EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Aragón ha aprobado en un Consejo de Gobierno extraordinario recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto que eleva a 476 su cupo de menores no acompañados.
- ¿Quién está detrás? Los vicepresidentes Alejandro Nolasco y Mar Vaquero, en nombre del Ejecutivo que preside Jorge Azcón.
- ¿Qué impacto tiene? La comunidad pide la suspensión cautelar del reparto y abre un pulso competencial con el Gobierno central sobre quién decide cuántos menores acoge cada territorio.
El Gobierno de Aragón recurre ante el Tribunal Supremo el real decreto que fija en 476 su cupo de menores no acompañados.
Un decreto del 30 de junio y una cifra que Aragón considera “inadmisible”
La decisión se adoptó en un Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este lunes. El argumento aragonés se apoya en en dos ideas: que la norma invade competencias autonómicas y que el reparto se fijó sin ningún criterio objetivo. Los vicepresidentes Alejandro Nolasco y Mar Vaquero comparecieron después para explicar los motivos del recurso.
El texto recurrido es el real decreto aprobado el 30 de junio, la norma con la que el Gobierno central reparte entre las comunidades a los menores extranjeros no acompañados que entran en el sistema de protección. En Aragón, ese reparto se traduce en 476 plazas. El Gobierno de Aragón sostiene que la capacidad de sus recursos está sobrepasada desde 2024.
“Este decreto favorece la inmigración ilegal, que es en sí un delito, y a las mafias”, ha sostenido Nolasco, consejero de Desregulación. El vicepresidente califica la cifra de “totalmente inadmisible y fijada de forma totalmente arbitraria” y añade que la norma “pisotea el principio de igualdad entre las comunidades autónomas”.
En la misma comparecencia, ha pedido al Supremo que la suspensión impida que el decreto sirva de “coartada” para “endosarnos a las comunidades autónomas la oleada de menas procedentes de la invasión de Ceuta”. La consejera de Justicia ha denunciado que “se vuelve a repetir el patrón del Gobierno de España”.
El recurso no se agota en el choque competencial. Aragón alega que se regula por real decreto una materia reservada a ley orgánica, porque afecta a derechos fundamentales como la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. La petición clave es la suspensión cautelar, la medida por la que un tribunal paraliza temporalmente una norma mientras estudia el fondo: Aragón la quiere antes de que el Supremo resuelva.
Lo que se dirime no es solo un reparto de plazas: es quién decide cuántos menores acoge cada territorio y con qué financiación se sostienen.
Qué cambia en los recursos de acogida y cómo se mira desde otras comunidades
Si el Supremo concede la suspensión, el reparto queda congelado hasta la sentencia y Aragón no tendrá que habilitar las 476 plazas por ahora. Si la rechaza, la comunidad seguirá obligada a ampliar recursos mientras litiga. El pulso sigue abierto.
Detrás de cada plaza hay un expediente de protección: un menor tutelado por la comunidad autónoma, que asume su cuidado hasta la mayoría de edad, con educadores y pisos de acogida sostenidos con fondos propios. Aragón reclama que esa factura no se decida desde Madrid sin contar con los territorios.
El debate sobre el reparto de menores no acompañados no es un asunto exclusivo de Aragón. Buena parte de esos chicos llegan por la ruta atlántica hasta Canarias o cruzan las fronteras de Ceuta y Melilla, comunidades donde la presión migratoria marca la agenda política desde hace años.
El Pulso Territorial
Aragón gobierna en coalición desde 2023: el PP y Vox sostienen al presidente Jorge Azcón, con los segundos en la Vicepresidencia y en áreas de gestión. Llevar el decreto a los tribunales es cómodo para ambos socios. Vox marca perfil en inmigración, su bandera histórica, y el PP defiende competencias autonómicas sin romper la coalición. En las Cortes de Aragón (el parlamento unicameral de la comunidad, con 67 escaños) no hay nada que votar: todo se decide en los juzgados.
La comunidad ocupa casi el 10% del territorio y el 2,9% de la población: 47.719 kilómetros cuadrados, cuarta por superficie, y unos 1,36 millones de habitantes, según el INE. Ese desequilibrio entre suelo y gente atraviesa casi todos los debates sobre servicios públicos. El riesgo para el Ejecutivo de Azcón es que el conflicto judicial se solape con la negociación presupuestaria.
El calendario aprieta. El Gobierno aragonés debe aprobar los presupuestos de 2027 en las Cortes antes de que acabe el año, y las elecciones autonómicas están previstas para la primavera de 2027. El Supremo tiene que pronunciarse sin plazo público conocido sobre la suspensión. El fondo del asunto seguirá sobre la mesa mucho después de la sentencia.
Ficha Autonómica
- El caso: El Ejecutivo de Aragón recurre el decreto que reparte entre las comunidades a los menores extranjeros no acompañados y que asigna 476 plazas a la comunidad.
- Datos importantes: 476 menores; capacidad de acogida sobrepasada, según el Gobierno aragonés, desde 2024; petición de suspensión cautelar ante el Supremo; coalición PP-Vox.
- Resumen: El recurso ya está presentado. Mientras el Supremo no se pronuncie, el decreto sigue vigente y Aragón mantiene abiertas la vía judicial y la política.
