La ‘Ley contra el Odio’ castiga en Venezuela con hasta 20 años de cárcel y su reforma ya está sobre la mesa. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha pedido al Legislativo que la revise, según informó la agencia AP. Parece un asunto lejano. No lo es: lo que se decida con esta norma toca de lleno a España.
Qué es la ‘Ley contra el Odio’ y por qué dispara todas las alertas
No es una norma nueva. Nació en 2017, impulsada por la Asamblea Nacional Constituyente que entonces presidía la propia Delcy Rodríguez. Su nombre oficial es Ley Constitucional contra el Odio. Sobre el papel persigue la incitación a la violencia; en la práctica, ha servido para perseguir a quien discrepa.
Las penas llegan hasta los 20 años de prisión en los supuestos más graves. Organismos como la ONU, la Organización de Estados Americanos y Human Rights Watch llevan años advirtiendo de ese uso. Y aquí está la clave: la ley no castiga un acto concreto, sino la difusión de mensajes que la autoridad considere odio. El criterio queda en manos del poder.
Qué se juega España con el giro venezolano
España tiene con Venezuela una relación que no se mide solo en comercio. Durante décadas, el país fue uno de los grandes destinos de la emigración española en América. Hoy la moneda ha cambiado: en España viven ya más de 300.000 venezolanos, según los registros oficiales, y muchos tienen doble nacionalidad.
A eso se suma una circunstancia que conviene recordar. El opositor Edmundo González Urrutia llegó a España en septiembre de 2024 y recibió asilo. Poco después, el Congreso de los Diputados reconoció, en una votación no vinculante, que fue el ganador de los comicios del 28 de julio de 2024.
La propia Delcy Rodríguez figura desde hace años en la lista de sancionados de la Unión Europea, con prohibición de entrar en el espacio Schengen y congelación de bienes. Traducido: no puede pisar suelo español. Por eso cualquier movimiento suyo tiene lectura inmediata en Bruselas y en Madrid. Las sanciones europeas contra la cúpula chavista son la vara con la que se medirá la reforma.
Una ley que nació para castigar el odio acabó convertida en el instrumento más afilado para silenciar a quien discrepa.
Una ley de casi una década y un guion que ya hemos visto
Los precedentes están a la vista. Las instancias internacionales llevan años documentando cómo las fórmulas jurídicas abiertas acaban aplicándose solo a quien incomoda al poder.
En Europa, la respuesta ha llegado por la vía de las sanciones individuales. Desde la entrada en vigor del régimen global de sanciones de la UE en materia de derechos humanos, la llamada ley Magnitsky europea, Bruselas puede congelar cuentas y vetar la entrada a quienes cometen abusos. España puede acogerse a ese mecanismo si la reforma se queda en cosmética.
Vamos por partes sobre lo que puede venir. La reforma tendrá que tramitarse en el Legislativo y su alcance dirá mucho: si se limita a retocar los tipos penales o si desactiva la maquinaria de persecución. Conviene seguir tres señales: si bajan las penas, si el criterio vuelve a los tribunales y si se archivan los procesos contra periodistas. Hasta entonces, un anuncio no equivale a un cambio.
Para España el interés es doble. Proteger a una colonia asentada en un territorio que formó parte de la Corona española durante tres siglos y sostener una posición firme en una región donde se juega buena parte de su influencia. Aquí no hay colores de partido. Hay país.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ha pedido al Legislativo revisar la ‘Ley contra el Odio’, que castiga con hasta 20 años de cárcel.
- Datos importantes: La norma nació en 2017 bajo la Asamblea Constituyente que presidía la propia Rodríguez. España acoge a más de 300.000 venezolanos y al opositor González, asilado desde 2024.
- Resumen: Una reforma real rebajaría la presión sobre la oposición; si se queda en maquillaje, España y la UE tienen margen para responder con sanciones.
