La CIG y CCOO rechazan el plan de bajas de la Xunta y denuncian que convierte al trabajador enfermo en un sospechoso.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consello de Goberno de la Xunta aprobó el pasado lunes un plan contra el aumento de las bajas laborales, dotado con 45 millones de euros, que crea una figura de acompañamiento para quien se reincorpora tras una incapacidad temporal.
- ¿Quién está detrás? El PPdeG (el Partido Popular de Galicia), que gobierna la Xunta con mayoría absoluta, con el respaldo de la Confederación de Empresarios de Galicia y UGT. En contra, la CIG y CCOO, que se negaron a negociar el texto.
- ¿Qué impacto tiene? La CIG ha convocado protestas para el 8 de octubre ante los edificios administrativos de la Xunta. El plan abre un pulso sobre quién controla la incapacidad temporal en Galicia.
Un plan de 45 millones que crea una figura ajena a la sanidad
El plan que la Xunta sacó adelante el pasado lunes en el Consello de Goberno no es una medida aislada. Llega después de meses de debate sobre el absentismo en la comunidad y con una dotación de 45 millones de euros que, según el gobierno autonómico, busca ordenar la gestión de las incapacidades temporales.
El punto que más ha crispado la negociación es la creación del llamado acompañante de reincorporación, una figura de supervisión ajena al ámbito sanitario que seguirá a los trabajadores que regresan a su puesto tras una baja. Para los sindicatos, ese diseño traslada la sospecha hacia la persona enferma en lugar de mirar a las condiciones de trabajo.
La CIG, sindicato mayoritario en Galicia, ha rechazado participar en la mesa de diálogo social impulsada por la Xunta. Considera que el plan certifica una criminalización de las incapacidades temporales y que pone el foco en quien enferma en vez de en las causas que explican el aumento de las bajas.
La reacción sindical: pulso abierto con la Xunta
La CCOO va en la misma dirección. Sostiene que la Xunta ha presentado el plan como algo que no es, con un envoltorio retórico de bienestar y protección, y avisa de que en la práctica consolida medidas de control sobre quien está de baja. Convierte el derecho a la salud en un privilegio condicionado al comportamiento del titular, critica en su comunicado.
El plan de la Xunta pone el foco sobre quien enferma y deja intactas las causas que explican el aumento de las bajas laborales.
Entre los indicadores de seguimiento del plan, CCOO señala uno que considera revelador: el porcentaje de altas de las mutuas resueltas dentro de plazo. A su juicio, ese dato presiona a los médicos para que concedan el alta. El sindicato también censura que se articule un dispositivo específico contra el fraude cuando el propio texto reconoce que se trata de una cuestión minoritaria.
El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha calificado el plan de escándalo que malgasta y despilfarra fondos públicos. Sostiene que el destino real del dinero serán las empresas, las mutuas y el sector privado, y tacha de tomadura de pelo la figura del acompañante de reincorporación. La CIG mantiene convocadas protestas para el 8 de octubre ante los edificios administrativos de la Xunta.
La Xunta no ha actuado sola. El plan cuenta con el respaldo de la Confederación de Empresarios de Galicia y de la UGT, lo que dibuja un frente sindical dividido ante una de las políticas laborales más sensibles de la legislatura. Frente a ese apoyo, la CIG y CCOO reclaman que se aborden las causas de fondo: precariedad, horas extra no pagadas, y enfermedades profesionales registradas por debajo de su incidencia real.
El Laboratorio Gallego
El debate sobre el absentismo ha escalado en toda España, y Galicia vuelve a colocarse un paso por delante. El PPdeG, que gobierna la Xunta con mayoría absoluta desde 2009, ensaya ahora un modelo de gestión de la incapacidad temporal que sus socios empresariales aplauden y que los dos sindicatos mayoritarios rechazan de plano. En el Parlamento de Galicia, el BNG (el Bloque Nacionalista Galego, primera fuerza de la oposición) y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) tienen margen para convertir este plan en un nuevo frente de desgaste contra el gobierno de Alfonso Rueda.
Lo que ocurre en Galicia rara vez se queda en Galicia. La comunidad funciona como banco de pruebas para las políticas del PP nacional, y la gestión de las bajas laborales comparte ADN con el discurso que el partido proyecta sobre el gasto público y la sanidad. Quien siga la política desde aquí sabe que un plan que cuaja en Santiago puede acabar citado en Madrid meses después.
La proyección es inmediata. La CIG ha fijado el 8 de octubre como primera cita de protesta ante los edificios administrativos de la Xunta, y el pulso amenaza con tensar la mesa de diálogo social que el gobierno gallego quería capitalizar. La incógnita sigue abierta: si el objetivo era reducir las bajas, el plan ataca el síntoma y deja intactas las causas. Y en Galicia esas causas tienen nombre: precariedad, sobrecarga y una sanidad pública que pierde personal.
Ficha del Caso
- El caso: La Xunta ha aprobado un plan de 45 millones de euros contra el aumento de las bajas laborales que incluye una figura de acompañamiento ajena al ámbito sanitario.
- Datos importantes: El plan se aprobó el pasado lunes en el Consello de Goberno; la CIG mantiene protestas para el 8 de octubre; cuenta con el respaldo de la patronal gallega y de UGT.
- Resumen: La CIG y CCOO rechazan el enfoque y exigen abordar las causas del absentismo. El pulso laboral se convierte en un nuevo frente para el PPdeG y refuerza la lectura de Galicia como laboratorio político.
