Feijóo carga contra el decreto de vivienda del Gobierno: «Pido mi turno» y exige ser escuchado

El presidente nacional del PP ha fijado posición desde Terrassa, en un encuentro con la patronal catalana, el mismo día en que el Consejo de Ministros aprueba la norma. Génova no ha desvelado el sentido de voto de su grupo en la convalidación del decreto en el Congreso.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros aprueba este martes un real decreto-ley de vivienda y el PP lo rechaza de plano: exige entrar en la ecuación con más oferta.
  • ¿Quién está detrás? Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP), en un encuentro con la patronal Cecot en Terrassa junto a Xavier Panés.
  • ¿Qué impacto tiene? El Grupo Parlamentario Popular no ha decidido su voto en la convalidación del texto y Génova reprocha que Moncloa no ha hablado ‘ni un minuto’ con el partido.

Alberto Núñez Feijóo ha cargado este martes contra el decreto de vivienda del Gobierno y ha reclamado su turno para ampliar la oferta. Lo ha hecho desde Terrassa (Barcelona), ante la patronal Cecot, el mismo día en que el Consejo de Ministros aprueba el texto. Su reproche de fondo: Moncloa no ha hablado ‘ni un minuto’ con el PP.

El escenario no era casual. Feijóo comparecía junto al presidente de la patronal catalana, Xavier Panés, y eligió ese foro para fijar posición sobre el asunto que domina la agenda política de la semana. ‘Pido mi turno. Y mi turno consiste en incrementar la oferta’, resumió ante los empresarios.

El líder popular no cree que el Ejecutivo esté en condiciones de arreglar lo que, a su juicio, ha roto. ‘Yo no me creo que el Gobierno sea capaz de arreglar un problema que ha creado durante ocho años. Nadie que ha creado un problema va a ser capaz de solucionarlo en cinco minutos’, ha argumentado. Y ha apuntado al objetivo real de Moncloa: prolongar una ‘legislatura estéril’.

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La tesis del PP se apoya en un dato que Feijóo repite desde hace meses: sin oferta no hay solución. Ocho años de rumbo equivocado no se corrigen con un real decreto de urgencia. ‘El daño que ha hecho este Gobierno no lo van a poder reparar los culpables’, ha asegurado, antes de rematar: ‘Continuar con el error lo único que produce es melancolía’.

Un decreto sin negociar y una votación pendiente en el Congreso

El texto que sale este martes del Consejo de Ministros inicia ahora su tramitación parlamentaria. Los reales decretos-ley deben ser convalidados o derogados por el Congreso en un plazo de 30 días, un trámite sin enmiendas posibles: se aprueba o se tumba. La convalidación corresponde en exclusiva al Congreso y el Senado solo interviene si el Ejecutivo decide tramitar después la norma como proyecto de ley, según el reglamento que publica el Congreso de los Diputados.

Feijóo no ha concretado qué votará el Grupo Parlamentario Popular, y Génova mantiene abiertas las dos vías: el no y la abstención. Según ha publicado El Español, el PSOE ha negociado contrarreloj con el resto de sus socios el contenido del decreto antes de llevarlo al Consejo de Ministros, un detalle que la dirección nacional interpreta como síntoma de una mayoría frágil.

Un decreto que nace sin negociar con el primer partido de la oposición nace, también, con su mayoría parlamentaria en el aire.

Los 25.000 alzamientos y el caso de Olga: el contraargumento popular

vivienda PP

Sobre Maricarmen, la vecina de 89 años desahuciada en Madrid, Feijóo ha sido claro: es ‘una desgracia personal’. Pero ha puesto la cifra encima de la mesa. En 2025 se registraron 25.000 alzamientos, según ha recordado el propio líder popular, una realidad que en su lectura no ha recibido ni de lejos la misma atención política.

Recurrió también al caso de Olga, una vecina de L’Hospitalet de Llobregat desahuciada el pasado 7 de septiembre que después se quitó la vida. Feijóo evitó establecer una relación de causalidad directa, pero subrayó el contraste: ‘Nadie acampó por ella, nadie preguntó por ella’.

De ahí su reproche a quienes han convertido la vivienda en bandera de protesta. ‘Aquellos que se están manifestando en contra de la política de vivienda son los que han creado esa política’, ha sentenciado, con destinatario concreto: la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que ha afeado su llamada a la movilización.

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La alternativa popular tiene tres patas: un millón de viviendas más, seguridad jurídica para los propietarios, y alivio fiscal para los jóvenes. Feijóo ha prometido una ‘revolución fiscal’ para ese colectivo, con rebajas de impuestos y un aval público que cubra el 100% del valor del inmueble para completar la hipoteca. Para los inquilinos, desgravación en el IRPF; para los caseros, garantías.

El Eje del Poder Popular

Lo que observamos en Génova es un pulso de marco, no solo de contenido. El PP quiere que el debate se dirima entre incremento de oferta y rebaja fiscal, y no en el terreno de la emergencia social, donde el Gobierno y sus socios se mueven con más comodidad.

El aterrizaje territorial ya está hecho. Las once comunidades autónomas gobernadas por el PP han desplegado sus propias medidas —deducciones autonómicas en el IRPF, avales para jóvenes, agilización del suelo urbano— y reclaman a Moncloa que la fiscalidad deje de castigar la compra y el alquiler. Madrid y Andalucía funcionan como referencia interna y como escaparate negociador.

El flanco delicado es el voto. El precedente más cercano está en enero de 2025, cuando el Congreso tumbó el decreto ómnibus del Ejecutivo con los votos del PP, Vox y Junts. Repetir ese escenario obliga a Génova a administrar tiempo y relato sin aparecer como responsable de dejar sin efecto medidas de vivienda. La ventana crítica llega en octubre, con la convalidación en el Pleno y el Grupo Parlamentario Popular del Senado cubriendo el flanco si el texto se tramita como proyecto de ley.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: Frente al decreto de urgencia, más oferta, menos impuestos y avales públicos para los jóvenes.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular).
  • Próximo hito: Convalidación del real decreto-ley en el Congreso, prevista para octubre, con el sentido de voto del GPP aún sin cerrar.