El Gobierno de Pedro Sánchez quiere paralizar los desalojos en España hasta 2030 y busca los votos para aprobarlo este viernes en el Congreso.
La ministra de Sanidad, Mónica García, lo anunció este martes en redes sociales, tras tensas negociaciones entre el PSOE y Sumar. El paquete incluye el freno a los desahucios hasta 2030, la prórroga de los contratos de alquiler en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones y la prohibición de compra a los fondos buitre, los inversores que adquieren vivienda depreciada para rentabilizarla.
Todo ello tendrá que pasar por el Congreso, donde el Ejecutivo no tiene mayoría y depende de sus socios. El texto se ha bautizado como decreto Maricarmen, por Maricarmen Abascal, la vecina de Madrid desalojada la semana pasada del piso en el que vivía de alquiler desde hacía 70 años, después de que lo comprara una empresa inversora.
Su salida en camilla desató una ola de indignación y colocó la crisis de la vivienda en el primer plano político, a menos de un año de las elecciones legislativas de 2027.
Maricarmen ya ha ganado su batalla particular: la inmobiliaria UrbaGestión le ofreció volver a casa si pagaba el 30% de su pensión durante ocho años, unos 500 euros al mes, y ella aceptó el acuerdo. Regresará al inmueble cuando le den el alta.
El decreto que lleva su nombre nace con una paradoja: la mujer desalojada recupera su casa pagando casi lo mismo que pagaba antes.
Qué contiene el decreto y cuándo llega al Congreso
Vamos por partes. La norma se aprueba en el Consejo de Ministros y después debe convalidarse en la Cámara baja, donde el Gobierno no tiene los números garantizados. El Ejecutivo dispone de 30 días desde su publicación para cerrar un acuerdo con sus aliados, y la propia ministra cifró el alivio en más de cinco millones de personas.
La prórroga de los contratos hasta finales de 2028 y la renovación automática de los alquileres, que llegará en un segundo decreto, son las piezas que más miran propietarios e inquilinos. Para unos, significa certidumbre; para otros, menos margen para recuperar el inmueble.
Por qué los votos de Junts y del PP deciden el resultado
Junts aún no ha dado su visto bueno. Su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, dijo en RTVE que su partido ve bien frenar los desahucios en inmuebles de los fondos buitre, pero advirtió de que ‘mezclar a quienes han invertido sus ahorros en un piso, en un restaurante o en una propiedad es un error’. La formación reclama protección expresa para los pequeños propietarios.
En el PP el rechazo es frontal. Su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, sostuvo en el Congreso que ‘las medidas van orientadas todavía más a destruir el mercado de la vivienda’ y recordó que el Ejecutivo se metió ‘en este lío’ sin mayoría. ‘No pueden pretender que el PP les saque de este lío’, añadió.
Mientras se negocia, la calle no se apaga. Varios cientos de manifestantes ocupan desde el sábado la Puerta del Sol, y han aparecido acampadas menores en Málaga y Sevilla.
El Sindicato de Inquilinas celebró el anuncio, pero su portavoz Valeria Racu ya ha convocado movilizaciones en todas las ciudades del país: ‘esto solo acaba de empezar’. El Gobierno regional, en manos del PP, ha dado 48 horas a la Delegación del Gobierno para desmantelar el campamento.
El precedente que conviene recordar y lo que viene después
No es la primera vez que España intenta blindar a los inquilinos por decreto. La ley aprobada durante la pandemia para proteger a los arrendatarios vulnerables expiró en marzo, después de que los partidos de la oposición rechazaran su prórroga. Y aquí está la clave: sin mayoría parlamentaria, cualquier escudo social tiene fecha de caducidad.
El diagnóstico de fondo sigue intacto. El Banco de España calcula que faltan unas 750.000 viviendas y que ese déficit superará el millón en 2028, casi el doble que en Italia. El alquiler medio se sitúa en 1.176 euros, una cifra que el Consejo de la Juventud de España coloca cerca del 98,7% del salario medio mensual.
Fuera de España el debate va por el mismo camino. Países Bajos, Austria y Alemania ya tienen contratos de alquiler indefinidos, Reino Unido prepara medidas contra el desahucio sin justificación y la izquierda alemana ganó en septiembre las elecciones regionales de Berlín prometiendo nacionalizar las grandes sociedades de vivienda. España se suma a esa corriente con un matiz propio: aquí, la norma nace de una acampada.
Queda el calendario. El Congreso vota el viernes 2 de octubre y, si el decreto sale adelante, empezará a correr el reloj de los 30 días para el resto de medidas. Si no sale, la acampada de la Puerta del Sol tendrá un argumento más y las elecciones de 2027, un asunto más sobre la mesa.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: El Gobierno aprueba un decreto que frena los desahucios hasta 2030 tras el desalojo de una vecina de 87 años en Madrid.
- Datos importantes: Déficit de 750.000 viviendas según el Banco de España, prórroga de contratos hasta el 31 de diciembre de 2028 y alquiler medio de 1.176 euros.
- Resumen: La medida alivia a millones de inquilinos según el Ejecutivo, pero depende de votos ajenos y no añade oferta de vivienda.
