Illa desplegó este martes en el Parlament tres nuevas medidas de vivienda para intervenir el mercado residencial catalán.
Lo hizo en el tercer Debate de Política General de su mandato, con dos años de legislatura todavía por delante y un discurso que se alargó más de hora y media. El marco fue el de siempre: unidad, prosperidad y cohesión. El aterrizaje concreto, en cambio, se concentró en un solo ámbito. La crisis habitacional fue el único terreno donde el president dejó anuncios verificables, y lo hizo con una frase que resume su doctrina: donde no llegue la responsabilidad individual, llegará el Govern, dijo, ‘dentro de la ley’.
La batería es triple. Un fondo de emergencia habitacional, una nueva fórmula de compra conjunta con particulares y la ampliación de los préstamos Emancipación. Se suman a lo ya desplegado: el plan 50.000 de construcción, la compra de pisos a entidades bancarias —unas 4.600 viviendas en dos años— y la movilización de suelo público.
Un fondo de 25 millones para comprar el piso antes del desahucio
La primera pieza es un fondo de emergencia habitacional dotado inicialmente con 25 millones de euros, ampliables con la entrada de otras administraciones, bancos y aseguradoras. El mecanismo invierte la lógica del desalojo: la Generalitat compra el inmueble donde vive una persona o familia en situación de vulnerabilidad extrema y pasa a gestionarlo en régimen de alquiler. El efecto buscado es doble. Nadie cambia de barrio. Y el piso no sale del circuito residencial.
Lo que el president no concretó es cuántos hogares caben en esa cifra inicial, con qué criterios se ordenará la lista ni en qué comarcas se aplicará primero. Tampoco hay calendario legislativo cerrado. Son tres incógnitas que los grupos de la oposición ya han empezado a exigir por escrito.
La Generalitat no compra pisos para engordar un parque público lejano, sino para que el desahucio deje de ser la única salida posible.
La compra conjunta a los 40 y el préstamo sin intereses del ICF
El segundo anuncio tiene más recorrido jurídico. El Govern quiere comprar vivienda a medias con particulares mayores de 40 años, con ingresos estables pero sin acceso real a una hipoteca. La persona aporta su parte y vive en el piso durante 50 años. Puede venderlo y dejarlo en herencia, con una condición: si lo pone en el mercado, la Generalitat tiene derecho de recompra preferente y el inmueble se queda dentro del parque protegido. Agotado el medio siglo, la vivienda regresa al patrimonio público para que la ocupe otra familia.
La figura se apoya en el Código Civil catalán, que ya contempla la compra en mano común, y esquiva el problema clásico de la política de vivienda: construir mucho y tarde. Aquí no se levanta nada nuevo. Se interviene sobre el stock existente y se ata a largo plazo.
El tercer bloque amplía los préstamos Emancipación que el el Govern puso en marcha el año pasado. Son créditos del Institut Català de Finances de hasta 50.000 euros, al 0% de interés y sin comisiones, que además no se empiezan a devolver hasta que la hipoteca está pagada. En doce meses se han firmado más de 1.800 préstamos y han permitido que unos 2.700 jóvenes accedan a su primera vivienda.
La letra pequeña del fondo y la llave que tiene Junts en Madrid
La lectura política del paquete es más incómoda de lo que sugiere el tono optimista del discurso. El fondo antidesahucios nace con 25 millones y la puerta abierta a bancos y aseguradoras, es decir, depende de que el sector privado quiera entrar. Sin esa aportación, el alcance real de la medida se queda corto para un problema que golpea a decenas de miles de hogares catalanes. Lo que observamos es un patrón conocido en este mandato: avance real, ritmo lento. Es el mismo esquema que el Govern ya aplicó con la compra de las 4.600 viviendas a entidades financieras en dos años.
En el debe, la compra conjunta exige que la persona tenga ingresos estables y capacidad de aportar capital. Deja fuera, por diseño, a los hogares con rentas más bajas, que son precisamente los que atiende el fondo de emergencia. Las tres medidas se solapan bien sobre el papel, pero ninguna resuelve por sí sola el acceso a la vivienda de quien cobra el salario mínimo.
Illa defendió sin matices el intervencionismo. ‘Las medidas de intervención del mercado funcionan y Catalunya está entre las comunidades autónomas donde menos sube el precio de la vivienda’, afirmó, antes de remachar que ‘la regulación no ha reducido oferta, la ha ampliado’. Es una tesis discutida por los promotores privados, que llevan meses advirtiendo de que la restricción de suelo y la regulación de alquileres está frenando la promoción nueva en el área metropolitana de Barcelona. El Govern no ha publicado todavía una serie propia que desmienta esa lectura con datos de licencias.
Donde el margen del Govern se estrecha de verdad es en Madrid. El president aprovechó el pleno del Parlament de Catalunya para pedir a los grupos catalanes con representación en el Congreso ‘altura de miras’ y ‘política útil, de pacto y no de confrontación’ para convalidar los dos decretos que el Gobierno central aprobó recientemente. Y ahí aparece Junts. La financiación autonómica, que Illa definió como ‘la única propuesta que hay sobre la mesa’, llega al Consejo de Ministros en las próximas semanas y necesita apoyo parlamentario. El president emplazó directamente a los posconvergentes a ‘decidir’ y les advirtió de que la estima hacia Catalunya ‘se mide por la responsabilidad’.
El resto del discurso sirvió para el marco. Una conferencia de regiones por la democracia en noviembre, el programa Catalunya-Ucrania para la reconstrucción, el reconocimiento de la autoridad pública del profesorado que el Govern llevará a los grupos parlamentarios, y una defensa cerrada de la aplicación de la amnistía ‘sin dilaciones’. El paquete de vivienda es, en cambio, lo que se podrá medir.
