El Congreso aplaza a diciembre la batalla del presupuesto de 1,8 billones de EE. UU. y evita el cierre de gobierno

La prórroga, aprobada por 370-48 en la Cámara y 90-6 en el Senado, congela el gasto en los niveles del año anterior y deja los doce proyectos de asignaciones para después de las legislativas del 3 de noviembre. El 11 de diciembre es el nuevo precipicio.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? La Cámara de Representantes aprobó el 1 de septiembre una resolución continua (la figura que prorroga el gasto del ejercicio anterior sin aprobar un presupuesto nuevo) que financia al Gobierno federal hasta el 11 de diciembre. El Senado ya la había respaldado 90-6 tres semanas antes.
  • ¿Quién está detrás? El liderazgo republicano de ambas cámaras, con un apoyo demócrata amplio. En la Cámara votaron en contra 29 demócratas y 19 republicanos: los dos extremos del debate fiscal.
  • ¿Qué impacto tiene? Evita el cierre de gobierno que habría arrancado el 1 de octubre, pero deja sin revisar un gasto discrecional de unos 1,8 billones de dólares, una cifra del orden del PIB anual español, y mantiene a las filiales españolas con contratos federales sin poder firmar nuevos compromisos plurianuales hasta diciembre.

El presupuesto de EE. UU. sigue sin aprobarse. El Congreso ha prorrogado la financiación federal hasta el 11 de diciembre, 38 días después de las elecciones legislativas, con una votación abultada que nadie se ha atrevido a llamar acuerdo.

Lo aprobado no es un presupuesto. Es una resolución continua —continuing resolution, en la jerga del Capitolio—, la figura que renueva los niveles de gasto del ejercicio anterior sin pasar por los doce proyectos de ley de asignaciones (appropriations bills) que deberían fijar el gasto línea por línea. El dinero se prorroga en bloque. Sin examen.

Qué aprobó el Congreso y por qué nadie lo llama presupuesto

La Cámara de Representantes respaldó el texto el 1 de septiembre por 370 votos a 48. El Senado lo había despejado tres semanas antes, 90-6. La oposición más visible no vino del partido rival, sino de los dos flancos ideológicos que llevan años denunciando el mismo mecanismo: 29 demócratas y 19 republicanos votaron en contra.

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El calendario explica la magnitud del atasco. De los doce proyectos de asignaciones, la Cámara solo había aprobado dos a finales de agosto y el Senado, ninguno. La última vez que los doce llegaron firmados antes del 1 de octubre —el arranque del año fiscal— fue en 1997. Tres décadas sin presupuesto a tiempo.

Sobre la mesa hay unos 1,8 billones de dólares en gasto discrecional, al margen de de pensiones y sanidad, una cantidad del orden del PIB anual de España. Por un carril paralelo discurre el paquete de defensa, que se negocia por la vía de la reconciliación, el procedimiento que permite aprobar medidas fiscales con 51 votos en el Senado y esquivar así el filibusterismo (la regla que exige 60 votos para cerrar el debate).

En el texto viajan además dos enmiendas que retratan el momento: la prórroga retrasa la prohibición de los productos de cáñamo intoxicantes y bloquea temporalmente una norma que habría dado a los cargos políticos más control sobre el reparto de subvenciones federales. Dos disputas abiertas que nadie quiso resolver antes de las urnas.

Prorrogar el gasto hasta después de las urnas no es una anomalía americana: es la fórmula con la que el Capitolio lleva tres décadas evitando decidir.

Por qué el 11 de diciembre es la fecha que importa

resolución continua

El 11 de diciembre cae 38 días después de las legislativas del 3 de noviembre. No es un detalle técnico. El republicano Tom Cole, uno de los negociadores del acuerdo y responsable de las cuentas en la Cámara, lo dijo sin rodeos ante los periodistas: la prórroga compró al Congreso el tiempo para atravesar el ciclo electoral.

La maniobra tiene precedente inmediato. Menos de un año antes, este mismo Congreso protagonizó el cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos: 43 días, desde finales de septiembre hasta el 13 de noviembre de 2025. La Oficina de Presupuesto del Congreso (la CBO, el organismo que puntúa el coste de cada ley federal) calculó el daño sostenido en 7.000 millones de dólares o más, con pérdidas semanales cercanas a los 15.000 millones en los peores tramos.

Hubo 670.000 empleados federales suspendidos de empleo y sueldo y otros 730.000 obligados a trabajar sin cobrar, con un coste de reposición de salarios en torno a 400 millones de dólares al día. Cuarenta y dos millones de personas estuvieron a punto de quedarse sin ayuda alimentaria. El cierre terminó; el problema, no.

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La Lógica de Washington

Desde dentro del sistema, la decisión responde a una lógica reconocible. El Partido Republicano afronta noviembre dividido entre los halcones del gasto, que exigen recortes y han bloqueado paquetes de financiación, y los halcones de la defensa, que quieren cerrar cuanto antes el paquete militar. Ninguno de los dos flancos tiene que votar en contra de nada antes de las urnas.

La inercia viene de lejos. Desde 1997 ningún Congreso ha aprobado los doce proyectos a tiempo, y la prórroga se ha convertido en el modo normal de gobernar: se evita el cierre, se congela el gasto y se deja el ajuste para el último trimestre. El problema es operativo. Las agencias que funcionan bajo una resolución continua no pueden lanzar programas nuevos ni firmar contratos plurianuales. Ese frenazo tiene coste aunque las luces sigan encendidas.

¿Y España? En el corto plazo, la prórroga evita el escenario que más duele a este lado del Atlántico: un cierre de gobierno en plena temporada de reservas y con los servicios federales de aviación y fronteras bajo tensión. Las exportaciones y el turismo respiran. El efecto más silencioso llega por la vía de la contratación pública: firmas de origen español con filiales consolidadas en el mercado federal estadounidense, como Ferrovial o ACS, trabajan estos meses con agencias que no pueden firmar compromisos nuevos ni prorrogar los existentes hasta que haya presupuesto en firme.

Por debajo queda el déficit. Un gasto discrecional renovado en bloque mantiene intactas las cifras de déficit federal, y ese déficit alimenta la emisión de deuda del Tesoro americano, referencia última de los tipos globales que condicionan la financiación de la deuda soberana española. El calendario importa. El reloj ya está en marcha.

La próxima ventana se abre el 11 de diciembre. Antes, el 3 de noviembre, los votantes renovarán la Cámara y un tercio del Senado. La sesión de lame duck —los dos meses en que conviven los legisladores salientes y los entrantes— decidirá partidas de miles de millones con un mandato electoral ya escrito y, en parte, caducado. Si el acuerdo no llega, el cierre de gobierno volverá a estar sobre la mesa en plena campaña de Navidad. Es el manual de siempre. Y funciona, al menos hasta que deja de funcionar.

Ficha del Caso

  • El caso: El Congreso aprueba una resolución continua para evitar el cierre del Gobierno federal y traslada la negociación real del gasto a después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
  • Datos clave: Cámara 370-48 y Senado 90-6. Financiación prorrogada hasta el 11 de diciembre, 38 días después de las urnas. Los doce proyectos de asignaciones cubren unos 1,8 billones de dólares de gasto discrecional; solo dos pasaron la Cámara y ninguno el Senado. El cierre de 2025 duró 43 días.
  • Para España: evita un golpe inmediato al comercio y al turismo, pero mantiene a las filiales españolas con contratos federales sin poder cerrar compromisos plurianuales hasta diciembre y deja abierto el riesgo de un nuevo cierre en plena campaña de Navidad.