es la única comunidad del PP con zonas tensionadas de vivienda. La Xunta gestionará los 5,1 millones estatales para A Coruña y Santiago sin transferirlos a los ayuntamientos.
- Datos importantes: 5.112.304 euros de los 90 millones estatales; A Coruña declarada en julio de 2025; alquiler +2,6% en 2025 frente a +16,29% en 2024; 98 viviendas entregadas de las 1.800 comprometidas para 2026.
- Resumen: El pulso entre la Xunta y los ayuntamientos condiciona la aplicación del tope al alquiler en el único territorio popular donde existe, con las municipales de 2027 de fondo.
